Expertos del Consejo de Estado recomiendan a Rajoy negociar con Mas un nuevo Estatut

Expertos y altos responsables del Consejo de Estado han recomendado al presidente Mariano Rajoy que aborde una reforma del Estatut que lo modifique a fondo y permita a los catalanes ejercer legalmente el derecho a decidir votándolo en referéndum. Esa sería, según han señalado miembros de ese Consejo, una buena salida al “atasco” catalán para evitar el choque de trenes que conllevaría la confrontación sobre la celebración de la consulta por la independencia que ha reclamado el Parlament para el 9 de noviembre a petición del presidente Artur Mas.

A juicio de esos expertos, una reforma a fondo del Estatut en el que se abordaran los puntos decisivos de aceptar a Cataluña como nación y el acuerdo sobre un pacto fiscal que reconociera la posibilidad de que la Comunidad Autónoma pudiera tener algo parecido a un concierto económico como el vasco y el navarro, permitiría superar el escollo de la reivindicación mayoritaria del derecho a decidir porque la Constitución exige aprobar los estatutos mediante un referéndum en la nacionalidad o región afectada. La salida pasaría, según esos expertos, por renegociar los puntos  del Estatut que eliminó la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010 meses después de haber sido aprobado por referéndum en Catalunya y que fue el resultado del recurso que presentó el PP en 1996 al texto pactado entre José Luís Rodríguez Zapatero y los grandes partidos catalanes, incluido CIU y ERC.

Aquella sentencia establecía que “la Constitución no conoce otra que la nación española". Pero el fallo ya avalaba la inclusión del término nación en el Preámbulo, aunque señalando que carecía de eficacia jurídica interpretativa. Para evitar el intento de incluir en el texto de la sentencia la pretensión del sector conservador del Tribunal una referencia explícita a “la indisoluble unidad de la nación española”, los progresistas, entonces mayoritarios, incluyeron que “carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña".

Otro de los recortes más hirientes para los catalanes era el que establecía que el deber de conocer el catalán "no es jurídicamente exigible con carácter generalizado". Además, el alto tribunal también limitaba, entre otras materias, las competencias que se autoconcedía la Generalitat en materia económica de forma compartida con el Estado español, como ocurría con las cajas de ahorros, y consideraba incompatible con la Constitución lo relativo a que la Generalitat podía “incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales".

Los constitucionalistas del Consejo de Estado consideran que esa salida haría innecesaria la reforma de la propia Constitución y, en consecuencia, que se tuviese que celebrar un hipotético referéndum en toda España para decidir el futuro de Catalunya so pretexto de que, constitucionalmente, la soberanía recae en todo el pueblo español.

Sin embargo, los propios expertos que aconsejan a Rajoy abordar la negociación de un nuevo Estatut reconocen que, para negociarlo, haría falta que Mas diera marcha atrás en sus pretensiones. Y eso es algo que descartan no solo los constitucionalistas consultados sino el propio Gobierno, además del PSOE. De hecho, un alto responsable de la actual Ejecutiva Socialista aseguró a este diario que lo que proponen los expertos sería una gran solución, pero que esa hipótesis ya ha sido desbordada por los acontecimientos. De ahí que ellos propongan un cambio de la Constitución en el que vayan incluidas las reformas territoriales que se trasladarían posteriormente al nuevo Estatut de Catalunya. De momento, sólo un grupo nacionalista, el canario de Paulino Rivero, coincide plenamente con los socialistas en ese punto.

En cualquier caso, todos los grupos parlamentarios, menos el Popular, coinciden en la necesidad de que Rajoy tome algún tipo de iniciativa y deje de enrocarse en el cumplimiento de la legalidad vigente, ya que las leyes “pueden y deben ser modificadas, en casos como éste siempre por consenso, cuando quedan desbordadas por la realidad”, en palabras del dirigente socialista consultado.