El PP utiliza el miedo al yihadismo como arma electoral

La plana mayor del PP ha decidido meter la amenaza yihadista en la precampaña electoral. Apenas una semana después de los atentados de París contra la policía y los periodistas de la revista satírica Charle Hebdo, los conseravadores han llegado a la conclusión de que pueden recuperar el terreno perdido por la corrupción y una crisis que afecta fundamentalmente a los trabajadores vendiendo un mensaje de fortaleza y dureza contra el terrorismo. Enseguida ordenaron el arresto de los abogados de los presos de ETA y anunciaron una nueva ley especial antiyihadista que les permitirá demonizar en campaña electoral a los que discrepen del recorte de libertades. El mensaje en estos casos es sencillo: "Si no estás con la ley y el orden estás con los terroristas".

El expresidente del Gobierno y presidente de la fundación FAES, la que más subvenciones públicas y de empresas privadas recibe, José María Aznar López, abrió la partitura del miedo el viernes pasado en Londres con el sonido de las siguientes palabras: "Con toda seguridad, los terroristas yihadistas intentarán golpearnos de nuevo y con más fuerza si cabe". Completó tan erudito y negro vaticinio a toque de cornetín significando que no queda otra alternativa que enfrentarse al yihadismo "en nuestro propio territorio", y rubricó el soniquete con estruendo belicoso, pues, según dijo, estamos ante"una tormentosa disputa" entre los valores democráticos y "la imposición totalizadora del islam".

La alocución de ese integrante del trío de las Azores que decidió la ocupación militar de Irak con unas consecuencias tran graves como las que todavía padecemos 12 años después (el Gobierno enviará 300 soldados a Bagdad en febrero próximo), no aportó novedad a lo ya conocido, pero alimentó el mensaje del miedo hasta el punto de reclamar un mayor compromiso militar de la OTAN contra el yihadismo y, sobre todo, descalificó globalmente al islam. De ahí a la "islamofobia", un paso. ¿A quién hay que atacar? ¿Dónde están los sarracenos? El presidente autonómico de Madrid, Ignacio González, no tardó en encontrarlos: los inmigrantes.

Según González, "hay que expulsarlos si no están de acuerdo con nuestros principios y no quieren aceptarlos". No concretó a qué principios se refería, pero invocó "el deber y la obligación de la sociedad de defenderlos y hacerlos valer". Y, además, reclamó"políticas rigurosas" contra el "terrorismo yihadista y los riesgos de la inmigración", que no dudó en vincular con el "crimen organizado". La petición iba dirigida al presidente Mariano Rajoy, presente en el foro sobre Libertad y Seguridad que organizó el partido en la Casa de América en Madrid. Rajoy evitó contradecirle sobre los emigrantes, aunque recordó (cabe suponen que en  referencia a Aznar) que la fe del islam está en contra del terrorismo. En nuestro país hay 1,7 millones de musulmanes.

Rajoy antepuso la seguridad a la libertad porque es "fundamento" del desarrollo de la democracia, aunque se apresuró a añadir que no hay contradicciones entre libertad y seguridad porque "son derechos siameses". Aseguró que la nueva ley antiyihadismo que están negociando con el PSOE y que se presentará "en las próximas semanas" viene a reforzar la seguridad con unas medidas que no implicarán recorte alguno de las libertades, como han prejuzgado Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones políticas. Sin desvelar un solo dato del contenido dijo que "vamos a luchar sin cuartel contra el terrorismo y a proteger nuestras libertades sin dar tregua a sus enemigos".

Mientras, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su homólogo italiano, Angelino Alfano, acordaban urgir al Paralamento Europeo a que desbloquee cuanto antes la directiva de identificación de los pasajeros que va permitir a los gobiernos implantar el fichero policial común para controlar especialmente a los que vayan o vengan de países musulmanes. La nueva ley antiyihadismo hará referencia a ese nuevo Berta e incluirá otros preceptos que afectan de frente y de costado a derechos y libertades individuales.

Así, la consulta frecuente de webs islamistas valdrá para detener a una persona como presunto terrorista máxime si contienen artículos o documentos favorables a la guerra santa. Igualmente, el 'autoadiestramiento' siguiendo determinadas páginas de Internet podrá ser motivo de imputación por terrorismo. Más complicada parece la cobertura jurídica para poder controlar las conumicaciones telefónicas y electrónicas sin mandamiento judicial previo. Los perjuicios económicos para los compañías que no preserven el secreto de las comunicaciones pueden ser demoledores. Sin embargo, según las fuentes consultadas, las empresas de sistemas pueden transferir la información sin desvelar la identidad de los usuarios.