Anticorrupción extiende a la etapa de Cañete la investigación sobre Acuamed

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Arias Cañete, durante su intervención en unas jornadas sobre gestión del agua, organizadas por ‘Expansión’, Acciona y PwC, que se celebraron en febrero de este año. / magrama.gob.es

La Fiscalía Anticorrupción extiende hasta el día de hoy la investigación de las presuntas irregularidades detectadas en las contratas de obras de la sociedad pública Aguas de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed). Las pesquisas de la fiscalía afectan políticamente a la etapa del actual comisario europeo Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura y Medio Ambiente, y al director general de la entidad, Arcadio Mateo del Puerto. Fuentes de Acuamed han negado que exista nerviosismo en la dirección y han asegurado que están aportando la información que la Fiscalía ha solicitado.

Las irregularidades, con supuestas presiones y presunto tráfico de influencias perjudicial para los intereses públicos, se habrían producido en el último año y medio y afectarían a un cambio de material de las tuberías de la red de la desaladora de Carboneras al valle del Almanzora, en el levante almeriense. La Fiscalía investiga si el precio pagado a la constructora fue superior al previsto en el proyecto y a la convalidación del gasto. Frente a una estimación inicial de 53 millones de euros, el tendido de las tuberías, que se dividió en dos tramos, ha acabado costando 87 millones de euros, según datos de la compañía.

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Otra obra de gran importancia, como es la desaladora del Bajo Almanzora, en Almería, sufrió grandes destrozos, todavía sin reparar, a causa de las riadas de finales de septiembre de 2012. La planta quedó inutilizada un año después de su inauguración. La ansiada instalación que iba a saciar la sed de una tierra donde llueve poco, aunque torrencialmente, con el suministro de 20 hectómetros cubicos –15 para regar unas 12.000 hectáreas de cultivo y el resto para el consumo en Carboneras, Mojacar, Vera, Turre, Los Gallardos y Cuevas del Almanzora– sigue fuera de servicio y es objeto de un litigio interminable entre Acuamed y la constructora FCC que realizó la obra en unión con temporal con Befesa, con un coste final de 75,9 millones de euros.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción trata de aclarar por qué la desaladora carecía de seguro, por qué Acuamed no lo exigió como era su obligación y si realmente lo hizo en junio de 2012, como explican fuentes de la empresa, dónde está el documento o el acta que lo acredite. Mientras, el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, anunció hace un año que el Gobierno invertiría 20 millones de euros para repararla. Ni un euro.

La propuesta de la constructora es que la reparación se pague a medias, pero condiciona su aportación a que se le haga efectiva la liquidación. En este sentido, la Fiscalía investiga si FCC “engordó” las obras en una cuantía que puede llegar a 10 millones de euros y si Acuamed pudo pagar el exceso de liquidación con cargo a otra obra contratada a la misma empresa como es la limpieza del embalse de Flix, en Tarragona.

Entre los expedientes objeto de investigación figura la adudicación en más de 20 millones de euros de la red de agua a Campello y Mutxamel, en Alicante, a la empresa Altec, cuyo director general, Nicolás Steegmann, fue director general de Trasagua, predecesora de Acuamed. En este sentido llama la atención la supuesta preferencia en la contratación con Sogeosa y Acciona, la empresa de la que el actual director de Acuamed, Mateo del Puerto, fue alto ejecutivo. Fuentes de Acuamed descartan favoritismo en la contratación y recuerdan que el director general salió de Acciona hace diez años.

La acción de la Fiscalía se produce después de que el director de la sociedad pública haya prescindido de al menos dos altos ejecutivos por discrepancias con sus decisiones. La sociedad pública, que financia el 50% de sus proyectos con cargo a los fondos europeos y cuenta con crédito del Banco Europeo de Inversiones, presentó hace menos de un año un expediente de regulación de empleo que ha dejado su plantilla en menos de cien empleados. La falta de retorno económico de una parte de sus inversiones favorece objetivamente a la patronal privada del agua que, pese a todo, aspira a subir las tarifas hasta un 40% en 2015.