La regeneración ética del pesimista

La apertura del año judicial —ese jolgorio que se celebra todos los años en el Tribunal Supremo, presidido por el Rey, como si en julio dejara de impartirse justicia en España para retomar la tarea a mediados de septiembre— suele proporcionar perlas dignas de los premios Nobel. No hace demasiado, el inefable Carlos Dívar nos sorprendía con la noticia de que el Supremo tenía bloqueados más de 6.000 millones en causas pendientes que afectaban a la economía nacional.

En esta ocasión, ¡oh, sorpresa!, el fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han alertado del efecto dañino de la corrupción, como si el resto del mundo no lo supiera y fueran ellos —que hacen bien poco— los únicos que la combaten.

No sé si ellos solos se han dado cuenta o alguien se lo ha contado, pero han admitido la existencia de corrupción pública y política con efectos perversos. Por un lado, daña seriamente la imagen de la función pública y su erario, por otro, mina la credibilidad del sistema democrático y de las instituciones y, finalmente, genera desaliento en la sociedad.

Y como si fueran políticos, aunque tanto uno como otro fueron nombrados por el rodillo de la mayoría popular, se han dedicado a hacer promesas.

Lesmes se ha comprometido a revertir la situación de esa lacra social, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción.

Usted, lector, se lo puede creer o no, porque Lesmes —que preside un Poder Judicial capitidisminuido tras la reforma del organismo realizada por el ministro Gallardón, que convirtió el órgano de Gobierno de los jueces en algo parecido a un gabinete de su ministerio— ha prometido también independencia. Una juerga esto de la independencia, sobre la que se podrían pronunciar los jueces y las asociaciones judiciales, defraudados una vez más con este Consejo y este Ministerio de Justicia.

Porque ya sabemos que la justicia es igual para todos, de tanto que nos lo han repetido los políticos y hasta el anterior monarca en el discurso navideño cuando su yerno y su hija estaban en el ojo del huracán de la justicia, pero luego, en la práctica, no suele resultar exactamente así. Ya saben, para que declare como imputada una infanta hacen falta cientos de folios, cuando esa resolución para el común de los ciudadanos no suele requerir más que uno. O también, a algunos condenados les rebajan las penas porque los procesos se han dilatado innecesariamente en el tiempo, aunque precisamente hayan sido los propios procesados los que hayan hecho todo lo posible para eternizarlos. De hecho, si la justicia fuera realmente justa, el fiscal del Estado no tendría que haber reclamado esta semana que no se criminalice a los desesperados por la crisis. En fin, algunos, sin embargo, se lo pasan tan bien que solo les falta organizar la apertura del año del corrupto.

Mientras tanto, ahí tienen al todopoderoso Carlos Fabra —el del inmarcesible aeropuerto de Castellón, donde nunca ha despegado o aterrizado un avión— que debía haber ingresado en la cárcel para cumplir la condena de cuatro años a la que fue condenado por otros tantos delitos fiscales por defraudar casi 700.000 euros entre 1999 y 2003, pero que sin embargo, gracias a la Sección Primera de la Audiencia de Castellón ha logrado eludir temporalmente la prisión.

La fiscalía, la abogacía del Estado y la acusación habían reclamado que el expresidente de la Diputación y hombre fuerte del PP en la provincia cumpliese la pena de cárcel, debido a que no es previsible que se le conceda el indulto que ha solicitado.

Sin embargo, la citada Sección Primera, que fue la que en mayo de 2012 intentó retirar la acusación por cohecho que pesaba contra Fabra, y redujo la pena de dos años por cada uno de los cuatro delitos a uno porque el proceso se había dilatado más allá de lo razonable, ha accedido a la suspensión de la condena mientras se tramita el indulto que califica de “remedio político de la justicia material”.

Para acordar la medida, estos tres jueces se han basado en que el condenado no tiene antecedentes penales, que ha expresado su voluntad de satisfacer los 1,4 millones de multa e indemnización y porque, si le concedieran el indulto y ya estuviera cumpliendo la condena, la medida de gracia sería ineficaz e ilusoria.

¡Como si no hubiera habido indultos a presos que llevaban cumplidas más de tres cuartas partes de la pena! Claro que esos presos eran más iguales que otros.

Quizá estos jueces no leyeron las decisiones de los jueces de Baleares que consideraban que los cargos públicos causan un daño tan irreparable con la corrupción, que deben cumplir de inmediato la pena que se les imponga.

Ahora que a tantos políticos se les llena la boca de “regeneración” y “ética”, los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo para impedir que los condenados por corrupción, especialmente los cargos públicos, puedan ser indultados, que cumplan íntegramente su condena y que les embarguen todos sus bienes hasta que devuelvan el dinero que nos han robado a todos. Eso sí generaría confianza entre los ciudadanos, si se aplicase.

Claro que con el impulso regenerativo ético que desprenden comparecencias parlamentarias como la de “Todo es mentira salvo algunas cosas”, con la que Rajoy solventó la corrupción que afecta a su partido con el caso Gürtel y el de los papeles de Bárcenas, no vamos a llegar muy lejos. Por no hablar de la desternillante explicación de la indemnización en diferido otorgada por el PP a su extesorero, con la que María Dolores de Cospedal nos deleitó.

Y cito al PP porque es el partido que está en el Gobierno y tiene mayoría absoluta en todas las instituciones, porque en otros partidos y en otras administraciones hay también corrupción a mansalva.

Como dijo el gran Jaume Perich: “Un optimista es aquel que cree que todo tiene arreglo. Un pesimista es el que piensa lo mismo, pero sabe que nadie va a intentarlo”.
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