Colectivos feministas denuncian ante la ONU que el presupuesto para Igualdad ha caído un 49% en cuatro años
Cincuenta organizaciones de mujeres, de cooperación y de derechos humanos, reunidas en la Plataforma CEDAW Sombra España, han presentado un Informe, refrendado por más de 260 organizaciones y colectivos, en el que evalúan la igualdad de género en España. El Informe se llevará ante el Comité de la CEDAW (ONU) en su reunión de noviembre próximo, en contraposición con el informe optimista que presenta el Gobierno y en el que omite el impacto de las continuas reformas políticas y el recorte de derechos y libertades de las mujeres.
La presentación de este informe es parte del proceso de seguimiento y evaluación de la aplicación de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada en 1979 y ratificada por 187 países –España en 1984-, que compromete a los países firmantes a “crear y desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, tomando las medidas necesarias a todos los niveles del Estado”, y les obliga a informar sobre la aplicación de los artículos de la CEDAW mediante un informe cuatrienal presentado ante el Comité de la CEDAW, precisamente el mismo organismo que emitió en julio la condena a España por no proteger a una víctima de violencia de género y a su hija.
El Informe Sombra 2008-2013 analiza la implementación de políticas de igualdad en España en diferentes ámbitos y tiene como conclusión principal que “el Estado Español está llevando a cabo un progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad”.
En el ámbito de la violencia de género, el Informe destaca que desde 2005 hasta 2012 los sobreseimientos provisionales en casos de violencia de género han crecido un 158%, y que entre 2009 y 2014 se ha reducido un 23% el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género. No se ha aprobado una ley contra la trata de mujeres, ni se ha realizado la transposición de la Directiva Europea relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas.
En Educación, el Informe Sombra denuncia que la nueva Ley de Educación (LOMCE) incumple varias de las recomendaciones que el Comité de la CEDAW hizo a España en la evaluación anterior (2009), como implantar programas específicos sobre igualdad de género en el sistema educativo o capacitar al profesorado en esta materia. Además de eliminar la asignatura de Educación para la ciudadanía, la LOMCE justifica la segregación por sexo.
La brecha en el empleo aumenta, denunciando el Informe que "el deterioro del mercado de trabajo ha incidido mucho más en las mujeres: mayor participación en la economía informal, salarios más bajos, mayores lagunas a lo largo de la vida laboral” con la consiguiente repercusión negativa a la hora de acceder a las pensiones de jubilación.
Los derechos humanos de las mujeres gitanas, discapacitadas o inmigrantes no se están protegiendo, según el Informe. En cuanto a la cooperación internacional, “el Estado ha incumplido el compromiso de destinar el 15% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a programas de género y salud sexual y reproductiva".
Es en la protección de los derechos sexuales y reproductivos donde el Gobierno español ha obtenido mayores réditos durante los últimos años, a cuenta de la ley que Gallardón pretende reformar con su restrictiva y regresiva propuesta que supondría un descenso del ya escaso papel y protagonismo de España en el seno de Naciones Unidas, una vez que la propuesta de Gallardón conculca la CEDAW, la Plataforma de Beijing (Naciones Unidas, 1995) y la Conferencia de El Cairo (Población y Desarrollo), que recogen el derecho a la maternidad segura, responsable y decidida.
Es la entrada o no del anteproyecto al próximo Consejo de Ministros una de las cuestiones que más suena en estos días, con la negativa tanto del ministro de Justicia como del resto del Gobierno a informar sobre si se trasladará al Congreso de los Diputados para su discusión o si quedará en el cajón, esperemos que in aetérnum.
En cualquier caso, habrá que hablar más de Gallardón, de este gobierno, de los gobiernos autonómicos que también están obligados a promover y garantizar la igualdad, y que si bien no han reducido tanto sus presupuestos para estos fines como el gobierno central (49% en cuatro años), le han metido un hachazo del 32% que conlleva dejar aparcadas muchas necesidades de las mujeres y de la igualdad debajo de sus pesadas alfombras y de sus livianas conciencias.
Un informe que, ocomo su nombre indica, permanecerá en la sombra, no interesa conocer la realidad de las mujeres: mayor precariedad laboral, mayor vulnerabilidad social, mayor asunción de responsabilidades…que conlleva menor dotación de recursos para combatirlo. No interesa ponerlo en el debate político, a pesar de las presiones, porque es una vergüenza social protegida por la mediocridad y falta de responsabilidad de los gobiernos.