El Gobierno utiliza la subvención a los musulmanes para controlar el radicalismo

La Fundación Pluralismo y Convivencia, que reparte las subvenciones oficiales a las confesiones religiosas minoritarias, realizará funciones de detección y control del radicalismo islámico. Así lo ha decidido el Gobierno, y más concretamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el plan contra el radicalismo que llevó al Consejo de Ministros hace una semana. Con esta operación, la credibilidad y neutralidad de la mencionada fundación, dependiente del Ministerio de Justicia, queda en entredicho, y se convierte en un instrumento de información al servicio de la vigilancia policial.

El director de la mencionada fundación, Fernando Arias Canga, ha declinado explicar a este periódico los nuevos cometidos que le encomienda el plan contra la radicalización islámica, largamente diseñado por los responsables de Interior junto con expertos de otros departamentos y de la sociedad civil. En cinco ocasiones, a lo lo largo de los últimos días, Arias Canga se ha negado a atender nuestras llamadas. El mencionado responsable percibe una remuneración pública de 71.469.000 euros anuales, equivalente a la de un ministro, por la responsabilidad que ocupa desde que fue nombrado por el PP en 2012.

El plan contra el radicalismo que presentó el ministro Fernández Díaz hace una semana con los calificativos de “estructural” y “estratégico”, pero sin una dotación presupuestaria concreta, apela a los cauces ya establecidos como los ayuntamientos y policías locales para detectar los fenómenos del radicalismo sarraceno. En este sentido, la inclusión de la Fundación Pluralismo y Convivencia, es considerada por los responsables de Interior una herramienta informativa útil en la medida en recibe información de las juntas islámicas, comunidades y mezquitas a las que canaliza distintas ayudas económicas.

En el último ejercicio, la mencionada fundación distribuyó en torno a 250.000 euros en subvenciones a colectivos musulmanes para fines educativos, culturales y de integración social. Para recibir esas cantidades que en muy pocos casos alcanzan la cifra de 4.000 euros anuales por colectivo, las comunidades de la fe islámica, a la que ya están adscritos más 1,8 millones de españoles, han de registrarse y presentar la documentación de control que les exige la fundación, cuyo presidente es el titular de Justicia, Rafael Catalá.

En 2013, las ayudas fueron de 180.000 euros y numerosos colectivos islámicos no atendieron la obligación informativa. Para hacerse idea de las ayudas oficiales a cambio del control y la información vale señalar como ejemplo que la Comisión Islámica de Melilla recibió 1.800 euros, la Junta Islámica de Collado Villalba (Madrid), 2.000; el Centro Islámico de Crevillente (Alicante), 1.700; el Islámico de Asturias Mezquita At tauhid de Ciaño-Langreo, 2.800; la Comunidad Islámica De Barakaldo Al Baraka, 1.800; la Al Falah de Callosa de Segura (Murcia), 2.150 euros, y así sucesivamente.

La instrumentación de las ayudas supone una vuelta de tuerca más a la desconfianza del Gobierno sobre los colectivos religiosos musulmanes, con independencia del compromiso de las propias autoridades religiosas de colaborar en la lucha contra el yihadismo y la radicalización salafista. La Fundación Pluralismo y Convivencia ya fue acusada hace tres años por la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España de “hermetismo y arbitrariedad”. De hecho, la confesión islámica se situó al margen de su patronato. Después el Gobierno incorporó a Omar Aït Salem, un ejecutivo de la empresa Technical Manage MSC, a uno de los nueve puestos asignados a las confesiones religiosas.

El plan contra el radicalismo islámico ignora, sin embargo, el papel que podría realizar la Comisión Islámica de España, que cuenta con dos representantes, Riay Tatary y Mounir Benielloun Andaloussi Azhari, en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, el órgano de relaciones directas y supuestamente fluidas con el Ejecutivo.

Según el Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) de la Universidad de Granada, en 2014 se desarrollaron doce operaciones contra el terrorismo yihadista y en lo que llevamos de 2015 ha habido una. Interior estima que en la actualidad hay unos setenta jóvenes españoles combatiendo con las milicias del Estado Islámico (EI) en Siria y el norte de Irak, y que al regreso, podrían ser potenciales terroristas.