Que ser corrupto no valga la pena

Si de verdad hubiera voluntad, ya estaría resuelto. Pero es puro maquillaje porque todos tienen vergüenzas que tapar. Pero no se dejen engañar: acabar con la corrupción es relativamente sencillo. Solo hay que estar dispuesto a realizar unas pocas reformas y este tsunami que nos desborda quedaría en algo puntual. Nunca se erradicaría del todo, porque la criminalidad nunca se puede eliminar definitivamente. Ya saben, siempre hay alguien al que le gusta jugar a la ruleta rusa, pero la inmensa mayoría renunciaría o se lo pensaría mucho ante el elevado coste personal. Se trata de que ser corrupto no valga la pena.

El caso es que los políticos en general, y los del PP y PSOE en particular, llevan una temporada con la boca llena de palabras como regeneración ética y democrática y jurando que están asqueados por los casos de corrupción que publicitan los medios de comunicación día sí, día también.

Luego, son incapaces de ponerse de acuerdo en unas cuantas medidas y el Partido Popular se defiende atacando con el "y tú más" de los EREs andaluces al PSOE, y bloquea en el Parlamento un pleno sobre corrupción, a pesar —o quizá precisamente por ello— de que tiene todos los armarios repletos de cadáveres: la Gürtel en todas sus variantes, los papeles de Bárcenas y ahora la Púnica de Granados, sin olvidar lo de Fabra, la alcaldesa de Alicante, lo de Blesa y Rato en Bankia y todos esos casos que ustedes tienen en mente y que, si no fueran tan sangrantes, constituirían un auténtico aburrimiento por lo repetido de la mecánica.

Fíjense, la mayoría de los delitos relacionados con la corrupción prescriben a los cinco años. Pues lo mismo que se hizo en el pasado con el terrorismo, si de verdad hubiera voluntad de acabar con la corrupción, prescribirían a los 15 años o, como poco, a los 10.

Si se preguntan ¿para qué serviría eso? Les recuerdo, por ejemplo, que el fallecido presidente del Banco Santander, Emilio Botín, tuvo que pagar 200 millones de euros a Hacienda para eludir el proceso por cuatro delitos fiscales por sus dineros ocultos en Suiza. ¿Imaginan lo que hubiera tenido que pagar por 15 años de delitos fiscales? Tiren de calculadora.

Y eso valdría no solo para los delitos fiscales, también para el tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, administración desleal, falsedad contable, estafas, fraudes, cohechos, prevaricaciones, etcétera. Sería muy difícil librarse de la cárcel porque al Estado se le ha pasado el plazo para perseguir el delito.  Esta medida, que es sencillísima de cambiar en las Cortes, es fundamental.

Sería muy conveniente que todos esos delitos que hemos mencionado que afectan al 'trinque' o meter la mano en la caja, la adjudicación de contratos a los amiguetes a cambio de dádivas diversas, desde trajes hasta coches, chalés o áticos, triplicaran la pena que les corresponde en el Código Penal, o cuando menos, la duplicaran. También es una modificación relativamente fácil de hacer si existe la voluntad para ello.

Y junto a ello, —como las condiciones impuestas a los terroristas para acceder  la libertad de pedir perdón y reparar el daño— exigiría que los presos por corrupción tuvieran que devolver hasta el último euro robado como requisito para poder acceder al tercer grado penitenciario, ese considerado la semilibertad.

Es verdad que estas medidas serían de aplicación a futuro, puesto que el artículo 9.3 de la Constitución prohíbe que se apliquen retroactivamente las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, lo que equivale a que a nadie se le puede aplicar una ley que no estaba vigente en el momento en el que cometió el delito.

Como ven, sencillo, si de verdad hay voluntad de hacerlo.

¿Y para ahora mismo, qué? Pues lo primero de todo sería proporcionar medios materiales y personales a los jueces. Que la policía judicial dependa directamente de los jueces y no de sus mandos jerárquicos o del Ministerio del Interior para evitar interferencias indeseables.

También sería muy deseable reducir el número de aforados y agilizar el procedimiento, respetando las garantías, pero evitando que se puedan recurrir hasta las providencias y sancionando los procedimientos de recusación manifiestamente infundados.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que se han reunido esta semana en A Coruña se han preocupado por este asunto y proponen varias medidas como adoptar una planta y demarcación judicial más racional; aprobar otro modelo de proceso penal que dé respuesta a las nuevas formas de delincuencia; la adopción de medidas legislativas y medios personales y materiales para impulsar y agilizar los procesos complejos, especialmente los que se siguen por delitos de corrupción, así como limitar los aforamientos a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo

Leer las conclusiones de la reunión de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia: Conclusiones Reunión Ptes. TSJ Galicia 2014

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria se ha pronunciado sobre el asunto. Leer Comunicado de la Asociación Francisco de Vitoria sobre CORRUPCIÓN

Ni que  decir tiene que sería muy conveniente cambiar radicalmente el acceso a los órganos de supervisión y control: el Tribunal de Cuentas, el Banco de España y la CNMV y alejarlos del manejo de los partidos, lo cual sí parece algo imposible de realizar.

De modo que no sería demasiado difícil reducir drásticamente los niveles de corrupción, lo mismo que se hizo en su día con los accidentes de tráfico. La diferencia es que sobre los accidentes de tráfico sí hubo acuerdo entre los partidos, mientras que en lo de la corrupción tengo serias dudas de la verdadera intención de nuestros gobernantes, atenazados  por los compromisos con los poderosos y cómodamente sentados en sus sillones.

En todo caso, la ciudadanía agradecería, parafraseando a Joaquín Sabina, que ser honrado no salga tan caro, y sobre todo, que ser corrupto no valga la pena. Mucho ánimo.