Las malas relaciones con el Gobierno acaban provocando la dimisión del fiscal general del Estado

Actualización del 19-12-14 con la propuesta del Gobierno para sustituir a Torres-Dulce

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado este jueves su dimisión irrevocable debido a las malas relaciones que desde hace tiempo mantiene con el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

Aunque en el comunicado hecho público por la Fiscalía se alude a "razones personales", fuentes del Tribunal Supremo han señalado que Torres-Dulce mantenía unas pésimas relaciones con el anterior ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que no habían mejorado con el nuevo titular de la cartera, Rafael Catalá.

Torres-Dulce se quejaba de que Gallardón no había contado con él en ninguno de los proyectos de reforma de las grandes leyes de la Justicia, particularmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se suponía que los fiscales iban a asumir la instrucción de las causas para que los magistrados ejercieran el papel de jueces de garantías, al estilo de Estados Unidos  y los países sajones. Con Catalá, las relaciones no mejoraron, y recientemente el nuevo ministro presentó su proyecto de reforma, en el que tampoco contó con Torres-Dulce, lo que habría motivado el enfado de este, que se lo habría trasmitido a la Junta de Fiscales de Sala.

Las relaciones con el Ejecutivo estaban muy tensas, pues tras las desavenencias con Gallardón, Torres-Dulce buscaba una salida digna para él. El espectacular incidente de Enrique López por el asunto de conducir ebrio por la Castellana y saltarse un semáforo, que le obligó a dimitir y volver a la Audiencia Nacional, propició esa salida. Torres-Dulce consideraba que era la solución perfecta, quería esa plaza de magistrado del Tribunal Constitucional para él. Pero el Gobierno tenía otros planes. Y no solo no le nombraron  a él, sino que el designado fue nada menos que el teniente fiscal del Supremo, Antonio Narváez, es decir, su segundo, al que él acababa de nombrar. Y con recochineo, porque el fiscal del Estado se enteró por la prensa. Era julio y Torres-Dulce ya estaba harto.

Fuentes jurídicas, no obstante, consideran que en la dimisión de Torres-Dulce ha podido haber un pacto con el PP o el Gobierno de Rajoy, para que su sustituto pueda ser reelegido para un mandato completo de cuatro años, lo que sería muy conveniente para los populares, ya que en las elecciones de noviembre, el PP podría perder no solo la mayoría absoluta sino la posibilidad de pactar con nadie y quedar fuera del poder, y muy poca gente querría un mandato inferior a un año sin posibilidad de reelección.

Estas fuentes advierten también de que entre las normas del Estatuto del Ministerio Fiscal figura que si el Gobierno nombra a un nuevo fiscal del Estado cuando al anterior le quedaban más de dos años de mandato, el sustituto cesa cuando le tocaba cesar a su predecesor, pero además no puede ser reelegido para el cargo. Si por el contrario, al dimisionario le quedaban menos de dos años de mandato, como es el caso, el nuevo puede ser reelegido por cuatro años más que establece el mandato tasado del artículo 31 del Estatuto.  El pacto, obviamente, busca favorecer al que venga y por ende al Ejecutivo que lo nombra.

[La fiscal Consuelo Madrigal será propuesta por el Gobierno como fiscal general del Estado en sustitución de Eduardo Torres-Dulce y se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la institución]

Torres-Dulce llegó  la fiscalía del Estado como el hombre sin mácula -había sido fiscal jefe de la fiscalía del Tribunal Constitucional- y un prestigio a prueba de bomba entre la carrera fiscal, más allá de sus conocimientos cinematográficos.

Sin embargo, y muy desde el principio, se vio que sus posiciones eran fiel reflejo de los intereses del partido que le había nombrado. Su primera actuación fue ordenar que se investigaran unos restos de uno de los trenes del 11-M, que había aireado Libertad Digital, la emisora de Federico Jiménez Losantos, cuando ya había sentencia firme sobre los atentados y el supuesto hallazgo no tenía otra intención que resucitar la teoría de la conspiración.

Sin embargo, y a pesar de sus discrepancias con Gallardón, Torres-Dulce se sintió cómodo con la postura del fiscal Horrach sobre la infanta Cristina, defendió que no había malversación de caudales públicos en el caso de los viajes a Marbella y otros destinos turísticos con cargo al presupuesto del Consejo en semanas caribeñas del  presidente del Supremo y del Poder Judicial Carlos Dívar, y ahora con su oposición a la negativa a acumular las penas a los presos etarras.

Incluso en el asunto del referendum/consulta soberanista sobre Cataluña, Torres-Dulce aguantó las presiones del Gobierno, y consiguió un balón de oxígeno, cuando la inmensa mayoría de la Junta de Fiscales de Sala respaldaron su postura de acusar por cuatro delitos a los representantes de la Generalitat.

Sabedor de que una indisposición con el PP puede hacer su vida mucho más difícil, fuentes jurídicas opinan que ha decidido pactar.

Ahora quedará asignado como fiscal de Sala —el generalato de la carrera fiscal— a la Fiscalía del Tribunal Constitucional.