Los «robagallinas» y el presidente

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Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo. / Efe

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha admitido esta semana que España no está preparada para luchar contra el tsunami de corrupción que nos invade. Como si fuera el chiste de la semana, el egregio prócer ha achacado esa falta de preparación a la ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, que estaba “pensada para los robagallinas, pero no para el gran defraudador, no para los casos que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción”.

Hay que reconocer que los hay que no escarmientan y por lo que se ve, Lesmes parece actuar con inverecunda contumacia. Porque seguro que recuerdan que nada más tomar posesión de su cargo se vino arriba y aseguró que “al juez se le controla con el palo y la zanahoria”, vamos, como a los burros, con lo que sobre la marcha puso en su contra a toda la carrera judicial. Claro que, en un prodigio de ignorancia o de desconocimiento de la realidad, también aseguró que no hubo acuerdo entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba para que los vocales le votaran como presidente, aunque varios medios —incluido este blog— lo publicaran una semana antes de que se celebrara la votación. Debe ser que Rajoy y Rubalcaba se pusieron de acuerdo después para no defraudar a los medios que lo habíamos publicado.

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Afirma ahora Lesmes que la vigente ley “no da respuesta a las nuevas formas de criminalidad” y que a pesar de los sucesivos parcheos que ha sufrido no es suficiente para abordar la gran delincuencia, porque se trata de “delitos complejos de investigar”.

El caso es que achacar la falta de operatividad contra la corrupción política y económica a la ley de Enjuiciamiento Criminal es el argumento más paupérrimo que este campeón de las declaraciones poco afortunadas podía esgrimir. Porque seguramente ustedes saben que en España se legisla a golpe de caso concreto y se reforman los códigos y las leyes todas las veces que sean necesarias para adaptarlos a las alarmas de la sociedad, sea contra pedófilos, contra terroristas, etcétera.

Y tanto el código procesal como el penal se han ido reformando continuamente para adaptarlos a los nuevos tiempos, aunque eso sí, el Parlamento nunca ha encontrado el momento oportuno en los últimos 14 años para implantar la segunda instancia penal, a pesar de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2000 y del Constitucional, desde 2002.

De la Rosa
Javier de la Rosa, durante uno de sus juicios en la Audiencia Nacional. / Efe

Lesmes aboga por elaborar una nueva ley de enjuiciamiento criminal y lo considera una «necesidad imperiosa», porque a su entender el sistema legal es «muy defectuoso» y constituye la principal carencia de la Justicia en la lucha contra la corrupción. Y seguro que la elaboración de una nueva ley procesal no es una mala idea, pero no es razonable que nos tome por tontos, como si en el pasado no hubiera habido corrupción. ¿Ya no se acuerda de la cultura del pelotazo, que encabezaron entre otros Javier de la Rosa, Mario Conde, José María Ruiz-Mateos, Mariano Rubio o Manuel de la Concha, que acabaron en la cárcel con ingenierías financieras bien complejas?

El presidente del Supremo, con su vasta experiencia, debería saber que la mayoría de las leyes se hacen para beneficio de los poderosos y que por eso las penas por delitos de corrupción son tan reducidas en comparación con otros delitos. Y si, por casualidades de la vida, alguno de los corruptos es condenado a un par de años por haber arruinado a 20.000 familias, tendrá los medios y los contactos para retrasar todo lo posible o eludir el entrar en prisión. Porque, a pesar de lo que dice la Constitución y repite el Monarca cada cierto tiempo, la justicia no es igual para todos. Los poderosos tienen un plus de inocencia, que no tenemos los demás mortales.

Se lanza Lesmes a instar mayor protagonismo para los fiscales en la investigación de los delitos. Y no sería malo en determinados sistemas, donde los jueces se dedicaran a velar por el cumplimiento de la legalidad y del proceso. Pero en España los fiscales tienen dependencia jerárquica, y no sería bueno que el fiscal del Estado, nombrado por el Ejecutivo de turno, ordenase que se dejase de perseguir al banquero amigo que ha condonado la deuda del partido en el poder o al compañero de bancada que sostuvo al presidente durante la crisis de la formación.

Lo gracioso del caso es que Lesmes sabe que en el año que queda de legislatura, con unas elecciones municipales por medio, no hay tiempo para aprobar una nueva ley, por lo que sus palabras no dejan de ser un brindis al sol.

¿No le podría aconsejar alguien que está mejor calladito?