¿Resistiría Rajoy un proceso como el de Sarkozy?

En un aparente error de cálculo, el Gobierno ha trasladado a la calle el excesivo número de aforados que hay en España, unos 10.000, en comparación con los que existen en los países democráticos de nuestro entorno, tres en Francia y ninguno en Estados Unidos y Alemania. Los tenderos hablan de ello con estupor. Ahora, en un sucedáneo de regeneración democrática, el Ejecutivo se propone reducir ese número. Seguro que afectará a diputados autonómicos, jueces y fiscales, pero apuesto a que los privilegios de ministros y diputados quedarán incólumes en la nueva regulación. A la vista de lo que le ha ocurrido a Nicolas Sarkozy en Francia, me preguntaba si el presidente del Gobierno español resistiría la comparación de enfrentarse a un proceso como el que le han abierto al ex presidente francés. Soy consciente de que es un ejercicio de justicia-ficción, porque en España un caso en el que son legales las escuchas de las conversaciones entre el presidente del Gobierno y su abogado es imposible.

Verán, Sarkozy estaba imputado por tráfico de influencias y violación del secreto de la instrucción, por lo que pasó 15 horas detenido en la Dirección Central de la Policía para la Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales, con sede en Nanterre, al noroeste de París. A continuación, lo condujeron ante dos magistradas, Patricia Simon y Claire Thepaut, que agregaron el delito de corrupción activa en el proceso penal que se sigue contra él, antes de ponerlo en libertad.

Sarkozy no había comparecido solo. Previamente lo habían hecho otros tres imputados, dos jueces, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, y el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, imputados por los mismos delitos que el ex mandatario, en relación con el denominado caso de las escuchas.

Sarkozy había perdido la inmunidad en junio de 2012, tras dejar la presidencia, y los jueces Serge Tournaire y René Grouman, que instruyen el denominado caso Gadafi, ordenaron pinchar los teléfonos del ex presidente y de su abogado para tratar de encontrar pruebas de la supuesta financiación irregular de la campaña de las presidenciales de 2007, que ganó a la socialista Ségolène Royal. Parte de los fondos los habría obtenido del fallecido dictador libio Muammar el Gadafi. Del delito que se investigaba no se encontró nada, pero las escuchas telefónicas pusieron de manifiesto que el político y su abogado disfrutaban de una red de confidentes en varios estamentos judiciales que les informaban de la marcha de la media docena de procesos en los que figuraba de alguna manera Sarkozy. El proceso más emblemático era el caso Bettencourt, en el que Sarko estaba acusado de beneficiarse de la debilidad o incapacidad mental de Liliane Bettencourt, la millonaria del imperio L'Oréal, que estaba pendiente de casación y que finalmente fue sobreseido. Otro proceso importante era el caso Tapie, sobre la indemnización de 403 millones que el erario francés abonó al empresario Bernard Tapie en su litigio con el Crédit Lyonnais, en el que se duda de la limpieza del arbitraje organizado por Sarkozy y su entonces ministra de Economía, Christine Lagarde, en la actualidad, directora del Fondo Monetario Internacional.

Sarkozy y sus adláteres han puesto el grito en el cielo, han cargado contra el presidente François Hollande y contra la magistratura porque consideran que el ex presidente está siendo perseguido para evitar que pueda regresar a la política al frente de la Unión por un Movimiento Popular (UMD). El partido está implicado en otro proceso de financiación ilegal, el caso Bygmalion, donde se emitieron facturas falsas para poder gastar más dinero del permitido en las presidenciales de 2012, en las que Sarkozy perdió con Hollande. Porque aparte de la pena de prisión —que podría ser de cinco años por este asunto— y la correspondiente multa, Sarkozy sería condenado a una importante pena de inhabilitación para ejercer cargo público lo que le impediría concurrir a las presidenciales de 2017.

Supongo que a estas alturas, el ejercicio teórico que les propone el artículo ya les parece rocambolesco.

