Rajoy y Torres-Dulce temen que si se presenta una querella contra Mas, el TSJ de Cataluña la rechace
Las diferencias entre Mariano Rajoy y Eduardo Torres-Dulce son conocidas. Personalidades destacadas de la cúpula del Estado y dirigentes del PP han llegado a señalar que el presidente, detrás de las bambalinas, incluso hizo todo lo que pudo para que forzarle a dimitir hace unas semanas, coincidiendo con la marcha de Alberto Ruiz Gallardón. Y que lo hizo porque en Moncloa y Génova se considera que el Fiscal Jefe se apresuró a meter en la cárcel a Luis Bárcenas.
Esas diferencias, sin embargo, no son las que marcan la decisión de Eduardo Torres-Dulce de negarse a presentar de momento la querella contra Mas por su intervención en el desarrollo del 9–N. Ni siquiera el hecho de que estén enfrentados con los fiscales catalanes, que no ven la querella. En este caso, según esas fuentes, lo que les une -aunque aparentemente estén enfrentados porque chocan las prisas del Gobierno con la pachorra del Fiscal General del General del Estado- es la convicción de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya rechazaría la querella si se presenta y les dejaría a ambos con el trasero al aire. Y no lo piensan porque sí. Conocen la composición del TSJC y les asusta lo que puedan decidir sus siete miembros. Sobre todo el grupo de tres miembros que debe decidir la admisión a trámite, entre los que estará Miguel Ángel Gimeno, el presidente.
Gimeno es miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia, de la que fue portavoz, y ha llegado a decir que considera dudoso que la consulta sea ilegal. Los demás miembros también se mueven en ese terreno. Según señalan fuentes judiciales catalanas, lo hace hasta la ex presidenta del Tribunal, Eugènia Alegret, aunque pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.
Un ex alto cargo del estado ha precisado que hay otro juez que ha sido nombrado directamente por Artur Mas y uno más que fue incluido por su proximidad a Convergencia i Unió. A quien se vincula a Mas es a Joan Manel Abril, hacia quien el president inclinó la balanza como uno de los dos candidatos que propusieron conjuntamente CIU, PSC, ICV y ERC en abril de 2012 para ocupar una vacante del TSJC. La otra candidata, la que se quedó fuera, fue la catedrática de Derecho Civil María Llácer Matacás.
Otros dos miembros tiene acreditada su independencia por su propia labor. El primero es el fiscal Carlos Ramos, quien trabajó en 2004 en el 'caso Planasdemunt' sobre pagarés falsos y en el 'caso De la Rosa', por la descapitalización del Grand Tibidabo. Además, ejerció la acusación pública en la investigación de los sobornos del ex juez Luis Pascual Estevill.
El segundo es el moderado Enric Anglada, durante un tiempo instructor del 'caso de las ITV' en que está implicado Oriol Pujol, el hijo del anterior presidente de la Generalitat. Especialista en Derecho de Familia, fue instructor adjunto del 'caso Banca Catalana' cuando sólo tenía 33 años. Fue magistrado en Andorra tras presidir la Sección 18 de la Audiencia de Barcelona.
A quien se considera más inclinado hacia las tesis del Gobierno central es a José Francisco Valls Gombau, designado en marzo de 2008 y también miembro destacado de la conservadora APM que dirigió la Escuela Judicial. Siendo presidente de la Sala Civil y Penal del TSJC, desestimó un recurso presentado por la fiscalía contra la decisión del magistrado que investiga el caso, Enric Anglada, de no separar piezas y proseguir la instrucción de forma conjunta investigando el presunto cohecho junto con el supuesto delito de tráfico de influencias -por el que ya estaba imputado Oriol Pujol-, ya que consideró que actuaba con “un plan preconcebido”.
La inquietud de Gobierno y Fiscalía General por la resolución de TSJC también se fundamenta en una de sus resoluciones, la que adoptó el 25 de marzo de este año sobre la querella que el sindicato Manos Limpias presentó contra Mas acusándole de los delitos de prevaricación, desobediencia, rebelión y sedición. El sindicato ultra acusaba al presidente de la Generalitat de ser el impulsor y el "autor intelectual" de actos como la declaración que aprobó el Parlamento catalán en enero del año pasado -con los votos de CiU, ERC, ICV y la CUP- , en el que se declaraba a Cataluña como "sujeto político y jurídico soberano" y de adoptar el acuerdo de convocar una consulta secesionista el 9-N. Entonces, el TSJC entendió que la actuación de Mas "debemos enmarcarla también en actividad política no punible al no integrar ninguno de los tipos penales por los que se denuncia".
Entonces, la fiscalía pidió el archivo de la querella considerando que Mas no cometió ninguno de los presuntos delitos que le imputaba Manos Limpias. Y el TSJC coincidió con ella. Eso sí, a diferencia del informe del fiscal, que además de pedir el archivo aseguraba que "se podía discutir razonadamente" la legalidad de la consulta separatista, el TSJC no abordó el asunto. Se limitó a señalar que la decisión del Parlamento de declarar a Cataluña como sujeto político soberano, era un acto de naturaleza "política". "Acorde con esa naturaleza, la aprobación del mismo no puede dar lugar a un delito de prevaricación en asunto administrativo", señaló el tribunal.
El TSJC también rebatió que Mas hubiera incurrido en un delito de rebelión o sedición ya que en ambos casos se exigía "el alzamiento público entendido como sublevación tumultuaria o desordenada con una determinada finalidad mediante el empleo de la fuerza o fuera de las vías legales".
