La PAH de Madrid evita tres desahucios en dos días: Ester, Mariya y José Antonio se quedan

Sato Díaz *

Actualización de las 18:59 con la nueva paralización de un desahucio

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha paralizado tres desahucios en Madrid entre ayer y hoy: los de las familias de Ester, Mariya y de José Antonio. Esta mañana, sobre las 12 horas, la presión popular ha conseguido echar a atrás hasta el 9 de abril el desahucio de Ester Jiménez, de 38 años, en la calle Cazorla del madrileño barrio de Entrevías. Ester vive con su compañero y con tres hijos de 6 años, 2 años y 3 meses. La familia sólo obtiene ingresos por una Renta Mínima de Inserción (RMI) y algunos eventuales provenientes de la venta ambulante. Por ello, desde hace "cinco años llevan solicitando sin respuesta una vivienda al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA)" y, de no haberse parado el desahucio, no tenían otra solución habitacional. La plataforma negociará a partir de ahora con el BBVA, entidad bancaria propietaria de la casa, un alquiler social. "La afectada está bien, agradecida por los numerosos vecinos que se han dado cita en las inmediaciones de su casa tras la llamada de la plataforma", ha explicado Manuel San Pastor, abogado de la PAH, a cuartopoder.es. Además, hoy también se ha paralizado un desahucio en Terrasa, en la provincia de Barcelona, a primer hora de la mañana, según ha informado en redes sociales la plataforma bajo el hashtag #Ahmedsequeda.

Estas victorias de los activistas contra los desahucios se suman a las dos de de ayer en Madrid. La primera paralización tuvo lugar en la calle Alianza del barrio de Villaverde a las 11:30 horas de la mañana; el segundo, en Vallecas, en el Bulevar de la Naturaleza, sobre las 13 horas. En ambos hogares viven menores de edad. Los hijos de Mariya tienen 4 y 5 años y el de José Antonio, 12. "Sí se puede ", corearon con emoción los miembros de la PAH que se dieron cita a las puertas de ambos domicilios. En Villaverde, más de cincuenta; en Vallecas, cerca de un centenar.

Mariya Lukachuk y su pareja, Oleg Sivchikov, de 36 y 45 años respectivamente, y sus hijos, de 4 y 5 años, se quedarán, de este modo, en su casa de la calle Alianza de Villaverde hasta el próximo mes de febrero de momento. La familia, de origen ucraniano, ha sido víctima de una estafa. "Un hombre, que dice llamarse Carlos, se hizo pasar por el propietario del piso y les cobraba el alquiler", explicó a cuartopoder.es Francesco Cortese, activista de la PAH de Villaverde. "Sin embargo, esta persona no tiene ninguna relación con la propiedad de la vivienda", aclaró. Y es que el inmueble pertenece al BBVA, que considera que la familia de Mariya está ejerciendo una ocupación ilegal. Más de cincuenta personas, entre ellas un nutrido grupo de estudiantes de un instituto cercano, se concentraron en el portal para parar el desahucio y solicitar una prórroga de modo que la familia tenga tiempo de buscar otra vivienda. Lo consiguieron. A las 11:30 horas llegaba la procuradora acompañada de la Policía Municipal y accedió a las peticiones de Mariya y los manifestantes. "Los padres temían, ante todo, que el SAMUR Social les separara de los niños si se quedaban en la calle", comentó Cortese.

