IU logra que el PP prohíba la explotación de los presos por empresas con EREs

Actualizado a las 14:00 horas con el restado del debate en la Comisión de Interior

La Izquierda Plural ha conseguido que el PP prohíba la explotación de los presos en beneficio de empresas que han despedido trabajadores. La proposición de ley que defendió en la Comisión de Interior el diputado de IU Ricardo Sixto para prohibir esa práctica fue aceptada por los populares y respaldada por el PSOE, aunque no por CiU, que gobierna en Cataluña y posee la competencia sobre las prisiones catalanas. Su portavoz Feliu Joan Guillaumes dijo que “estaríamos bloqueando el acceso de algunas empresas a un mecanismo que les permite sortear el bajón de la crisis” y anunció su abstención. La representante del PP, Ana Belén Vázquez, manifestó, en cambio, que “no podemos permitir que las empresas que hacen Eres y despiden gente cubran su producción con el trabajo de los presos”. Víctor Morlán, del PSOE, tildó de “abuso” estas prácticas y reclamó que se actualicen los módulos salariales de los reclusos, congelados desde hace cuatro años, y que el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios se transforme de una vez en entidad administrativa.

Cientos de presos están siendo utilizados como mano de obra barata, tirada de precio, por varias empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo y echado a la calle a decenas de trabajadores. La denuncia llegó al Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley de los diputados de IU José Luis Centella y Ricardo Sixto y puso al PP en la tesitura de avalar o rechazar con su voto en la Comisión de Interior esa política del ministro Jorge Fernández Díaz y de su subordinado, el veterano secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernándo, consultó a La Moncloa y comunicó a su colega de IU, Centella, la aceptación de la propuesta a cambio de una enmienda pro forma de su grupo.

La explotación laboral de los presos fue destapada hace ocho meses en Valencia, donde los dueños de la empresa Istobal, con excelentes relaciones con el presidente valenciano Alberto Fabra, firmaron un convenio con Yuste para conseguir mano de obra barata de los reclusos de Picassent después de haber echado a la calle a ochenta trabajadores en dos expedientes sucesivos de regulación de empleo desde finales de 2011.

Unas fechas antes, en junio de 2014, la Asociación de Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, Acaip-USO, trasladó a los grupos parlamentarios la información de que la multinacional alemana Merak, que viene despidiendo trabajadores desde 2009, está utilizando los talleres de las cárceles de Ocaña I y Ocaña II como centros de producción en los que trabajan unos 150 reclusos ensamblando aparatos de aire acondicionado para trenes y otros vehículos. La denuncia de Acaip era muy seria porque la empresa alemana ha realizado dos EREs –el último en 2012-- y echado a la calle a 73 trabajadores de una plantilla de 450 en su factoría de Getafe (Madrid) y porque obligaba a más de 50 empleados a realizar su trabajo diario en los talleres de las prisiones de Ocaña junto a los reclusos, con los consiguientes riesgos de seguridad. Según dijo entonces Juan Figueroa, vicepresidente del sindicato Acaip, “el régimen de vida de la cárcel está subordinado a las necesidades de producción de la empresa”.

La alemana Merak, que surte de frenos y sistemas de aire acondicionado a los trenes convencionales y de alta velocidad y a los metros de medio mundo, ya reconoce que le trae más a cuenta trasladar la producción de determinados componentes de China a España. Su factoría getafense fue visitada por el rey Felipe VI cuando era príncipe heredero. Recibió además la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario siendo ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y secretaria de prisiones Mercedes Gallizo. Cierto que entonces no había planteado el primer ERE que dejó en la calle a 40 trabajadores.

Ese precedente de sustitución de plantillas por el trabajo de los presos fue visto con voracidad por algunos empresarios avispados, que además de pagar unas míseras retribuciones a los reclusos, a tres euros la hora o por pieza acabada, según los casos, se ahorran una parte de la cotización a la Seguridad Social que corre a cargo de Trabajos Penitenciarios, y los costes laborales relacionados con los talleres, el agua, la energía y el vestuario.

Otra empresa de trenes, aunque de lavado de vehículos, la mencionada Istobal, se sumó al carro de la sustitución del trabajo de su plantilla por el más ventajoso de los presos. Esa sociedad fabrica e instala estaciones de lavado en varios países y facturó unos cien millones de euros el último año. Se acogió al convenio con Prisiones para que los presos elegidos de Picassent trabajaran media jornada montando aspiradoras, alfombrillas y otros complementos de limpieza del automóvil, en función de las necesidades, es decir, de los pedidos.

El “chollo” de los presos fue “una solución” para que Istobal pudiera seguir la producción después de dos Expedientes de Regulación de Empleo, uno en 2011 que supuso el despido de 53 trabajadores, y otro en 2013 que dejó a 27 en la calle. El propio director general de la compañía, Rafael Tomás Alfaro, dijo que habían apelado al trabajo de los presos “para conseguir flexibilidad”, es decir, que la reforma laboral y los mil y un modos de contratación les venía mal, y “porque la línea de producción no era rentable; teníamos que volver a ser competitivos y con esta medida lo conseguimos”. El directivo se jactaba de que gracias al convenio con Prisiones no habían trasladado la producción a Portugal o a Turquía.

Otras muchas empresas se benefician del trabajo de los presos con unos salarios que en la mayor parte de los casos no llegan a la mitad del mínimo interprofesional pero que en todo caso es muy interesante para los reclusos porque les permite redimir condena, ayudar a sus familias y acumular un periodo cotizado a la Seguridad Social para la jubilación. Los sindicatos de funcionarios de prisiones coinciden en que la mayoría de los internos desean trabajar. Y la Administración penitenciaria, que cuenta con 146 talleres, facilita la labor mediante convenios con empresas y asociaciones empresariales sin que le importen los despidos ni el dumping social que está provocando. Así, empresas como Industrias Ochoa, utiliza 150 internos de Picassent para producir abrazaderas para la multinacional Hilti. Adequa Uralita utiliza un centenar de presos de Alcalá-Meco (Madrid). Jesús Romero e Hijos (de Guipúzcoa) produce en Estremera (Madrid) con una plantilla de setenta presos.

Y a Instituciones Penitenciarias, es decir, al veterano Yuste, quien ya se ocupó Del negociado a finales del siglo XX con los gobiernos de Aznar, le va bien si tenemos en cuenta los beneficios de 5 millones de euros con una facturación de 162 millones en 2012. La facturación bajó a 158 millones en 2013. La proposición no de ley de IU subraya que 3.119 presos de los 12.217 que trabajaron en los talleres penitenciarios lo hicieron directamente para empresas privadas. Esa cifra se ha reducido a 3.090 internos, según la memoria de Prisiones de 2013, que recoge un promedio laboral de tres horas diarias de los internos, cuya cotización social corre a cargo de Trabajos Penitenciarios en todos los casos. Lo que Izquierda Plural exige en su proposición se reduce a una cuestión de decencia: “Que el Gobierno adopte las medidas oportunas para que las empresas que hayan presentado y ejecutado expedientes de regulación de empleo y/o despedido a trabajadores no puedan alcanzar un convenio con prisiones de forma que ni puedan utilizar infraestructura penitenciaria ni a internos para el desarrollo de su actividad productiva”.