Las Marchas presentan una querella criminal contra Cifuentes, Cosidó y Fernández de Mesa por el 22M

Sato Díaz *

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Enfrentamiento entre policías y manifestantes al término de la manifestación organizada por las Marchas de la Dignidad el 22 de marzo de 2014. / Efe

Las Marchas de la Dignidad, plataforma que reúne a más de cien colectivos, entre fuerzas políticas de izquierdas, sindicales, asociaciones, ONGs y movimientos sociales, ha presentado hoy una querella en los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y mandos policiales por las cargas que disolvieron la multitudinaria manifestación del pasado 22 de marzo del 2014. Entre los mandos policiales contra los que se presenta la querella destacan Ignacio Cosidó, director general de la Policía. y Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil.

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Los convocantes del 22M les acusan de «delito contra las garantías constitucionales» por disolución ilegal de una manifestación, «delito por violación de otros derechos cívicos y constitucionales» y de «prevaricación de funcionarios públicos y otros comportamientos injustos», y piden la inhabilitación de los querellados para ejercer cargo público, tal y como establece el Código Penal.

Además, la acusación incluye en la querella criminal a Florentino Villabona, director general de Seguridad Ciudadana, José Miguel Ruiz Igüisquiza, jefe al mando de las Unidades de Intervención Policial, Francisco Javier Virseda, ex jefe al mando de las UIP de Madrid, Germán Rodríguez Castiñeira, jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid, Francisco González Pescador, inspector jefe de las UIP, Alfonso Fernández, jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, Andrés Garrido, responsable de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Madrid y el jefe al mando Puma 70 del día 22 de marzo del 2014.

En el escrito denuncian que, tras haber mantenido los contactos pertinentes con las instituciones correspondientes para solicitar los trámites legales de convocatoria de la manifestación, el derecho se vio infringido, no sólo por la disolución de la misma antes de tiempo, sino también por las retenciones a los autobuses que llegaban a la capital desde distintos puntos del Estado español. «Según nos consta fueron más de 100 autobuses los que sufrieron retenciones», alegan. Pero el detonante sucedió a las 20:15 cuando «el dispositivo policial en un ejercicio de inaudita irresponsabilidad profesional procedió entonces a cargar hacia Colón cuando se desarrollaba el acto final de la manifestación y con una plaza llena de familias».

«A pesar de los reclamos que se le hizo desde la megafonía a la Policía en el sentido de que estaba interfiriendo un acto legal, ésta continuó cargando en dirección hacia el Paseo de Recoletos que estaba completamente lleno de personas pacíficas que no tenían nada que ver con la veintena de encapuchados», añaden. Unos encapuchados que llegaron desde la calle Marqués de la Ensenada, por donde tuvieron que pasar delante de varios dispositivos policiales sin que estos hicieran nada para identificarles.

«Se cargó contra miles de manifestantes cuando estos se encontraban concentrados en Colon escuchando el manifiesto que estaban leyendo los organizadores de la marcha, cuando el horario comunicado no había finalizado, se cargó contra los manifestantes pacíficos con la excusa de que un pequeño grupo no identificado y de menos de 50 personas estaba generando un incidente, se cargó de forma expansiva disolviendo de facto la manifestación pese a los requerimientos de los organizadores, provocando un peligró real sobre la integridad de miles de personas, privando a miles personas de ejercer plenamente su derecho de reunión y manifestación», alegan, citando al Código Penal que reconoce que la institución que viole el derecho a la manifestación debe ser sancionada.

Javier Díez (cuartopodervideos)

También argumentan que «existía un plan previo» por el cual se identificaba a las personas que iban a participar en la protesta, algo que vulneraría el derecho a la intimidad, a la libertad ideológica y a la interdicción de que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología o creencias. Del mismo modo, piden la inhabilitación de los querellados porque, según recoge el Código Penal, «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años». Algo que, dicen, desarrollaron los responsables políticos y policiales al tomar la decisión de cargar y disolver la manifestación.

Sobre todo esto, Ginés Fernández, uno de los querellantes y coordinadores de las Marchas de la Dignidad a nivel estatal, comenta a este medio: «la actuación de la Policía fue totalmente desproporcionada, hubo un exceso de violencia desde que irrumpió en la plaza a palos contra gente que estaba manifestándose pacíficamente, como ancianos, niños, embarazadas…». Además, la protesta estaba convocada legalmente y «empezaron a cargar a las 20:15 horas, cuando teníamos permiso para permanecer en Colón hasta las 21 horas, no cumplieron el horario», recuerda. Según Fernández, la reacción policial estuvo causada por motivos políticos: «necesitaban que no se viera en televisión el éxito de una manifestación que había unido a más de dos millones de personas, por eso cargaron, para mandar otras imágenes a la ciudadanía, el poder no podía consentir que tanta gente reclamara pan, trabajo, techo y dignidad».

Según Fernández, quien además es miembro de la mesa estatal del Frente Cívico-Somos Mayoría, «Cifuentes dio la orden de cargar antes del horario e intentó que las televisiones no sacaran lo positivo de una manifestación que duró muchas horas, en ambiente de fiesta y tranquilidad, algo que no podía permitir su partido». Además, añade: «para justificar su decisión ha utilizado las imágenes de unos pocos que se enfrentaron a la Policía, y eso lo reconocemos, hubieron unos pocos que se enfrentaron a la Policía después de que esta cargara, pero fue un grupo muy minoritario». «Yo estaba encima del escenario y vi que en un momento determinado la Policía cargó y se enfiló en una columna contra la gente que no estaba haciendo absolutamente nada, después llegaron un montón de lecheras y se produjeron todos los altercados que sucedieron», relata.

«El trato a la gente de la manifestación, como luego a los detenidos, no fue adecuado a la proporcionalidad de lo que sucedió», prosigue Fernández en su argumentación, quien explica que un grupo de abogados de LegalSol y de la propia organización de las Marchas ha estado dando apoyo legal, defendiendo y asesorando a estas personas. «Hay sanciones desmedidas y entre los detenidos hubo trato vejatorio y daños físicos a determinadas personas también en los calabozos», añade.

Las Marchas volverán a Madrid en primavera, tal y como adelantó este medio, y plantean convocar una huelga general en octubre. «La situación sigue siendo la misma, a pesar de la propaganda del Gobierno, siguen habiendo desahucios, como el de ayer a una familia con un bebé, sigue habiendo una tasa de paro enorme, pobreza, sobran los motivos para volver a las calles», comenta Ginés Fernández. «Las Marchas volverán a Madrid con más fuerza todavía», sentencia.

(*) Sato Díaz es periodista.