El Gobierno vende inmuebles mientras paga 227,3 millones al año en alquileres

El Gobierno ha obtenido en los tres últimos años unos ingresos de 462 millones de euros por la venta de inmuebles de la Administración General del Estado (AGE) mientras se gasta cada año en alquileres más de 200 millones. Todos los ministerios, incluido el de la Presidencia, gastarán este año en canones y alquileres de edificios la nada desdeñable suma de 227,3 millones de euros. Viven de alquiler organismos tan diversos como el Consejo de Seguridad Nuclear (351.000 euros al año), el Tribunal de cuentas (631.600), el Ministerio de Justicia (2,4 millones) sin contar los 13,1 en dependencias de tribunales o el Ministerio de Exteriores (9,1 millones) y los 25,9 de la acción exterior.

Para hacerse idea del desembolso de ese inquilino llamado AGE vale decir que su alojamiento supone una cuarta parte del gasto previsto en asistencia a las personas dependientes, equivale al presupuesto de las Cortes Generales y supera en 50 millones de euros la cantidad que se destina a cooperación internacional en países pobres y empobrecidos a través de organizaciones no gubernamentales. Los 227,3 millones en arrendamiento de edificios y oficinas –llama la atención que hasta el Senado, que preside Pío García Escudero, pague una renta anual de 318.230 euros y el Defensor del Pueblo, cuya titular es Soledad Becerril, otra de 113.740 euros-, se incrementan en 57 más si añadimos las compensaciones a los militares por alquiler de vivienda.

Aunque el Ministerio de Defensa es por razones históricas el que más edificios y bienes inmuebles posee, a estas alturas todavía el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) reside de prestado y paga 17,5 millones de euros este año, al margen de los 29,7 millones en arriendos consignados como “gastos operativos de las Fuerzas Armadas”. Por comparar algunos datos, los 9,3 millones de euros de alquileres con cargo a la Secretaría de Estado de Defensa, de la que es titular Pedro Argüelles, son la cifra inversa (3,9 millones) de todo el presupuesto de la Organización Nacional de Transplantes, considerada la mejor del mundo.

El gasto corriente en alojamiento de las múltiples dependencias de la AGE, incluidas las viviendas de ministros y altos cargos, contrasta con el triunfalismo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al exhibir el viernes pasado los datos del plan de racionalización de la administración en los tres últimos años. Las ventas de inmuebles -edificios públicos, viviendas y locales- han superado, dijo, un 300% lo previsto y han reportado los mencionados ingresos de 462 millones de euros en tres años. Quiere decirse que esas ventas –se excluyen las de Defensa porque realiza transferencias internas para la compra de armamento- ni siquiera han servido para cubrir los alquileres anuales de la AGE, que en el trienio analizado supusieron más de 600 millones.

La vicepresidenta Santamaría aportó otros datos significativos de su excelente gestión como coordinadora de las reformas administrativas, en estrecha colaboración con el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro y su número dos en la materia, Antonio Beteta. Por cierto que la Administración Periférica del Estado también vive de alquiler y pagará de renta 2,7 millones de euros este año. El dato más apabullante que aportó la vicepresidenta es el ahorro de gasto corriente de 18.187 millones de euros en el último trienio, de los que 4.773 corresponden a la AGE, 10.510 a las autonomías y 2.904 a los Ayuntamientos y Diputaciones.

El triunfalismo sería lógico y natural si no obedeciese a ese extraño fenómeno según el cual, cuando se amortiza o liquida un puesto de trabajo suele disminuir el gasto corriente, pues nadie necesita mobiliario, luz, calefacción, teléfono, jabón, papel higiénico, vestuario. Es más, nadie molesta. El número de “nadies” que el Gobierno del PP ha producido en los tres años de mandato con los recortes de los servicios públicos se cifra, según los datos de Montoro y Beteta, en 163.206. Algunos, menos del 1%, pertenecían a entidades que fueron suprimidas o fusionadas. El resto eran funcionarios que no han sido repuestos y personal laboral al que no han renovado los contratos. Se trata de maestros, profesores interinos, profesores universitarios, sanitarios, ujieres, celadores, asistentes sociales, guardamontes, aduaneros, personal judicial y un largo etcétera. Es la contribución del Ejecutivo al paro en ese trienio triunfal de Santamaría.