Podemos y C,s no hablan de impuestos e IU quiere gravar las grandes fortunas, los campos de golf y las tierras baldías

Podemos y Ciudadanos (C,s) prescinden de la fiscalidad en sus ofertas electorales en Andalucía. Las divinas palabras (con permiso de Valle Inclán) de sus programas de gobierno para la comunidad autónoma más importante en población y extensión del Estado ignoran la fiscalidad, como si los impuestos no fueran la leche materna de las políticas públicas. En este sentido se puede afirmar que sólo Izquierda Unida (IU), la formación que encabeza Antonio Maíllo, ofrece un planteamiento riguroso en materia impositiva. De estas tres fuerzas llamadas a obtener representación parlamentaria el 22-M según las encuestas, sólo IU promete dignidad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista y apuesta por democratizar la jefatura del Estado, lo que solo sería posible con la III República, al tiempo que tilda de "corrupta" a la Monarquía vigente.

Ante la omisión de la formación progresista que encabeza la gaditana Teresa Rodríguez, el programa de IU apuesta por un plan contra el fraude fiscal con el objetivo nada ambicioso de reducir tres puntos anuales una elusión de impuestos que, según las estimaciones oficiales, es de 40.500 euros. Esto equivale al 29% del PIB andaluz. Estamos hablando de economía sumergida, con el consiguiente empleo precario y sin derechos y el grave perjuicio por competencia desleal a las empresas cumplidoras. La herramienta fundamental ha de ser un plan autonómico de la Agencia Tributaria. Junto con ello, IU plantea tres aspiraciones históricas como son el mismo trato a las rentas del capital que a las del trabajo, la supresión de los beneficios fiscales a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y la creación del Impuesto sobre Grandes Fortunas, que subsumiría el actual sobre el patrimonio, con un incremento del tipo general del 20%.

Sin perder de vista la equidad, la formación de Maíllo propone fijar dos tramos en el IRPF cedido, de modo que las rentas de más de 60.000 euros paguen dos puntos más y las superiores a 120.000, cuatro puntos porcentuales. Plantea además la creación de nuevos impuestos, comenzando por hacer efectivo el cobro del correspondiente a las “tierras infrautilizadas”, que se estableció hace más de 30 años en la Reforma Agraria, y siguiendo por la implantación del Impuesto Verde, que afectaría a los grandes establecimientos. También propone la recuperación del Impuesto sobre el suelo sin edificar y la implantación de otro sobre edificaciones en ruina, así como el endurecimiento de las tasas sobre el juego y la creación de un impuesto sobre campos de golf.

En materia económica y de creación de empleo, IU se diferencia claramente de C,s –la nueva formación política que Azorín definiría como “accidentalista"– y de Podemos, pues si la formación del catalán Albert Rivera, que en Andalucía encabeza el edil saluqueño Juan Marín Lozano, apela principalmente a la bajada de cotizaciones sociales, como si la Seguridad Social lo aguantase todo, y Podemos apuesta por el cooperativismo, IU plantea un Programa de Empleo Garantizado (PEG) y un Banco Público Andaluz (BPA), propuesta en la que coincide con el PSOE. A partir de una realidad de 1,3 millones de parados, el PEG u oferta estrella de IU, se fundamenta en la constatación de que “la falta de empleo no quiere decir que no haya trabajo”, la enumeración de las principales actividades económicas y sociales que requieren brazos e intelecto y en la descripción los beneficios de todo tipo –incluida la lucha contra el trabajo negro– que reportaría este PEG.

Con un coste neto del 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros) y una planificación democrática con participación de los municipios y los agentes sociales, IU calcula que se puede crear un millón de puestos de trabajo en un año en el conjunto del Estado, de los que la mayor parte serían en Andalucía. Plantea tres tramos salariales, en función de la cualificación, con unos salarios fijos que a jornada completa serían de 1.213, 1.040 y 867 euros brutos al mes por 12 pagas (en neto: 1047, 951 y 794). La concreción de las propuestas de la formación de izquierda para “transformar Andalucía” y ampliar el modelo productivo contrasta en todo caso con la generalización de sus competidores.

Contra la corrupción

Podemos e IU defienden los servicios públicos directos y la evaluación de las políticas públicas –materias en las que coinciden con el PSOE– y garantizan la probidad y la transparencia con reformas legales, administrativas y participación ciudadana. Podemos plantea una auditoría de la deuda pública andaluza y, en ese marco, el coste concreto de la corrupción urbanística y de las concesiones y privatizaciones de los bienes y servicios públicos como el agua, la energía, la enseñanza y la sanidad, entre otros. Por su parte IU aboga por una reforma administrativa que suprima las Diputaciones. Podemos promete rigor en las contrataciones públicas al tiempo que denuncia la existencia de 21.600 enchufados entre los 270.000 empleados dependientes de la Junta. La cifra de contratos por decisión política representa el 8% del conjunto del personal y bate el récord en una comunidad autónoma con un presupuesto anual de 30.000 millones de euros. Por su parte, C,s propone la supresión de todas las subvenciones a los sindicatos y a las fundaciones de los partidos políticos. A los empresarios y a las confesiones religiosas, no.

Los programas de Podemos, con el lema El cambio empieza en Andalucía, y de IU, con el rótulo Transformar Andalucía, aportan medidas administrativas, legales y de participación democrática para garantizar la probidad e impedir los abusos del dinero y los medios públicos. Las dos formaciones coinciden en las reformas necesarias para suprimir el veto a la creación de comisiones de investigación cuando las propongan dos quintas partes de los 109 diputados; es decir, 43. Podemos contempla la iniciativa ciudadana con un número de firmas que no concreta para crear comisiones investigadoras. Su propuesta más novedosa es el “referéndum revocatorio” para echar a los políticos corruptos e inútiles a los dos años de su elección. IU lleva un “código ético” de obligado cumplimiento que, entre otras cosas, impida el transfuguismo y obligue a devolver el escaño. También plantea una incompatibilidad de 4 años para los exconsejeros y exaltos cargos y la limitación de mandatos a tres legislaturas, una materia que C,s propone reducir a dos como máximo.

El programa del PP contradice a Rajoy; el del PSOE promete corrupción cero.