El PSOE acepta las penas más duras del PP contra el yihadismo aunque recurrirá la cadena perpetua

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Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, durante la firma, ayer, en el Palacio de La Moncloa, del ‘Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo’. / Fernando Alvarado (Efe)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aceptado las enmiendas más duras y de dudosa constitucionalidad del PP al Código Penal (Páginas 572 a 586) y ha asumido de momento la cadena perpetua para los autores de crímenes terroristas, aunque anuncia que la recurrirá al Constitucional. En esto se resume el contenido del pacto contra el terrorismo yihadista que acudió a firmar ayer con Mariano Rajoy en La Moncloa. En el futuro, cualquier acto delictivo que cometa una persona, aunque no tenga conexión alguna con organización terrorista, pero a la que se pueda atribuir una intención de subvertir el orden, la paz pública, el libre funcionamiento de las instituciones y de sus representantes, podrá ser considerado terrorismo y castigado con las penas más duras previstas en el Código Penal del PP. Si causa la muerte de una persona, el castigo será la cadena perpetua.

El pacto PP-PSOE contra el yihadismo –el cuarto contra el terrorismo que suscriben en treinta años– consiste en una declaración política de unidad en la lucha contra las nuevas formas de terrorismo internacional y se limita a trasladar textualmente las enmiendas que formuló el PP al capítulo VII del Código Penal para ampliar la definición de terrorismo y contemplar los supuestos de los “lobos solitarios” de la yihad islámica, el entrenamiento en el manejo de armas en las zonas de combate de los yihadistas como el norte de Irak y el este de Siria o el adiestramiento pasivo a través de materiales colgados en Internet, el adoctrinamiento y las “células durmientes” dispuestas a cometer atentados en los países occidentales. La falta de novedad del texto conocido ayer respecto a los planteamientos punitivos del PP, llevó a los portavoces de Izquierda Plural y del PNV en la materia, Gaspar Llamazares y Emilio Olabarría, respectivamente, a preguntarse si era necesario retirar el capítulo del terrorismo del debate del nuevo Código. Evidentemente, no.

Pero tras los atentados yihadistas de París contra la policía y el semanario satírico Charlie Hebdo, el jefe del Gobierno y el del primer partido de la oposición decidieron dar la mayor relevancia política a la amenaza yihadista, dejaron en suspenso el capítulo penal contra el terrorismo, anunciaron un nuevo texto articulado que se tramitará como proposición de ley orgánica y se añadirá al Código Penal, e invitaron a sumarse a los demás grupos parlamentarios. Si se trataba, como denuncia Llamazares, de burlar los informes preceptivos de constitucionalidad y legalidad, bastaba con que el PSOE hubiera respaldado las enmiendas del PP en los debates en la Comisión de Justicia y en el peno extraordinario del pasado 21 de enero.

Con la firma del pacto, el PSOE asume de hecho la cadena perpetua o prisión permanente revisable introducida por el PP en el Código Penal. La acepta sin mencionarla, pues han encontrado el eufemismo de “la prisión por el tiempo máximo previsto en este Código” en la redacción del artículo 573 bis. Y la admite en tanto no se derogue. Con esta precisión, incluida en la declaración política del pacto, los socialistas han tratado de minimizar la contradicción que supone el rechazo del nuevo Código por el desacuerdo básico con la perpetua y la aceptación de esa pena por la puerta de atrás.

Tal como proponía el PP, el texto jurídico contempla el fenómeno del “terrorismo individual” y amplia sin límites la panoplia de delitos que pueden ser considerados terrorismo. Así, se considerará terrorismo cualquier delito grave dirigido a “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. También los que alteren gravemente la paz pública, los que desestabilicen a una organización internacional, los que provoquen terror en la población o en una parte de ella. Y los delitos informáticos tipificados en el Código Penal cuando se cometan con alguna de las finalidades antedichas.

Aunque en la nueva redacción ya no aparece expresamente el “aborto” provocado ni la “ablación” que los enmendantes del PP, capitaneados por José Miguel Castillo y Leopoldo Barreda, habían colocado como delitos de terrorismo, terrorismo sigue siendo casi todo: “Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, atentado, desórdenes públicos, tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías”.

Al margen de los firmantes del PP y el PSOE, ningún portavoz de los restantes grupos parlamentarios ha dado signos de sumarse al pacto ni suscribir la proposición de ley. Izquierda Plural y el PNV no comparten las formas ni el contenido. UPyD y CiU discrepan de las formas y presentarán enmiendas parciales al contenido. En el seno del Grupo Mixto se esperan tres votos favorables -Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro- y 14 contrarios. La pregunta que los distintos portavoces consultados se hacían ayer es si se necesitaba este pacto legal y penal cuando la unidad contra el terrorismo no está en cuestión.

Según Rosa Díez, de UPyD, “la disquisición entre si llevan boina o turbante es ridícula a la hora de definir y castigar el terrorismo”. Según Llamazares, “más que definiciones delictivas se necesitan medios materiales y humanos para detectar, investigar y prevenir la amenaza, cortar las fuentes de financiación y el tráfico de armas y garantizar la seguridad sin poner bajo sospecha o en libertad vigilada a todos los ciudadanos y, sobre todo, a los inmigrantes, que mucho nos tememos que de eso se trata”.

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