LUIS DÍEZ | Publicado: - Actualizado: 11/1/2017 09:58

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Foto de archivo de una protesta en Villar de Cañas (Cuenca) contra la instalación del cementerio nuclear. / J. Ignes (Efe)

Cuando se van a cumplir tres años de la decisión adoptada el 30 de diciembre de 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy de instalar el almacén temporal de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), los indicios de improbidad y nepotismo del presidente de la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa), encargada de ponerlo en marcha, han obligado al dirigente de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, a pedir aclaraciones al Gobierno sobre las irregularidades y las “contrataciones a dedo”, como si el cementerio nuclear fuera un cortijo del PP. Lara también reclama explicaciones sobre si el emplazamiento elegido es el más adecuado. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha manifestado sus dudas y ha exigido nuevos estudios geológicos, hidrográficos, sísmicos y de cimentación. Miembros de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca  acudirán hoy al Congreso de los Diputados, donde comparece el presidente de Enresa y otros altos cargos, pero no podrán entrar porque la reunión es a “puerta cerrada”. Ya el periodista Rafael Barret dijo hace un sigo que cuanto más grave es un asunto más lo tapan.

Según fuentes de Enresa, el comportamiento de su presidente, Francisco Gil-Ortega Rincón, no se caracteriza por la transparencia ni por el código de buen gobierno. Antes, al contrario, los indicios de despotismo y sus hermanos menores, el nepotismo y la opacidad, han obligado al presidente del grupo parlamentario de Izquierda Plural a pedir explicaciones al Gobierno. Gil-Ortega llegó en 2012 a la presidencia de Enresa sin experiencia en el sector, pero con el mérito y la capacidad de ser de la confianza de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Con anterioridad había sido alcalde de Ciudad Real, senador y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha con el PP.

La primera prueba de idoneidad fue la opacidad de su remuneración, que ronda los 105.000 euros brutos anuales, el límite máximo fijado por decreto en 2012. La segunda ha sido el cobro de gastos, almuerzos y viajes interiores e internacionales sin más justificación que los extractos de su Visa. La normativa de la empresa le obliga a presentar las facturas para cobrar, pero se comprende que algunos gastos (eventos, fiestas y copas) eran poco decorosos. Cuando el responsable jurídico y secretario del consejo de administración, Jesús Moreno Vivas, calificó de posible “enriquecimiento injusto” y advirtió la “incompatibilidad” del cobro de las dietas y los gastos de “difícil justificación”, Gil-Ortega ofreció su tercera prueba de idoneidad para el cargo: lo cesó inmediatamente. En su lugar nombraron a la también abogada del Estado Fabiola Gallego.

Dispuesto a demostrar más dotes de mando, remitió el 17 de julio una solicitud a la dirección de costes de personal de Hacienda para realizar 28 contrataciones indefinidas y urgió el 24 de septiembre pasado una respuesta a la Secretaria de Estado de Presupuestos, alegando su “extraordinaria preocupación” por el posible retraso en la construcción del almacén nuclear de Villar de Cañas. En realidad, ni los informes técnicos exigidos por el CSN han sido presentados ni las obras del primer almacén, estimadas en unos 250 millones de euros y a las que optan tres grandes constructoras, han sido adjudicadas.

La urgencia de Gil-Ortega en llenar la compañía de familiares, recomendados y correligionarios del PP era tan grande que cuando la dirección de auditoría le previno que se requerían perfiles técnicos de acuerdo con las funciones y no se podía contratar “a dedo” al personal, pues el incumplimiento de las normas de publicidad y transparencia conculcaba los principios de igualdad, mérito y capacidad, ordenó el cese inmediato del director de organización y recursos humanos, Jesús Horcajo. Fuentes de la empresa señalan que con anterioridad había contratado por el mismo procedimiento a unas cuarenta personas. Según la Plataforma contra el Cementerio Nuclear, “mucho nos tememos que las prisas son más bien de índole electoral y los ‘perfiles especializados’ podrían guardar más relación con clientelismos políticos que con perfiles técnicos”.

El peor emplazamiento

Al margen del estilo de mando manifiestamente mejorable del presidente de Enresa, la instalación del silo de residuos radiactivos sigue generando un rechazo y una desconfianza fundada en la ocultación de datos e informes técnicos. Según explica el portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear, Job Moya, Enresa habría hurtado información fundamental al CSN, pues gran parte de los datos que el Consejo solicita están en manos de la empresa desde febrero pasado. Así ocurre con un estudio geológico elaborado por Golder y ATSG que reconoce la existencia de “dolinas de subsidencia, generadas por la disolución de algunos estratos yesíferos”, con las consiguientes cavidades en el subsuelo. La Plataforma ha solicitado ese informe y no lo ha obtenido. “Ahora sabemos que tampoco se lo han dado al CSN”, añade Moya.

El CSN ha cuestionado la idoneidad del emplazamiento desde el punto de vista geológico. En un informe de 32 páginas advierte a Enresa de múltiples carencias en la documentación presentada para la solicitud de la autorización previa y pide aclaraciones e información adicional sobre 124 aspectos relacionados con la geología y geoquímica del terreno, geotécnia, prospección geofísica, sismología, hidrogeología, hidroquímica e hidrogeología superficial y meteorología. Informes que deberán contener evidencias y demostrar, entre otros aspectos, la “estabilidad y competencia del terreno de cimentación, acotando los posibles riesgos de colapso”; un análisis más profundo del comportamiento de las áreas subterráneas, y “una ampliación de los estudios geofísicos destinados básicamente a descartar la presencia actual de oquedades en el terreno”.

De momento, el basurero nuclear no cuenta con ninguno de los seis permisos preceptivos y, si como sugiere el CSN, el Gobierno eligió en diez días (después de años de deliberaciones) el peor emplazamiento posible por influencia de Cospedal sobre Rajoy, el dirigente de IU, Cayo Lara, le pide que lo aclare y rectifique, pues un proyecto estimado en 1.000 millones de euros no se puede realizar sin las máximas garantías de seguridad.

A nivel local, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear presentó ayer lunes sus alegaciones al plan de ordenación municipal de Villar de Cañas –una localidad de 450 habitantes– porque, entre otras cosas, ignora los riesgos medioambientales del silo de residuos radiactivos. Y se solidarizó con la concejala socialista Olga Bravo, miembro de la Plataforma, quien tras preguntar al alcalde sobre el informe del CSN, fue increpada y descalificada por la secretaria municipal (una funcionaria meramente administrativa, cuyo cometido es levantar acta): “¡Vosotros sois una panda de manipuladores ignorantes!” (min. 2:44 del vídeo). El alcalde admitió que si el CSN dice que el ATC no se hace, no se hará. Y razonó que hasta su granja de gorrinos necesita informes. “¿Estás comparando el almacén nuclear con una granja de cerdos?”, se extrañó la concejala Bravo. “Es mucho más molesta”, terció la citada secretaria.

Víctor García (YouTube)

  • Piedra

    Una carrera de despropósitos y pillajes que será la semilla del desastre. Lo más chungo es que lo saben y los residuos de Vandellós almacenados en Francia hasta 2017 pueden ser trasladados a las instalaciones de la propia central. Ni temporal ni necesario. Otro despropósito del duo nefasto y corrupto Cospedal-Rajoy.

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