Por si no lo recuerdan, el cargo que tenía Sarkozy, presidente de la República francesa, no es el equivalente al de Mariano Rajoy, que solo es presidente del Gobierno. El ex mandatario francés era el jefe del Estado, cargo que en España ostenta el Rey. Aunque hay que reconocer que el desprecio de los franceses por sus próceres es legendario, nunca en la historia de la V República había sido arrestado un ex jefe del Estado, ni siquiera Valéry Giscard d'Estaign por el asuntillo aquel de los diamantes del presidente centroafricano Bokassa, ni Jacques Chirac cuando fue condenado por malversación de caudales en su etapa de alcalde de Paris.

(Ya ven, ni fuero ni nada en cuando dejan el cargo, no como aquí que al anterior Monarca le blindamos hasta en el asunto de las posibles paternidades).

Pero volviendo al ejercicio teórico. ¿Se imaginan a Mariano Rajoy, que figura en los denominados papeles de Bárcenas como beneficiario de partidas del dinero B del Partido Popular yendo a declarar ante un juez de instrucción de Madrid? Ya no hablo de pasar 15 horas detenido, sino de dar explicaciones de esas partidas, más allá de aquella famosa frase del Parlamento donde dijo: "Todo es mentira, salvo alguna cosa" [fin de la cita].

¡Ah! Que no se lo imaginan, ¿no? Yo tampoco. En Italia, aunque han tardado, han llegado a condenar a Berlusconi; en Alemania, por plagiar una tesis dimiten los ministros; en Estados Unidos consiguieron echar a Nixon y Clinton acabó su mandato desprestigiado por el affaire Lewinsky. En España, para citar a declarar a una Infanta el juez Castro tuvo que hilvanar 200 folios y soportar una campaña de desprestigio personal y profesional. Pero para llamar a declarar como imputado a Rajoy por la financiación irregular del PP, en la que está implicado el que era Tesorero del partido, Luis Bárcenas, y al que Rajoy defendió públicamente durante dos años antes de su imputación y confortó con mensajes de móvil después, se necesitaría un milagro.

De entrada, el juez Pablo Ruz que tramita el caso en la Audiencia Nacional, debido al fuero de Rajoy, tendría que elevarlo, con su exposición razonada, al Tribunal Supremo, que podría admitirlo o rechazarlo. No parece que el fiscal del Estado, nombrado por el Gobierno, apoyaría la comparecencia. Y apostaría con ustedes a que la Sala Segunda tampoco vería con buenos ojos hacerse cargo del proceso.

Seguro que ustedes ya saben que todos los magistrados del Supremo han necesitado de los votos de los vocales del Consejo del Poder Judicial designados por el Partido Popular para ser nombrados y también saben que cualquier puesto al que aspiren, como magistrados del Constitucional, Fiscal del Estado, Defensor del Pueblo, etc., necesita del apoyo del Partido Popular, que en ocasiones se empecina en el nombramiento de algún amigo, como el caso de Enrique López. Ello no quiere decir que los magistrados no vayan a hacer lo que sea correcto, sino que muchos se lo pensarán antes de arruinar su futuro profesional.

Para no ir demasiado lejos, les recuerdo lo que ocurrió hace dos años, en junio de 2012, cuando la citada Sala Penal tuvo que decidir sobre si la conducta del entonces presidente del Supremo, Carlos Dívar, al cargar a los presupuestos del organismo los gastos de 32 viajes de placer a Marbella y otros destinos turísticos, constituía delito de estafa, apropiación indebida o malversación de caudales públicos. Por 11 votos contra 4, los magistrados decidieron que no había delito alguno y rechazaron admitir a trámite la querella presentada al efecto. Y eso que Dívar estaba ya amortizado.

Planteado el caso de Rajoy como ejercicio teórico a uno de esos magistrados ya jubilado, sonrió y con ironía precisó: "La verdad es relativa, hay que escoger la que más convenga".