La reforma electoral del PP: cifras y estrategia

El PP trabaja para crear un estado de opinión favorable a la propuesta lanzada por Mariano Rajoy, dentro de su plan de regeneración de las instituciones democráticas y los partidos, para establecer por ley que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales y autonómicas. Pese a tener mayoría suficiente para aprobar en solitario la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en el Parlamento, la dirección del partido está empeñada en crear un estado de opinión favorable y en evidenciar que si no se alcanza acuerdo alguno este otoño es porque el PSOE no quiere. Sin embargo, en la agenda del PP queda claro que esa reforma legal se va a acometer antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. "La decisión - asegura un dirigente del PP- está prácticamente tomada, tanto si el PSOE accede a negociar, como si no".

En los cuarteles generales del PP están elaborando una propuesta base para la negociación, que incluye dos posibles alternativas para, llegado el momento, negociar con el PSOE. En primer lugar, la opción que más posibilidades tiene de salir adelante, según han asegurado fuentes de la dirección del PP a cuartopoder.es, es establecer un sistema doble de baremo que tendrían que cumplirse para permitir aplicar la obligatoriedad de que gobierne la lista más votada. Aunque las cifras que se manejan no son definitivas, estas mismas fuentes han señalado a este diario que "estamos barajando la exigencia de una cifra similar al 40% de los votos como condición para poder convertirse en la opción gobernante, por un lado, y, por otro, la exigencia de que el partido más votado aventaje en al menos 5 puntos al segundo partido" De cumplirse ambas condiciones, se aplicaría el sistema de la lista más votada.

La segunda opción que están dispuestos a poner sobre la mesa es un sistema de votación con doble vuelta para establecer la lista que debe gobernar. Esta opción es la que tiene menos partidarios, pero, aun así, los populares no quieren dejar de incluirla en las propuestas de la negociación porque es algo que ya llevó en su día el PSOE en su programa electoral. "De este modo -asegura un miembro de la dirección del PP- los socialistas tendrán que explicar por qué se oponen a una medida que ellos mismos llevaron en su programa electoral". Se trata de crear el clima favorable y poner en evidencia a los que se opongan es una baza que también se contempla en la calle Génova.

En todo caso, pese a la búsqueda de las debilidades del partido rival, desde la dirección nacional del PP admiten que serían ellos mismos los principales beneficiarios de la implantación de esta reforma electoral en las próximas elecciones municipales. Con la actual legislación electoral en la mano, plazas como Madrid o Valencia, tradicionales feudos del PP, podrían dejar de serlo si, como vaticinan numerosos sondeos y estudios demoscópicos, los populares pierden sus respectivas mayorías absolutas. En la actualidad, cualquier formación política o alianza de formaciones que consiga la mayoría absoluta puede investir al alcalde que quiera de entre los electos. De este modo, los populares han visto en varias ocasiones cómo, siendo la lista más votada, una alianza entre partidos les ha dejado fuera. Entre los ejemplos que esgrimen con más vehemencia está el caso de Baleares, donde un pacto de partidos dejó fuera del gobierno a un PP que, pese a haberse visto salpicado por graves casos de corrupción, siguió siendo la lista más votada con amplia diferencia. Aquel experimento acabó convirtiéndose en un gobierno inestable y salpicado, asimismo, por escándalos de corrupción. En las siguientes elecciones, el PP obtenía de nuevo la mayoría absoluta.

Además del "ejemplo balear", las fuentes consultadas usan también hipotéticas alianzas futuras, en las que incluyen a la formación "Podemos", así como a otras formaciones que consideran "radicales de ultraizquierda" y teorizan sobre un hipotético "asalto al poder" a base de alianzas que, en estos momentos, contempla nuestra legislación. Contra esos "peligros potenciales" es contra los que pretenden alertar a la opinión pública y, en especial, al electorado que sigue en la órbita de los partidos tradicionales.