"El Estado es cómplice de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio"

Lilia Aguilar Gil, diputada del Partido de los Trabajadores de México. / Wikipedia
Lilia Aguilar Gil, diputada del Partido de los Trabajadores de México. / Wikipedia

Con vida se los llevaron y con vida los queremos. Si yo admito que los mataron estoy reconociendo unos crímenes de Estado tan graves que indican que en México no hay democracia sino otra cosa”. Es la respuesta a cuartopoder de la diputada federal Lilia Aguilar Gil, del minoritario Partido de los Trabajadores, sobre la desaparición y el supuesto asesinato de los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Aguilar forma parte de la comisión del Congreso encargada de investigar lo ocurrido y establecer las responsabilidades políticas, pero los trabajos van tan lentos que los comisionados ni siquiera han hablado directamente con las familias todavía. Las versiones oficiales a duras penas se sostienen, las familias han sido burladas y los estudiantes y amplios sectores sociales estallan de indignación.

Se van a cumplir dos meses sin que se conozca el paradero de los 43 jóvenes ni lo que hicieron con ellos. México vive una ola de protestas ante la indolencia de las autoridades del estado de Guerrero y de los responsables federales, incluido el presidente  Enrique Peña Nieto, del PRI, cada día más cuestionado. El jueves, coincidiendo con el 103º aniversario de la Revolución Mexicana, varios cientos de miles de ciudadanaos salieron a las calles de cincuenta ciudades para exigir verdad, justicia y reparación. Fue la cuarta jornada de acción global por Ayotzinapa, secundada en casi todas las capitales de América Latina, en Nueva York y en varias ciudades de Estados Unidos y con gran repercusión mediática en Europa.

Publicidad

Las cosas no pueden continuar así –añade la diputada Aguilar--; la movilización y la indignación de los mexicanos debe servir para investigar hasta donde llega el crimen organizado y para limpiar las estructuras del poder”. Auque Aguilar tiene poca esperanza de que los normalistas aparezcan con vida, se niega a hablar de “crímenes” por respeto a las familias. Está convencida de que los supuestos autores de la orden de las terribles “desapariciones forzadas”, atribuida al alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, y su temible esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, es  solo son la punta del iceberg de una criminalidad política vinculada a las mafias y el narcotráfico que corroe y corrompe a los partidos políticos.

Después de reunirse días atrás con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, la diputada petista afirmó que “el Estado fue partícipe de la desaparición forzada a través de la policía municipal de Iguala y no ha cumplido los protocolos internacionales de búsqueda”. “Todo ha sido –añade a este periódico-- una cadena de despropósitos tan sospechosos y casuales como supuestamente intencionados". ¿Qué ocurrió en Iguala? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Qué hicieron con ellos?

Escarmiento o ametrallamiento

Los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la ciudad de Iguala, la tercera en importancia del estado de Guerrero, a bordo de dos autobuses sobre las seis de la tarde del 26 de septiembre para participar en una protesta por la carencia de servicios sociales. A esa hora la esposa del alcalde Abarca y candidata a sucederle como regidora, Pineda Villa, protagonizaba un acto informativo como gestora municipal. Según algunos testimonios, la policía municipal había recibido la orden del alcalde de “pegar un escarmiento” a los normalistas. Téngase en cuenta que los maestros rurales son considerados por su tarea de alfabetización y formación de la gente más pobre enemigos naturales de la oligarquía. Hace dos años protagonizaron una acampada de más de 90 días en el Zócalo de la capital federal por la falta de medios para su formación en contraste con las disposiciones que los sometían a una revalida para seguir ejerciendo la docencia. Ya entonces fueron vituperados por el poder político y sus prolongaciones mediáticas.

El pasado 26 de septiembre los policías locales de Iguala cumplieron sin piedad ni miramiento las órdenes atribuidas al alcalde y a su esposa. En cuanto aparecieron los autobuses abrieron fuego contra el primero en la avenida de Taxco, a unos quinientos metros de las instalaciones municipales donde se desarrollaba el acto. Un vídeo muy defectuoso, facilitado por el hermano de un desaparecido, registra los tiros, los gritos de los estudiantes, las voces de que "han matado a uno". En realidad asesinaron a tres. Otras tres personas fueron alcanzadas por las balas y también murieron. Los 43 desaparecidos y los muertos fueron trasladados en otros autobuses a algún lugar desconocido.

