“Para legalizar las devoluciones en caliente habría que salirse de la comunidad internacional”

VallaMelilla
Varios de los inmigrantes de origen subsahariano que se encaramaron ayer a la valla de Melilla, en el momento en que comenzaron a bajar tras permanecer subidos alrededor de seis horas. / F. G. Guerrero (Efe)

Continúa el enfrentamiento entre el gobierno del PP y gran parte de la sociedad civil por todo lo que acontece alrededor de la valla de Melilla. Las devoluciones en caliente, es decir, los procesos por los que el inmigrante es devuelto inmediatamente al cruzar una parte de la valla, siguen provocando polémica. A pesar de que los expertos, ongs y sobre todo un juez melillense han resaltado su ilegalidad, el PP dio ayer un paso más para intentar legalizar unas prácticas que el Gobierno siempre ha defendido.

El Grupo Popular en el Congreso registró una enmienda en el proyecto de su Ley de Seguridad Ciudadana que propone modificar la Ley de Extranjería. Esa enmienda introduce un “régimen especial de Ceuta y Melilla” con el fin de que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de ambas ciudades intentando cruzar la frontera serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

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“La enmienda es imposible. Tendrían que cambiar la Constitución Española porque hay muchos tratados internacionales de los que formamos parte y esas directrices forman parte de la CE y de nuestra legislación propia. Habría que salirse del marco normativo europeo e internacional, sería volver al tiempo de las cavernas. Las consecuencias son salirse de la comunidad internacional”. José Palazón, presidente de la ONG Prodein Melilla explica a cuartopoder.es con estas palabras su valoración de la noticia. El activista destaca además la trascendencia moral que tiene todo lo que sucede en Melilla. “Si alguien piensa que una detención ilegal de un inmigrante no le toca en nada, se equivoca”. Por otro lado, su ong ha lanzado una campaña de recogida de firmas online para pedir a la Fiscalía que «haga el trabajo que tiene encomendado y ponga fin a las deportaciones ilegales.

Para Mikel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge, que junto a la citada Prodein y SOS Racismo son las entidades querellantes en el procedimiento abierto contra el coronel jefe de la Guardia Civil, hace suyas las palabras del ministro de Interior Fernández Díaz. “Las devoluciones en caliente son ilegales y no se pueden legalizar. Paradójicamente compartimos esas palabras, no se puede legalizar lo que es ilegal”. Según explica Araguás, al “Gobierno le han caído por todos los lados”. “Si todo estamos de acuerdo, lo que pedimos es que se acaben este tipo de prácticas, que nos sentemos un poco a hablar y pongamos un poco de cordura ante esta sinrazón”. Además, destaca que desde su entidad estarán muy pendientes del texto y de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o a instancias europeas.

Amnistía Internacional (AI) fue de las primeras entidades en pronunciarse ayer considerando inaceptable esta propuesta. “Llevamos años denunciando la persistencia de este tipo de expulsiones sumarias, que están prohibidas por el Protocolo Cuarto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros y que son contrarias a la Convención de Ginebra”, señalaba ayer a Europa Press una de sus portavoces. AI anunció que denunciarán esta situación ante la Comisión Europea.

Rechazo jurídico e internacional

También desde el mundo jurídico se realizaron manifestaciones en contra de las intenciones del PP. El Consejo General de la Abogacía Española realizó unas declaraciones en las que señalaron la inconstitucionalidad de la enmienda. Según esta entidad, se vulnera el derecho fundamental de la persona a ser escuchada, el derecho de audiencia. De este modo se impide también un derecho constitucional como es el de pedir asilo o protección a España. Según declaró el portavoz de este órgano la reforma pretendida “viene a ser un reconocimiento tácito de que lo que se ha hecho hasta ahora es ilegal”. En su opinión, “lo que están haciendo son maniobras una detrás de otra para no cuplir la ley”. “Ahora la quieren cambiar, pues primero que expliquen por qué, si hasta ahora todo era legal”, apuntó.

A nivel internacional ha destacado la valoración de la ONG Human Rights Watch sobre estos asuntos. Concretamente exige a España que aparte de sus funciones en la valla a los guardias civiles que fueron grabados el pasado miércoles golpeando a un inmigrante mientras descendía de la reja. También pide la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido y suspender las devoluciones ilegales de migrantes a Marruecos. “HRW considera que la Comisión Europea «debería tomar medidas contra España por incumplimiento de la legislación comunitaria”.

En las instituciones europeas se siguen sumando críticas a la actuación española. A las realizadas la semana pasada por el Comisario de Derechos Humanos se unen las declaraciones de la Comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, de comienzos de esta semana. La comisaria resaltó que “no vacilará en actuar si detecta incumplimientos de la legislación de la UE” al mismo tiempo que reiteró que no se puede permitir el uso de la fuerza.

Hasta 70 colectivos sociales de nuestro país han firmado recientemente una declaración en la que se exige el fin de las devoluciones y se pide el respeto a la legislación. Las entidades firmantes manifiestan “su preocupación por esta situación” y recuerdan “que de nada servirán políticas que sólo abogan por el rechazo sistemático y frecuentemente violento de los que buscan en Europa las oportunidades que sus respectivos países les niegan y donde en muchas ocasiones son víctimas de persecución”. “Sólo podremos dar una solución a este problema si planteamos un diálogo serio que aborde la problemática de los flujos migratorios desde una perspectiva global, prevaleciendo ante todo la protección de los Derechos Humanos y la transparencia y el respeto a la legislación nacional e internacional, evitando siempre cualquier tipo de medida coercitiva”, apuntan.