El Gobierno quita dinero a las ONG para el Desarrollo y se lo da a empresas privadas

El dinero público del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), el principal instrumento de la cooperación española a través de las ONG en los países empobrecidos, pasará a ser gestionado a partir del miércoles próximo en que entra en vigor la Ley de Internacionalización de la Economía por la sociedad mixta Cofides, participada por la banca privada, y servirá para financiar todo tipo de negocios y proyectos empresariales en terceros países, salvo los relacionados con la producción de armas de guerra.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo y la Plataforma 2015 rechazan el vaciado del Fonprode y la utilización de los recursos públicos para financiar negocios privados por un periodo que puede prolongarse hasta ocho años. Pero sus protestas no han sido escuchadas por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, quien pactó en marzo pasado el nuevo esquema de gestión con su el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

Hasta finales de 2011, los responsables del Fonprode habían comprometido 350 millones de euros en ayuda no reembolsable para proyectos en países pobres y poco desarrollados. La mayor parte de ese dinero era para proyectos de desarrollo humano impulsados por distintas ONG en países de África, América Latina y Asia. Parte de la ayuda no reembolsable iba a instituciones multilaterales de desarrollo, organismos internacionales y entidades públicas españolas.

El Fonprode, como instrumento que había sustituido a los créditos FAD, pretendía fomentar las donaciones y microcréditos a las personas y pequeñas empresas necesitadas de ayuda en países pobres, desvinculándolos de los intereses empresariales españoles. La fórmula contaba con la aceptación de los organismos consultivos de Exteriores, especialmente del Consejo de la Cooperación, ahora ignorado por la nueva administración del PP para acometer su reforma.

En apenas un año (2011), los “programas de microfinanzas” del Fonprode (ayuda reembolsable a largo plazo) contabilizaron 498,8 millones de euros, destacando la aportación de 285 millones al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para la seguridad alimentaria; 100 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones en los países de la cuenca sur del Mediterráneo; 55 millones al fondo regional de pymes y microempresas en África Subsahariana; 40 millones para pequeñas empresas en Haití y, entre otras ayudas financieras, 10 millones de euros para infraestructura de energía renovable en poblaciones aisladas en América Latina.

Sin embargo, la Administración del PP redujo ya en 2012 los recursos no reembolsables a proyectos de las ONGs y los eliminó definitivamente en el Presupuesto de 2013. Y en cuanto a los microcréditos en condiciones más ventajosas que las del mercado para ayudar a las iniciativas de cooperativas y pequeñas empresas de los países receptores, los nuevos responsables del Fonprode, el secretario de Estado  de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Manuel García Aldaz , y el secretario general de Cooperación y exdiptuado del PP Gonzalo Robles Orozco, demostraron una extraordinaria ineficacia como presidente y vicepresidente, respectivamente.

Tan es así que la diputada de UPyD Irene Lozano tuvo que preguntar a Margallo qué estaba pasando y cuál era la razón de que no permitieran el acceso a los datos del Fondo. La realidad era que de los 245,23 millones de euros de euros presupuestados para créditos reembolsables sólo se habían ejecutado 84,43, un 30% de lo previsto, y eso que contaban con la asistencia de Empresa España Expansión Exterior, dependiente de la Sepi, presidida por el técnico comercial del Estado Iñigo Gil-Casares Armada y finalmente subsumida en el Instituto de Crédito a la Exportación (Icex).

La sospechosa ineficiencia en la gestión obedecía a una maniobra que, según alertaron en febrero pasado las ONGs que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional, tenía una finalidad única y principal: colocar los negocios empresariales por encima de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ese objetivo quedó plasmado en la disposición final segunda de la Ley de Internacionalización de la Economía, publicada en el BOE el 23 de abril pasado. Tras una vacatio legis de tres meses, entra en vigor el miércoles.

La norma asignará la gestión del Fondo a la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (Cofides), una entidad adscrita al Ministerio de Economía y participada por el Icex, el ICO, el Banco de Santander, BBVA y Banco de Sabadell en un 40%. Con ello y con la supresión, también denunciada por la coordinadora de ONGs, de la vinculación del Fondo a operaciones en servicios sociales básicos (salud y educación), el dinero público de la cooperación se canalizará hacia las inversiones y los negocios de empresas españolas en terceros países.

La nueva gestora de los créditos a la cooperación que a partir de ahora irán a la internacionalización, es decir, Cofides, está presidida desde 2012 por el economista Salvador Marín Hernández, que fue consejero de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico de Murcia con Ramón Luis Valcárcel, ahora eurodiputado del PP, de presidente. Entre los proyectos que financia figuran créditos para la compra de minas de cuarzo en Sudáfrica y de una transformadora del mineral por parte del grupo empresarial que preside Juan Miguel Villar Mir, citado en la investigación del caso Bárcenas como donante de dinero al PP. Cofides también aportó créditos para que FerroAtlántica, filial del Grupo Villar Mir, comprase y pusiera en marcha una planta de silicio en China.

Sin restar importancia a las ferroaleaciones, los hornos de silicio metal con impacto ambiental y otras industrias y negocios, las ONGs se muestran preocupadas porque en la reforma del manejo del dinero para la cooperación se suprime el porcentaje máximo del 5% de ayuda con créditos ventajosos del Fonprode, si bien admiten que ese porcentaje se incumple sistemáticamente en los últimos tres años.