El ametrallamiento de los estudiantes fue perpetrado a doscientos metros de un cuartel del Ejército que alberga el Tercer Batallón de las Fuerzas Especiales, muy cerca del cruce de la avenida o carretera nacional de Taxco con la calle Heroico Colegio Nacional, en la que se alza el monumento (una mujer de bronce de diez metros de altura sobre un podio de obra de cinco) “a la Patria trigarante”. “La primera versión que nos dieron los militares –dice la diputada Aguilar-- fue que no oyeran nada”. ¿Estaban sordos o no quisieron intervenir? “Después nos han dicho que un jefe del Batallón llamó a las autoridades gubernativas y le contestaron que estuvieran tranquilos, que no ocurría nada. Les engañaron”, concluye la diputada Aguilar.

La parlamentaria federal tampoco encuentra explicación a la falta de intervención de la policía nacional de Guerrero. “La policía nacional patrullaba esta zona y tenía suficientes efectivos en unas instalaciones cercanas",  según explica Aguilar antes de insistir en que "la cadena de despropósitos y el incumplimiento del protocolo internacional sobre las desapariciones, que obliga a buscar a las víctimas en las 72 horas siguientes, nos hace temer lo peor y nos obliga a exigir un  juicio por responsabilidades políticas".

Versión con sicarios

La reconstrucción oficial lanzada desde la Procuradoría General de la República (PGR) indica que los policías pusieron a los estudiantes en manos de un grupo de sicarios que supuestamente los asesinaron y quemaron sus restos en un vertedero. Este grupo pertenecería al clan Guerreros Unidos. Según el testimonio policial y judicial del supuesto cabecilla Sidronio Casarrubias Salgado, el grupo criminal estaba a las ordenes de la esposa del alcalde en varios municipios guerrerenses, que les pagaba entre 2 y 3 millones de pesos cada mes. Como es sabido, el alcalde y su esposa huyeron de Iguala después de los hechos. Aunque, al parecer, los localizaron y detuvieron en Puebla, oficialmente fueron arrestados en Ciudad de México, en casa de una mujer que quedó en libertad. Ninguno de los dos ha confesado ni ha contribuido a localizar a los desaparecidos.

La versión del procurador general de que los sicarios se hicieron cargo de los 43 estudiantes la noche del día 26 y los llevaron por la carretera de Chilpancingo, desviándose al sur de la localidad de Cocula hacia la Loma de Coyote -donde los mataron y quemaron sus cuerpos en un vertedero, vigilando el fuego durante más de ocho horas para después recoger las cenizas en bolsas y  tirarlas al río-, contrasta con los testimonios y la información meteorológica que indican que la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 llovió torrencialmente  en la zona, de modo que resultaría prácticamente imposible hacer fuego. Los análisis realizados por forenses argentinos no han confirmado que los restos hallados supuestamente en el vertedero sean de los estudiantes. Las autoridades están a la espera de los resultados de un laboratorio italiano.

Los mandos de la Secretaría Federal de Seguridad expusieron a las familias de los desaparecidos un plan de búsqueda que, de momento, no ha servido para localizarlos, aunque sí para hallar fosas anónimas con restos de decenas de víctimas del crimen organizado. Un jurista que prefiere el anonimato atribuye la dificultad de encontrar a los estudiantes a las altas relaciones políticas del exregidor Abarca y de su esposa. Aunque resulte difícil, debido a la presión de la sociedad y singularmente de los estudiantes y de los familiares, este jurista se muestra pesimista porque el poder político no va a reconocer la vinculación hasta límites poco imaginables de algunos responsables partidistas y gubernamentales con el crimen organizado y el narcotráfico.

A raíz de la desaparición de los estudiantes algunos medios han recordado que Abarca, un vendedor de sombreros que se convirtió en poco tiempo en propietario de unos grandes almacenes en Iguala, no se vio afectado judicialmente por los testimonios que le acusaban de haber ordenado liquidar físicamente a su competidor político en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Arturo Hernández Cardona, quien fue asesinado junto a dos colaboradores. La esposa de Abarca, Pineda Villa, es hermana de tres jefes locales del cártel de los Beltrán Leyva (dos de ellos aparecieron muertos) y ha sido consejera nacional del PRD. Saber hasta donde llega la criminalidad política rebasa, desde luego, la tarea y los medios de la diputada Aguilar y sus compañeros encargados de investigar los crímenes y desapariciones de Iguala.