PP y CiU rechazan una propuesta del PSOE contra la segregación por sexo

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Imagen de archivo del ministro de Educación, José Ignacio Wert, cuando era aplaudido por su grupo en el pleno del Congreso que dió luz verde  a la LOMCE. / Efe

La crisis del ébola y el reto soberanista de Artur Mas se 'comieron' la semana pasada la noticia del debate en el Congreso de una proposición del Grupo Socialista sobre la suspensión de los conciertos educativos a los centros que segregan por sexo. Significativamente, PP y CiU coincidieron en el rechazo de la iniciativa e impidieron que prosperase la exigencia de que el Estado deje de pagar subvenciones a los centros escolares que separan a niños y niñas en la educación.

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El portavoz socialista, Germán Rodríguez, diputado del PSC por Barcelona, ha señalado a cuartopoder.es que el rechazo “era de esperar” pero que su grupo “volverá a la carga cuanto antes” en el Parlamento para insistir en algo que para ellos es un compromiso firme que ya adelantaron en el debate de la LOMCE. Aunque ignoran la fórmula de su nueva iniciativa, que apoyaron todos los grupos partidarios de la derogación de la LOMCE –los firmantes de un acuerdo para eliminarla cuando el PP pierda su mayoría absoluta tras las próximas elecciones-, los socialistas consideran que todavía queda tiempo para abordar el tema de nuevo en el Parlamento antes de las generales del año que viene.

El rechazo se produjo en la Comisión de Educación del Congreso. Allí, Rodríguez insistió en que “la educación diferenciada supone una forma de discriminación y es contraria a la igualdad, y por ello creemos que la Administración no puede seguir promoviendo este tipo de educación”. Los socialistas, destacó, han sido firmes defensores de la educación mixta, de la coeducación, un sistema que ha permitido remover muchos de los obstáculos que tenían las mujeres de este país para poder formarse en pie de igualdad e ir aumentando su presencia en todos los ámbitos sociales y de la vida pública”.

El diputado recordó que a raíz de la aprobación de la LOMCE y sobre la base de la redacción del artículo 84.3, varias autonomías decidieron no renovar estos conciertos o no concertar nuevas líneas en este tipo de centros de educación diferenciada. Ese artículo simplemente instaba a la Administración a impedir cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en el acceso a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, que es lo que dice el artículo 14 de la Constitución.

La decisión de no renovar los conciertos suscitó diversos recursos y procesos judiciales que acabaron en el Tribunal Supremo. Rodríguez señaló a este diario: “¿Y qué dijo el Tribunal Supremo, resumidamente? Que la educación diferenciada era legítima, pero que este modelo educativo chocaba claramente contra el principio de no discriminación previsto en la LOE y por tanto avaló a estas comunidades y la no renovación de los conciertos”. “Ante esta situación –añadió-, el ministro Wert corrió rápidamente al rescate de estos centros creando una excepción en el artículo 84.3, en la que se dice que la educación diferenciada no supone discriminación, pero sin dar ni una sola razón que justifique esa afirmación”.

“Según el artículo 14 de la Constitución, no puede existir ningún tipo de discriminación, entre otras cosas, por razón de sexo y por eso –mantiene- la doctrina del Tribunal Constitucional ha sido clara: cualquier diferencia que se realice en esos ámbitos tiene que estar especialmente justificada, algo a lo que el PP no hace ningún caso”. Rodríguez señaló a cuartopoder.es que “no existen razones ni jurídicas ni educativas ni sociales que justifiquen la discriminación y la separación de alumnos y alumnas, y mucho menos razones para que el Estado financie su actividad, sobre todo en un momento de severos recortes para las escuelas públicas, porque esta es también una cuestión de equidad. No se puede estar forzando a las escuelas públicas a pasar por una situación de penuria mientras se financian conciertos con centros privados que además excluyen y segregan a la hora de admitir al alumnado”.

Para Rodríguez, lo peor es la coincidencia permanente de PP y CiU en este tema. “Salvo en el asunto de la lengua, están de acuerdo en todo”, remata. “Como lo estuvieron en la reforma laboral o en la modificación de la elección del Consejo de RTVE a cambio de estar presentes unos en Madrid y otros en TV3”, precisa.

En la comisión, el Grupo Mixto y UPyD apoyaron a los socialistas. Toni Cantó, de este último grupo, señaló: “No tengo nada en contra de que quien quiera pueda educar a sus hijos segregándolos según sexo, según raza, según ideología. No querría nunca que los míos fueran educados así sino todo lo contrario, en la mayor de las pluralidades. Pero sí tengo un 'pero' muy importante en cuanto a que el dinero público, sobre todo en la situación actual, vaya destinado a ese tipo de educación”.

Además, añadió que, una vez hecha la excepción, “¿quién nos dice que no vendrán otras?”. “Empezamos por la segregación por sexos, pero, ¿quién me dice que no va a haber colegios de blancos o colegios de negros o colegios de árabes?”. En ese sentido, siguió diciendo, hay que recordar también que ya existe cierto tipo de segregación en algunos colegios que reciben dinero público, porque no todos asumen con la misma responsabilidad y en el mismo número por ejemplo a los niños hijos de inmigrantes o a los niños que acaban de entrar en el país. “Hay barrios que se convierten en absolutos guetos y donde de repente la proporción de niños inmigrantes sobre otros es enorme y esto crea problemas de educación a todos y nos parece que es evidente que a aquellos que reciben un dinero público se les debe exigir que también colaboren en esa integración”, remachó.

La diputada de IU, Caridad García Álvarez, también apoyó al PSOE. “No seremos nosotros los que digamos a los padres dónde llevar o no llevar a sus hijos y a sus hijas, pero en lo que estamos totalmente en contra, y lo hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, es que se subvencione con dinero público la segregación por sexos o la denominada educación diferenciada, nos da igual. Con dinero público y dentro del marco en el que algunas veces nos referenciamos, deberíamos estar promocionando y promoviendo la igualdad entre sexos, y con esa diferenciada no vamos en la línea correcta para hablar de igualdad entre mujeres y hombres y de igualdad mucho más allá del simple hecho diferencial físico entre mujeres y hombres”, destacó. Y remató: "Que cada familia lleve a sus hijos donde quiera, pero los dineros públicos son para financiar escuelas y centros dentro del marco constitucional al que siempre hacemos referencia. Por eso nosotros estaremos a favor de la proposición no de ley que nos trae hoy aquí el Grupo Socialista”.

Sandra Moneo, del PP, arremetió contra la izquierda diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista sometía nuevamente a debate “una iniciativa cuya auténtica razón de ser se justifica única y exclusivamente en cierta aversión que el grupo proponente demuestra hacia la libertad de enseñanza”. La portavoz 'popular' se ganó la bronca añadiendo que “la persecución a la que ustedes someten a las familias —y digo a las familias, que no a los centros—, a los padres y madres cuya única falta reside en ejercer en toda su amplitud los derechos que les reconoce el artículo 27 de la Constitución española, es digna de estudio”. Y se quedó tan ancha.

CiU, que también votó contra los socialistas, quiso desmarcarse del PP. Su portavoz, el diputado Martí Barberà dijo que quería dejar una cosa clara: “Voy a votar en contra de esta proposición no de ley y seguramente votaré igual que el Partido Popular; espero que no se ataque al Partido Popular por estar con los nacionalismos”. Pero Toni Cantó, con ironía, le dejó en su sitio desde su escaño gritándole: “O a los nacionalismos por estar con el Partido Popular”. Menos Moneo y Barberà, todos se rieron.