La Marea Verde se organiza para defender la educación pública desde el inicio del curso

Miguel Muñoz *

Concentración_Arcipreste_de_Hita_Marea_Verde
Padres y niños del colecto Arcipreste de Hita, de Fuenlabrada (Madrid), ayer, durante la concentración que realizaron en la Puerta del Sol coincidiendo con el septuagésimo día de encierro en el centro educativo. / @PacoLavadoG (Twitter)

Con el curso escolar a punto de comenzar en la mayoría de comunidades autónomas y el personal docente ya reincorporándose a sus puestos de trabajo comienza también un nuevo período de lucha en defensa de la educación pública. Las personas y colectivos integrados en la Marea Verde se enfrentan a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, diseñada por el Ministerio de Educación que encabeza José Ignacio Wert. En Mallorca ya se ha convocado oficialmente una jornada de huelga de profesores en los centros educativos para el 15 de septiembre, y puede que se extienda a más ciudades de esa comunidad autónoma. En el resto de territorios las asambleas y plataformas comenzarán a concretar las diferentes acciones que siguen la línea del trabajo realizado hasta el momento.

Publicidad

“No descartamos huelgas, lo tenemos en mente”, afirma a cuartopoder.es Lola Ruiz, activista de la Marea Verde e integrante de la comisión de información y acciones en Madrid. Desde la capital se ha convocado a una asamblea abierta para el próximo 11 de septiembre en la que también se fijará el calendario de la iniciativa “12 meses, 12 luchas”, acordada a nivel estatal en un encuentro celebrado en Galicia durante el mes de Julio para coincidir en acciones conjuntas. Entre esas propuestas, no aprobadas definitivamente, se encuentran posibles concentraciones el día 16 de septiembre con el lema No a la LOMCE, otra educación es posible o las mencionadas jornadas de huelga a todos lo niveles durante el mes de octubre. También destaca Ruiz el consenso en torno a un documento, Carta de Compromiso Democrático para el que se comenzará una recogida de firmas de adhesión a la misma.

Por otro lado, se hace un llamamiento a que todos los miércoles se use la camiseta verde, símbolo de las reivindicaciones, para “visibilizar la defensa de la educación pública”. Otra iniciativa importante consiste en la celebración de unas jornadas a principios de diciembre en Madrid llamadas La educación que queremos y que contarán con representación de las mareas verdes de todo el Estado. La cercanía de las elecciones autonómicas hará también que el movimiento 'presione' con cartas o encuentros a los partidos políticos que se presenten para buscar su compromiso político.

En cualquier caso, durante los meses de verano la marea verde no se ha detenido. El caso más visible lo hemos conocido en Fuenlabrada, donde padres y madres decidieron encerrarse en el Colegio Arciprestre de Hita hace 72 días por el cierre del aula de infantil para niños de 3 años. Según señala a cuartopoder.es Jesús González, padre de Diego, uno de los niños afectados, el único argumento utilizado por la administración es el económico, algo que “no tiene mucho sentido porque el aula existe, el profesor también y los niños también”. “De esto sacamos la conclusión de que la intención es ir reduciendo la oferta para que en varios años pueda cerrar el colegio.”, afirma González al tiempo que recuerda que el colegio es el único público no bilingüe del barrio y que está rodeado por cuatro centros concertados. “Hay una ley que nos ampara, que han inventado los mismos que gobiernan. Es la de la libre elección del centro, es un derecho que les corresponde a los niños y se lo están quitando”, afirma. González destaca que el director de Área Territorial les comentó que eso “es un derecho no absoluto”. Para él, es “una muestra más del nuevo lenguaje que nos quieren adjudicar”. Más allá del encierro en sí se han organizado para enviarle una carta diaria pidiendo a la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, que los reciba y que se pueda llegar a un acuerdo. “Queremos hacerle ver que ha habido un error de planificación, no quiero pensar que sean tan malvados de atacar a los más débiles”, afirma.

Además, han realizado concentraciones tanto ante la Consejería de Educación como en la Dirección de Área Territorial o ayer mismo en la Puerta del Sol. Su determinación por que los niños estudien en ese centro es tal que, según explica González, desde, hoy, miércoles 3, las mismas familias han habilitado un espacio en el patio de la escuela, con mesas, sillas y tres profesores para iniciar las sesiones del período de adaptación. “Van a tener sus clases quiera o no la consejera de Educación”. González califica de espectacular el apoyo y la solidaridad que han mostrado con su situación todo el verano tanto colectivos organizados como personas a nivel individual.

Una llamada de auxilio a Europa

El caso de Fuenlabrada no ha sido la única acción de relevancia durante los meses estivales. “Consideramos que apelar al Gobierno español para que hiciera entrar en el terreno de la legalidad al Gobierno madrileño no iba a servir de nada. Y no nos quedaba otro remedio que ir a Europa”. Son declaraciones a este medio de José Luis Pazos, presidente de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Rios. Pazos regresó el pasado domingo tras participar en la I Caravana Verde a Europa, una iniciativa que ha consistido en viajar hasta Bruselas y Luxemburgo para presentar varios documentos a las instituciones europeas sobre la situación educativa en Madrid. El viaje, realizado por 8 personas en coches, se ha completado también con encuentros con asociaciones en ciudades francesas como Agniers o París. Respecto a los documentos, por un lado, se entregó una petición al Parlamento Europeo para que se realice un debate allí sobre la realidad educativa de Madrid, aprovechando una sesión sobre Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia. Por otro lado, se presentaron dos recursos por omisión ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, una de las figuras que pueden usar los ciudadanos para iniciar acciones jurídicas. “Uno de los recursos es por el incumplimiento reiterado y flagrante de la gratuidad de la enseñanza. El otro es por la manutención infantil, la desatención que está haciendo el Gobierno hacia los niños que están pasando situaciones de mala alimentación. Hemos pedido que se abrieran comedores escolares en verano, que se recuperaran las becas, nada de todo esto está pasando”, explica Pazos.

“La situación es insostenible, lo que nosotros hemos hecho ha sido ir a pegar un grito en Europa”, señala el presidente de Giner de Los Ríos. Según su opinión, en Madrid ya llevan mucho tiempo sufriendo los efectos de la LOMCE. “Lo único que ha hecho ha sido darle legalidad a todo lo que se estaba haciendo y exportarlo a las comunidades donde no se estaban haciendo cosas parecidas”, destaca. Entre las próximas acciones destacan los casos de Rivas Vaciamadrid o Parla, ciudades en las que la administración pretende construir centros concertados en lugares donde no se puede construir, hechos por los que se llevarán a cabo recursos judiciales.

La reducción de profesores, ausencia de interinos, recorte de plazas en las escuela pública, o cambios de formato en relación a la Formación Profesional son otros de los ejemplos citados por los activistas. “Empezamos en medio de la improvisación. Casi todo lo que hace la administración en estos casos es no dar ninguna información”, destaca Ruiz. “Va a ser un año muy movido, porque tiene que serlo. Porque además el Gobierno de Madrid le da igual lo que hagamos, si ellos siguen adelante, nosotros también”, afirma Pazos.

(*) Miguel Muñoz es periodista.