Redada electoral contra los abogados de ETA que tumbaron la doctrina Parot

La redada que realizó el lunes la Guardia Civil con el visto bueno del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra los abogados de presos de ETA, sorprendió a los dirigentes nacionalistas vascos y de otras formaciones políticas. Sin pronunciarse oficialmente por falta de datos, algunos vieron en la decisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, unos tintes electoralistas impropios del camino de la paz y la convivencia democrática que viene recorriendo la sociedad vasca desde hace cinco años. “Es como si a la vista de las encuestas hubieran dicho: contra ETA vivíamos mejor y estuvieran buscando réditos electorales”, dijo a cuartopoder.es un alto dirigente del PNV que prefiere preservar su identidad. La redada se saldó con la detención de 12 abogados y cuatro personas vinculadas al colectivo de apoyo a los presos etarras. Entre los detenidos está Amaia Izko, la letrada que en defensa de la etarra Inés del Río recurrió la 'doctrina Parot' ante el Tribunal Europeo de Justicia y obtuvo la anulación de aquella reforma penal retroactiva para impedir la salida de los presos tras redimir toda la condena. El arresto de Izko y sus compañeras fue calificado de “venganza pura y dura” por el dirigente de Sortu Pernando Barrena.

Las detenciones se practicaron cuarenta y ocho horas después de la gran manifestación celebrada el sábado en Bilbao contra la dispersión de los presos de ETA y, como si los abogados no fueran gente ley ni probada obediencia a los mandatos judiciales, se realizó con las características propagandísticas propias de una captura de terroristas. Los letrados fueron sacados de sus despachos y domicilios en Bilbao, Guipúzcoa y Pamplona. También de un hotel en Madrid, hasta donde se habían desplazado las letradas Izko, Eukene Jáuregui y Haizea Ziluaga para intervenir en el juicio contra los 35 miembros de la dirección del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV) que iba a comenzar el lunes en las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

La vista oral adquirió tintes de sainete bufo. “Señorías, las asistencias jurídicas no pueden asistir por haber sido detenidas”, comunicó el letrado Iñigo Iruín. Los magistrados se miraron sorprendidos. Los 19 procesados que iban a ser defendidos por las tres abogadas detenidas rechazaron el cambio de letrado. El fiscal emitió su parecer y la sala suspendió la vista “hasta que se aclare la situación procesal de las detenidas”.

El Ministerio del Interior emitió una nota diciendo que los abogados tenían cuentas pendientes con Hacienda. En concreto, no liquidaron el IVA de un montante de 1,3 millones de euros que recibieron en 2012 y 2013 por su asistencia jurídica a los presos de ETA. Eso sin contar que en el registro que practicó la Guardia Civil en la sede del sindicato LAB en Bilbao, a cuyo gabinete jurídico pertenecen algunos arrestados, se incautó de unos 90.000 euros, supuestamente para ayudar a los presos. Comoquiera que los impagos fiscales no son delito en tanto no superen la cantidad de 125.000 euros y, por tanto, los deudores no pueden ser detenidos, Interior les acusa de supuesta “integración en banda terrorista”. Todos ellos y cuatro supuestos tesoreros de los fondos de ayuda a los presos, que funciona con el nombre de Sostengu, tras la ilegalización de las Gestoras pro Amnistía y la suspensión de Herrira, se dedicaban, según Interior, a mantener la cohesión del colectivo de presos de ETA y realizaban giras periódicas por distintos centros penitenciarios.

Interior les acusa de anteponer el interés “político” de la organización terrorista al individual de los propios reclusos. Sus emolumentos no declarados a Hacienda eran sufragados por Herrira, organización de ayuda a los presos, creada tras la renuncia definitiva de ETA al terrorismo, pero considerada un “tentáculo de ETA”. Tras su desarticulación en 2013, las pesquisas policiales y la documentación incautada facilitaron la detención en 2014 de los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, en prisión desde entonces. Las investigaciones policiales también relacionan al senador de Bildu Iñaki Goioaga con ese “tentáculo” de la organización terrorista que estaría en contra de la disolución. Con las detenciones del lunes, bautizadas por la Guardia Civil como 'operación Mate', el departamento de Fernández Díaz consideró “desarticulado el entramado financiero que sustentaba económicamente al colectivo de abogados”. Éstos, a su vez, pidieron la ayuda y el pronunciamiento de sus respectivos Colegios profesionales.

Más allá de la actividad delictiva que al amparo de las leyes especiales contra el terrorismo se pueda imputar a los detenidos, la primera lectura del PNV no ha sido positiva, por entender que el Gobierno apela a la dureza para obtener réditos electorales. Con su opción moviliza y radicaliza a sectores de la izquierda abertzale, Bildu y Amaiur, al tiempo que alimenta el victimismo contra el Estado. Esa vía nutriente entre los extremos arreciará esta misma semana con la discusión parlamentaria de los nuevos preceptos contra el terrorismo que el PP se dispone a introducir en el proyecto de Código Penal vía enmiendas para esquivar los informes del Poder Judicial.