El fiscal recurre a la 'doctrima Botín' para evitar el banquillo a la infanta

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Actualización del 9 de diciembre con nueva información.

El fiscal Pedro Horrach recurre a la ‘doctrina Botín’ en un escrito dirigido al juzgado de instrucción número 3 de Palma para que el juez José Castro evite que la infanta Cristina de Borbón se siente en el banquillo de los acusados. Según Horrach, “no es sostenible, por elementales razones de justicia, igualdad y seguridad jurídica que, en las mismas circunstancias procesales, un ciudadano sometido a los tribunales de Vizcaya [al que se le aplicó la citada doctrina] no se exponga al juicio oral y, sometido a un juzgado o tribunal de Baleares, no sólo se le abra juicio oral sino que además pueda ser condenado”. Como se adelantó ayer, Horrach, pide para el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, 19,6 años de cárcel y 16,5 para su exsocio Diego Torres por su participación en la trama conocida como ‘caso Nóos’.

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Entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad (ocho años de prisión) y otro de fraude (tres años). Sobre la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, pesa, por su parte, un delito de blanqueo por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión.

Además, hay que destacar que en el escrito del fiscal se solicitan 6,2 millones de euros en fianzas y 8,7 en multas, ya que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro- deberán hacer frente a esos 6,2 millones de euros citados en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). Las multas que el representante de la acusación pública reclama para todos los acusados ascienden, por su parte, a 8.759.974 euros, de los que 3,5 millones corresponden al Duque de Palma.

Respecto a la llamada 'doctrina Botín', Horrach alude en su escrito a un caso "idéntico" al de la Infanta, en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular a raíz de la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda pública. En el caso, el beneficiado por esta interpretación de la ley fue el ya fallecido presidente del Banco de Santander, Emilio Botín.

Una paradoja muy real, de José Yoldi (11-11-2013)

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