LUIS DÍEZ | Publicado: - Actualizado: 11/1/2017 09:45

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El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, en una imagen de archivo. / Efe

Érase una vez una empresa pública que ganaba dinero y ya no lo es. Así podría comenzar y terminar la breve historia de Remolcadores del Noroeste (Renosa), filial de Navantia, que anteayer fue vendida por dos millones de euros. Es solo una prueba insignificante, pero significativa, del renovado impulso privatizador del Gobierno de Mariano Rajoy, contra el que se ha pronunciado Izquierda Unida (IU) y, en algunos casos, el propio PSOE. Entre las privatizaciones más polémicas figura el Registro Civil, el control de los embalses de agua y Aeropuertos Nacionales (AENA), que tuvo 600 millones de beneficio en el último ejercicio.

Ni siquiera el recurso de inconstitucionalidad que contra el “macrodecreto” de medidas urgentes presentan hoy el PSOE, UPyD y la Izquierda Plural podrá parar la entrega del 49% del beneficio de Aeropuertos Nacionales (AENA) a los amigos de Rajoy en el Ibex-35 –el término ‘amigos’ ha sido empleado y no rebatido por varios portavoces parlamentarios-, en detrimento del erario público. Tampoco impedirá la privatización del Registro Civil ni la aplicación de otras medidas que afectan directamente a los empleados públicos. El recurso va contra el atropello legislativo al Congreso, no contra las cuestiones de fondo. Y cuando el Constitucional dictamine habrán transcurrido dos o tres años y las decisiones serán ya irreversibles.

Para IU, la privatización del 49% de AENA, es “la consumación de un expolio” que liquida el control público de un sector estratégico como el transporte aéreo. Según denuncia la diputada Ascensión de las Heras Ladera, se van a vender o cerrar aeropuertos que pueden ser imprescindibles para la vertebración territorial, no se garantizan los puestos de trabajo ni las condiciones laborales, sino la rentabilidad de los inversores, y se congelan las tasas hasta 2025, lo que puede suponer altas pérdidas para las arcas públicas.

El interés general de la urgente privatización de AENA, el primer gestor aeroportuario del mundo, tal vez se deba a que ha duplicado su resultado bruto de explotación en el periodo 2011-2013, cerrando el último ejercicio con un beneficio neto de más de 600 millones de euros, a que ha hecho inversiones multimillonarias con cargo a los impuestos de todos los españoles y a que hoy está saneada, entre otras cosas, porque ha sacrificado 1.600 puestos de trabajo. “Una empresa así, estratégica para el sector turístico, no se vende por 2.500 millones”, clama De las Heras.

También para la interpretación que del “interés general” hace el Gobierno parece esencial la privatización del Registro Civil que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha incluido en el “macrodecreto” de medidas urgentes, aunque la privatización de la gestión de los datos de los españoles no se pueda aplicar hasta junio de 2016. El Registro Civil pasa del Ministerio de Justicia a los registradores mercantiles sin que el ministro Gallardón y el propio Rajoy, un registrador de la propiedad al fin y al cabo, hayan precisado cuantos empleos públicos van a liquidar y cuánto tendremos que pagar en concepto de minutas a los registradores mercantiles por nuestros datos personales.

La gestión escabrosa para beneficiar a unas pocas y determinadas empresas privadas con concesiones públicas ha llevado a CCOO a exponer a los sucesivos ministros de Agricultura y Medio Ambiente del PP, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina, “el despilfarro de dinero público” en las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadalquivir que supone la privatización de la gestión de 104 presas y embalses. Mientras ambas confederaciones se niegan a cubrir las más de 250 vacantes de empleados que registran, han licitando nueve contratos por 27,86 millones de euros para el control, mantenimiento y vigilancia de los pantanos.

Las adjudicatarias son las consabidas Sacyr (las presas de Córdoba), Obrascon Huarte Laín (Toledo y Cuenca), Ofiteco (Ávila, Madrid y Toledo), Trafisa (Granada, Ceuta y Melilla), Sogeosa (Jaén, Guadalajara y Cuenca), Typsa (Cáceres, Salamanca, Ávila y Madrid). El resultado es que estas empresas pondrán a disposición de las confederaciones hidrográficas un número pequeño de trabajadores (70 en el Guadalquivir y otros tantos en el Tajo) para llevar a cabo todas las actividades ordinarias de mantenimiento, conservación, inspección, vigilancia, asesoramiento, mediciones… que hasta ahora vienen realizando los empleados públicos de esos organismos.

Según la denuncia de CCOO, que no ha obtenido respuesta y ha provocado la acción parlamentaria de IU, con los trabajadores asignados a cada equipo -seis para controlar cuatro o cinco presas-, “es materialmente imposible llevar a cabo todo el catálogo de tareas que figuran en las condiciones de los contratos”. Dado el principio del máximo beneficio (a costa de lo público) con el mínimo gasto, propio del sector privado, sólo cabe rogar benignidad a la naturaleza y que no estalle alguna presa.

Citaba al comienzo de esta crónica la venta de Renosa. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), y exdiputado del PP, Ramón Aguirre, la entregó anteayer por 2 millones de euros a tres empresas privadas de remolcadores que operan en el Puerto de Ferrol. Renosa estaba participada al 100% por Navantía, tenía cinco trabajadores, un remolcador, facturaba 1,5 millones al año, con un beneficio neto de medio millón anual. Los astilleros públicos requerían su servicio para mover los buques sin que se dispararan los costes. Pero eso se acabó, sin duda “por urgentes razones de interés social”, de las SA y las SL, se entiende.

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  • Piedra

    Llámenle como quieran, mafia, camorra, tangentópolis, 3%, pero esto es corrupción. ¡Que intervenga la justicia de oficio!

  • Y más

    Qué incómoda sensación de impotencia…

  • chinorrin

    Este país es una ruina, gracias a los impresentables que nos gobiernan.
    Venden las Empresas Publicas, que tienen beneficios, y mantienen –si no potencian– las Empresas Públicas que tienen pérdidas –en las que enchufan a sus acólitos —

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