El Algarrobico: dos años más sin demoler y tres cuestiones a resolver por el Supremo

El Algarrobico no será demolido en próximas fechas. La madeja legal en la que está envuelto el hotel de Carboneras (Almería) no parece que se vaya a desenmarañar con el paso dado por la Junta de Andalucía para hacerse con la titularidad del suelo donde está construido por 2,3 millones de euros. De hecho, la principal consecuencia de este paso es que se mantiene el estado de stand-by que el hotel arrastra desde hace años: ni la Junta puede derribar el edificio con la seguridad jurídica que desea para no tener que pagar una indemnización millonaria ni la empresa constructora puede proseguir las obras en el hotel.

Continúa, por tanto, la fase de parálisis absoluta y así continuará, como mínimo, los próximos dos años, según reconoce el abogado de Ecologistas en Acción en la causa, José Ignacio Domínguez, salvo que el Alto Tribunal estime por la “vía de urgencia” el recurso presentado por esta organización contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el pasado marzo, de declarar la licencia como válida.

Tanto Greenpeace España como Ecologistas han pedido a la Junta de Andalucía “valentía” para demoler el hotel. “La Junta tiene que demolerlo ya. Es hora de mostrar valentía política y de velar por el interés general de los ciudadanos”, señala a cuartopoder.es Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España, que afirma que en “este tipo de litigios” lo mejor es actuar de la manera más “rápida y contundente”. También Ecologistas en Acción pide “valentía” a la Junta aunque reconoce “lo complicado” que es que la Junta derribe el hotel en las actuales condiciones.

“Según el Código Civil la Junta de Andalucía puede demoler el edificio si el constructor ha actuado de mala fe. Si, por contra, se estima que ha actuado de buena fue puede derribar el edificio pero indemnizando al constructor. Así que veo muy complicado que esto se pueda dirimir hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo”, explica a este medio José Ignacio Domínguez, de Ecologistas en Acción.

Así pues, el futuro del hotel Algarrobico se dirimirá en el Tribunal Supremo, que tendrá que contestar a varias cuestiones que serán determinantes para el futuro del hotel: ¿El suelo es urbano o está protegido? ¿La licencia es legal o es inválida? ¿El derecho de retracto ejercido por la Junta se ajusta a derecho o no? La contestación a estos tres interrogantes permitirá dilucidar el futuro del Algarrobico. No obstante, desde Ecologistas en Acción afirman que si el Tribunal Supremo falla a favor de la legalidad del hotel la organización ecologista recurrirá a Estrasburgo.

1. ¿Suelo urbanizable o protegido?

La Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció en 2012 que el suelo donde está construido El Algarrobico es “un espacio protegido no urbanizable" para evitar que se pudiera reactivar el "uso turístico" del establecimiento con la normativa medioambiental aprobada en 2008 por la Junta de Andalucía para el Parque Natural de Cabo de Gata.

Sin embargo, la sección Tercera del mismo TSJA dictó el pasado mes de marzo que el suelo donde está construido el hotel es "urbano y urbanizable" dejando vía libre para que los dueños del hotel pudieran continuar construyendo. La decisión de la Sección Tercera del TSJA fue calificada por Ecologistas en Acción de “indignante” y desconcertante”. Asimismo, José Ignacio Domínguez, abogado de los grupos ecologistas contrarios al hotel, denuncia a este medio que esta decisión estuvo precedida de “extrañas maniobras judiciales para forzar una sentencia”.

Ahora, el Tribunal Supremo deberá decidir qué sentencia prevalece y, por tanto, calificar el suelo como urbanizable, protegido o urbano. Si la decisión del Tribunal Supremo es considerar el suelo como protegido supondría el final de la película ya que de esta decisión se derivaría, por cuestiones lógicas, que la licencia de obras de la constructora no es válida. “En el caso de que sea declarado urbanizable recurriremos a Estrasbrugo y a donde haga falta para que se vuelva a estudiar el caso”, afirma Domínguez.

2. ¿Es válida la licencia de obras?

El 3 de marzo de 2003 el ayuntamiento de Carboneras (Almería) concedió la licencia de obras a la empresa constructora. En septiembre de 2008, sin embargo, el juez Jesús Rivera concluyó que la licencia de obras que el Ayuntamiento de Carboneras concedió a Azata del Sol no era válida y que el Consistorio debía iniciar el “procedimiento de revisión de oficio de ese permiso municipal” debido a que el hotel se había levantado en un área protegida del parque natural de Cabo de Gata y que invadía parcialmente la franja de protección de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre.

La decisión fue recurrida por el Ayuntamiento y la promotora y fue estudiada por la Sección Tercera del TSJA que el pasado 30 de julio dictaminó que la licencia de obras es valida alegando que no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Ahora el Tribunal Supremo, última instancia en este proceso, será quien determine si la licencia de obras es legal o no. En esta decisión, será fundamental conocer qué se ha dirimido en la primera pregunta, es decir, si el suelo es urbanizable o protegido.

No obstante, Domínguez señala que también podría darse la contradicción de que el Tribunal Supremo declarara el suelo como protegido a la vez que considera la licencia de obras como legal o viceversa. “Sería una contracción escandalosa pero puede darse. En todo caso, si se diera uno de los dos casos la Junta tendría elementos más que suficientes para que la obra no continuara”, explica el abogado.

3. ¿Es el suelo propiedad de la Junta?

La última de las dudas que tendrá que resolver el Alto Tribunal afectan al movimiento que acaba de efectuar la Junta de Andalucía. El TSJA sentenció en 2006 que el retracto ejercido por la Junta sobre los terrenos donde se levanta El Algarrobico fue ajustado a derecho. Esta sentencia es firme porque el Consistorio no la recurrió ante el Tribunal Supremo, por lo que la Junta ha podido inscribir el terreno como suelo público.

Sin embargo, la decisión sí que ha sido recurrida por la empresa constructora, Azata del Sol, lo que vuelve a poner la pelota en el tejado del Tribunal Supremo. Si el Alto Tribunal señala que fue ajustado a derecho todo seguirá igual que está ahora y dependerá del resto de cuestiones a dilucidar como el suelo y la licencia de obras, pero si decide que no se ajusta a derecho los terrenos volverían a pertenecer a la empresa constructora que podría reemprender las obras hasta conocer el resto de sentencias.