Montoro se escuda en la opacidad fiscal para ocultar información al Parlamento
Ahora que Hacienda no ha podido escamotear por más tiempo el informe que le reclamaba el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre los impuestos que el PP habría que tenido que pagar (220.167 euros) por los donativos sin declarar que recibió en el ejercicio de 2008, y que el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, se ha atribuido el mérito de una contestación que le ahorra el esfuerzo de tener que reprobar al ministro Cristobal Montoro, sabiendo de antemano que tiene perdida la votación, parece llegado el momento de poner de relieve la opacidad del titular de Hacienda y Administraciones Públicas ante otros asuntos relacionados con el trato fiscal por los que se han interesado diputados y senadores.
El último caso de toreo de salón del profesor Montoro lo ha sufrido el diputado cordobés Antonio Hurtado Zurera, un socialista inconfundible con su pajarita al cuello que se ha caracterizado por la defensa de los preferentistas hasta el punto de demostrar que el ministro Luis de Guindos introdujo y colocó el producto maldito de las preferentes cuando era el máximo ejecutivo de Lehman Brothers para España y Portugal. Hurtado preguntó a Montoro sobre las ayudas fiscales que el Gobierno viene concedido a las multinacionales españolas por sus inversiones en el exterior para comprar empresas extranjeras. Y Montoro le ha contestado que ni le puede decir el importe de esos beneficios ni, mucho menos le puede dar la relación de las sociedades beneficiadas. En términos textuales: "El Gobierno no puede facilitar a su señoría la identificación de compañías" porque lo impide el artículo 95 de la Ley General Tributaria de 2003.
¿Quién redactó esa ley que ampara la opacidad? El propio Montoro y sus colaboradores en la anterior etapa de gobierno del PP con el actual broker José María Aznar de presidente. La respuesta es además perogrullesca si tenemos en cuenta que la Comisión Europea señaló en octubre pasado que las ayudas fiscales, actualizadas con carácter retroactivo por el propio Montoro a los tres meses de volver al Gobierno, son "incompatibles con las reglas de la UE" y que algunos grandes beneficiarios --treinta multinacionales del sector eléctrico, telefónico, de la construcción, los seguros y el Banco de Santander--, quedaron al descubierto al recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la orden de la Comisión de devolver las ayudas.
Montoro y su equipo de colaboradores fiscales, con los que luego (2006) fundó un despacho de asesoría y estudio del que luego se desligó, también redactaron el decreto de unificación de la normativa sobre el Impuesto de Sociedades (BOE de 11 de marzo de 2004) que incluía las bonificaciones y exenciones por las inversiones españolas en empresas extranjeras siempre y cuando superaran el 5% de su valor. A aquel decreto remite ahora al diputado Hurtado Zurera para eludir la respuesta sobre si el Gobierno español va a reclamar los beneficios fiscales. Por cierto que el artículo 9.2c declara "parcialmente exentos" del impuesto a "los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales, los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos", lo cual no significa que no tengan que declarar o que se hallen totalmente exentos y sean equiparables a Cáritas o a la Cruz Roja, según el sesgo del informe despachado al juez Ruz.
En su respuesta a Hurtado, el titular de Hacienda se escuda en que el Tribunal Económico Administrativo Central español ya ha apelado al correspondiente europeo sobre la validez de los beneficios fiscales. Sin embargo, evita aclarar la posición del Gobierno inequívocamente a favor de los intereses privados, y omite que el recurso se produce después de que la Comisión Europea haya abierto un expediente por trampear la ley. En concreto, por promulgar en marzo de 2012 la mencionada aplicación retroactiva de las deducciones fiscales para incluir aquellas adquisiciones realizadas indirectamente a través de holdings financieros, que era una fórmula no contemplada ni admitida por la ley del Impuesto de Sociedades.
La persistente opacidad de Montoro ante la insistente demanda de la oposición de que publique la relación de las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron de su amnistía fiscal --el socialista Pedro Saura ha prometido que no descansará hasta que los ciudadanos la conozcan-- se extiende a otros asuntos de su negociado, como la facturación declarada por la Iglesia Católica a cuenta del patrimonio histórico artístico que administra. Los españoles --católicos o no-- sostenemos con nuestros impuestos --incluido el 1,5% cultural del conjunto de la inversión anual del Estado-- la restauración y conservación de la extraordinaria riqueza cultural, pero el titular de Hacienda impide que conozcamos el rendimiento económico directo. Y así ha negado al senador andaluz de Izquierda Unida (IU) José Manuel Mariscal Cifuentes la liquidación fiscal de los obispos por la venta de entradas para visitar la Mezquita de Córdoba y otros templos andaluces convertidos en fuente de ingresos para el clero.
El senador Marical ni siquiera obtuvo respuesta a su petición de datos sobre los bienes registrados como propiedad de la Iglesia Católica a partir de las facilidades que le concedió la normativa hipotecaria del PP y que han llevado a los obispos a inscribir tierras y edificios, incluida la propia Mezquita de Córdoba, como bienes de su propiedad. "La publicidad de estos datos deben proporcionarla los registradores titulares de los respectivos Registros de la Propiedad en donde pudieran estar inscritos los bienes", contestó el Gobierno a Mariscal como si el Catastro fuera una entelequia, un ente ignoto para el Ministerio de Hacienda y su titular Montoro.
