Rajoy está dispuesto a hablar de reforma constitucional, pero no antes de las generales

Las elecciones generales marcarán el antes y después de la reforma constitucional. Una reforma que auspician todos los partidos de una forma u otra menos, significativamente, el PP de Mariano Rajoy y el partido de Artur Mas, Convergencia Democrática de Catalunya.

Fuentes tanto del PSOE como de los nacionalistas del PNV y del partido de Josep Antoni Durán Lleida, UDC, señalan al ascenso de Podemos –el propio Rajoy lo ha dejado claro en conversaciones privadas con sus líderes– como detonante de esta posición del Gobierno. Rajoy no descarta actualizar la Carta Magna, abordando incluso la reforma territorial, pero en el futuro, nunca antes de que pasen las elecciones generales que, según interpreta el Parlamento, deben celebrarse con la fecha del 20 de diciembre de 2015 como límite. Hasta entonces, no moverá ni un dedo incluso si Mas convoca unas elecciones plebiscitarias cuya finalidad exclusiva sea proclamar la independencia de Cataluña en febrero o primeros de marzo, dos meses antes de las municipales de mayo.

De facto, el presidente del Gobierno y del PP marcó el pasado sábado su estrategia electoral para todo el año que viene incluyendo -junto a una campaña permanente basada en el criterio de que 2015 será el de la definitiva recuperación económica- la defensa a ultranza del texto constitucional vigente. Y lo hizo en lo que podría considerarse su primer mitin de precampaña, en un acto de homenaje a la Carta Magna de 1978 celebrado en la Granja de San Ildefonso en el que, pomposamente, se ha aprobado una declaración formal que proclama la fidelidad absoluta del PP al texto actual.

El propio Rajoy ratificó ese manifiesto, titulado “Declaración de la Granja. Constitución: estabilidad y concordia” -en el que se considera que la del 78, la de la Transición, “fue el culmen de un largo proceso constitucional que comienza en 1812”-, afirmando frente al resto de los partidos que “no son estos momentos para ocurrencias, frivolidades o eslóganes que sólo muestran la desorientación de quien las hace” y concluyendo que “para el PP no son negociables la soberanía nacional, la unidad de España, los derechos fundamentales de los españoles, la libertad y la igualdad de todos”.

Y, por si no se entendía contra quien iba su mensaje, remató: “Algunos reprimen la autoestima de los españoles. Son esos que dicen que toda va mal, que ignoraron la crisis y que ignoran ahora la recuperación.” Lo que, completado en la Declaración, precisa: “Desoigamos populismos, cantos de sirena, soluciones demagógicas, reclamos y eslóganes propios del oportunismo político, que solo contribuyen a la destrucción de lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido”. O sea, a todos los demás. Incluidos Podemos e IU, que son las fuerzas políticas que van más allá reclamando un proceso constituyente que elabore una nueva Carta Magna.

Pero cada cual tiene su criterio respecto a la Constitución, partiendo de la base, eso sí, de que la reforma puede ser utilizada para el debate electoral, como ya hace Rajoy, pero no será abordada hasta pasadas las generales, como pretendieron el PSOE o algunos sectores de CIU de cara a frenar la deriva independentista catalana. Que Rajoy se va a cerrar en banda hasta que pasen los comicios se lo ha dicho a todos los dirigentes de la oposición en privado. Y, significativamente, el propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, tras tantear a unos y otros, incluido Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba –tiene pendiente discutir en profundidad el asunto con Pedro Sánchez, pero sabe que continúa los planes de su predecesor-, ha anunciado un profundo giro de timón de su fuerza política. En unas declaraciones realizadas al diario El País decía recientemente que el PNV, a diferencia de lo que hizo en el 78, quiere estar en esa futura reforma constitucional que tendrá que hacerse tarde o temprano y para la que ya pide que la Carta Magna considere a Euskadi como a una “nación”.

De hecho, Ortuzar, a quien le gustaría mediar entre la Generalitat y el Gobierno central para solucionar el conflicto territorial, pretende utilizar el debate sobre la reforma del Estatuto vasco que ya se está desarrollando en el Parlamento de Vitoria para ir preparando una salida al conflicto catalán sin apenas modificar la Constitución. Se trataría de que Rajoy, o el presidente del nuevo Gobierno que se constituya tras las generales -del que no descartan formar parte-, reconociese alguna forma de consulta que diera satisfacción al derecho a decidir de los pueblos que forman parte de las nacionalidades históricas. En la citada entrevista, Ortuzar declaró: “No hay que tener miedo. No se trata de la posibilidad de votar la secesión. Se puede votar la ampliación del autogobierno, que es lo que pretendemos hacer con la renovación del Estatuto vasco”. Por supuesto, para el 2016.