Lara denuncia ante Rajoy la cárcel para los sindicalistas y la impunidad de los patronos
El dirigente de IU y presidente de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, Cayo Lara, ha emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a utilizar la misma vara de medir contra los empresarios que impiden el ejercicio del derecho de huelga mediante coacciones y amenazas de despido que contra los huelguistas a los que la Fiscalía pide 120 años de cárcel por haber participado en huelgas de los años 2010 y posteriores. Rajoy se ha desentendido del asunto y le ha contestado que si no le gusta el Código Penal que lo cambie. “Yo tengo un voto, igual que usted”, le ha dicho antes de sugerir que si quieren el indulto, se lo pidan.
Lara empleó su turno de preguntas al jefe del Gobierno para denunciar la creciente criminalización de las protestas de los trabajadores contra las reformas laborales (del PSOE y del PP) que han abaratado los despidos, han convertido los convenios colectivos en papel mojado y, entre otros daños, han provocado más desempleo, salarios más bajos y mayor precariedad laboral. El coordinador de IU considera abiertamente injusto y desproporcionado la petición del fiscal de 120 años de cárcel para los trabajadores que participaron en piquetes informativos en las huelgas contra la reforma laboral. “Sólo a ocho de Airbus les piden 64 años de prisión”, destacó.
Y todo ello –ha explicado Lara-- en un Estado donde se atacan los salarios, los servicios sociales básicos, la sanidad, la educación, la dependencia, y donde tener un empleo ya no es sinónimo de estabilidad ni de superación de la pobreza. “¿Le parece lógico –ha preguntado a Rajoy-- que se pidan penas de cárcel para los trabajadores que protestan mientras a los empresarios que impiden el derecho de huelga mediante coacciones se les aplican a lo sumo sanciones administrativas?”. En este sentido, Lara le restregó el dato de la última encuesta del CIS, según el cual, más de la mitad de los trabajadores que no han secundado las últimas huelgas acudieron a trabajar por miedo a las represalias patronales y al despido. “Ataquen el fraude y no a los trabajadores”, pidió a Rajoy.
A pesar de la explícita asimetría de trato penal a los representantes del capital y del trabajo, el jefe del Gobierno mantuvo la impavidez que le caracteriza y ni siquiera se consideró aludido porque “la mayor parte de los casos –dijo-- son de 2010 y 2011”, es decir, de antes de su llegada a La Moncloa. Sin dejar de mirar al espejo retrovisor le recordó que el artículo 315 del Código Penal, que permite castigar a los huelguistas con tres años de prisión, no se tocó en el Código Penal de la democracia, de 1995, en el que IU y el PSOE tuvieron gran influencia. Rajoy aseguró que no puede influir en la Fiscalía ni, mucho menos, en la judicatura, y sugirió la humillación sindical de solicitar medidas de gracia: “Planteen los indultos y los resolveremos”, dijo.
Mientras tanto, más de 300 sindicalistas protagonizaron ayer en Zaragoza una concentración contra la criminalización de las protestas sociales. Bajo el lema “No nos van a callar” también se han manifestado en Madrid, Barcelona, Sevilla y otras ciudades. Según los datos que utilizó el diputado socialista asturiano Antonio Trevín para exigir al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el cese de la persecución de los manifestantes, la imposición de multas ha aumentado un 500% con el Gobierno del PP y las cuantías, un 900%. En la actualidad, más de 300 trabajadores se hallan judicialmente acusados por la Fiscalía por su participación en piquetes informativos en las últimas huelgas. En contraste, las acciones coactivas y amenazas de empresarios no han excitado el celo punitivo de las autoridades.