Los pequeños fueron por la mañana al colegio y no sabían nada de lo que ocurría en su casa. "Son muy pequeños y se asustarían mucho si vieran entrar a la Policía", explicó una Mariya Lukachuk visiblemente afectada a este diario minutos antes de la llegada de la procuradora. Cabe destacar que Mariya y Oleg están actualmente trabajando, ella como empleada del hogar y él, en una panadería. "Tienen ingresos, pueden pagar un alquiler, pero han sido estafados", recordó Cortese. "En diciembre de 2013 recibimos la carta del banco y hasta febrero del 2014 estuvimos pagando a un hombre que no era el propietario", añadió Mariya. En aquella ocasión se paralizó el desahucio por primera vez. En febrero pagaron 550 euros de alquiler, "antes pagábamos más, hasta incluso 680 euros", comentó. Los activistas de la PAH concentrados en Villaverde gritaron eslóganes como "ni gente sin casas, ni casas sin gente". Entre ellos estaba Roland de la Cruz, de origen dominicano, cuyo caso fue el "primer desahucio parado por la presión popular en Villaverde", nos contó. Roland sigue participando activamente con la plataforma en el barrio, que se reúne todos los martes, a las 18:30 horas en la calle Diamante 35, en un local de una comunidad de cristianos de base. "Se pasa muy mal, es una situación muy difícil, por eso estoy aquí apoyando a Mariya".

Cuando se conoció la resolución, los concentrados lo celebraron con un sonoro "Sí se puede". La familia de Mariya tiene un plazo de dos meses para entregar las llaves de la vivienda. "También les plantearemos que denuncien al estafador, mientras tanto, seguimos trabajando y atendiendo a unos 15 casos a la semana entre desahucios, acompañamientos al banco y asesoramiento", concluyó Cortese. Antes de que la gente que estaba apoyándola en las puertas de su casa se dispersara, la mujer agradeció a los presentes, llena de alegría, el apoyo recibido.

El caso de José Antonio Giraldo también se resolvió satisfactoriamente para el afectado. De origen español y de 44 años de edad, José Antonio vive con su hijo de 12 años en Vallecas, en el Bulevar de la Naturaleza. Actualmente se encuentra desempleado y únicamente cobra 365 euros mensuales por una pensión no contributiva por una discapacidad del 65 por ciento. "Me divorcié de mi mujer y tengo una orden de alejamiento, este piso lo alquilamos a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en el año 2008, estamos los dos en el contrato, pero ella se volvió a Ecuador y yo le pasaba la pensión para el alquiler", relató Giraldo. "En enero de este año, la EMVS vendió mi casa a la empresa Fidere, como las zorras, por debajo, sin avisar", prosiguió.

"Este es un caso más de venta de vivienda pública a los fondos buitre", comentó Pilar Molina, miembro de la PAH de Vallecas. De este modo, el alquiler de José Antonio Giraldo pasó a costarle casi 700 euros mensuales, cuando en 2008 era de unos 500 euros. "Yo no puedo pagar un alquiler tan alto, yo estuve abonando el alquiler desde 2008 a 2013", prosiguió el afectado, quien ya acumula una deuda de unos 19.000 euros por impagos. Con ayuda de los abogados de la PAH, Giraldo ha intentado negociar el pago de la deuda y un alquiler adecuado a sus ingresos, pero hasta ahora no ha obtenido ningún resultado. "La venta de vivienda pública lleva a muchas familias a esta situación. No lo vamos a permitir", añadió Pilar Molina.

José Antonio Giraldo y su hijo podrán continuar habitando este inmueble hasta el día 9 del próximo enero. "Mientras se cumple el plazo, buscaremos una solución habitacional para esta familia", aseguró Manuel San Pastor, abogado de la PAH, mientras el afectado, con una gran sonrisa, agradeció también la presencia de los concentrados. De este modo, se han solucionado tres casos en Madrid en dos días, además de otros en otras ciudades del Estado, como el de Ahmed en Terrasa. Durante los tiempos de prórroga, codo con codo, los activistas de la plataforma trabajarán con las familias para ayudarles a encontrar "una vivienda de la que no puedan ser expulsados". Una labor que se suma a la de la paralización de los próximos desahucios programados para las próximas fechas, uno de ellos programado en Madrid para la jornada de mañana. Por ello, para dar respuesta a todos los casos que van apareciendo, la PAH sigue trabajando desde distintos municipios y barrios. En concreto, en Vallecas, se reúnen todos los miércoles a las 19 horas en el Centro Social la Villana de Vallekas, en la calle Montseny 35.

(*) Sato Díaz es periodista.