Montoro publicará en otoño las listas con 1.300 morosos y delincuentes fiscales

Los morosos y defraudadores tienen los meses contados. La lista de sinvergüenzas, olvidadizos y condenados por los jueces y tribunales por haber cometido fraude fiscal contendrá más de 1.300 nombres, según la primera estimación realizada en el gabinete del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, con datos de la Agencia Tributaria y del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al ejercicio de 2014. La previsión de Montoro es que el Consejo de Ministros apruebe el próximo 17 de abril la nueva Ley General Tributaria para que el debate parlamentario coincida con la campaña de declaración de la renta. La norma mantiene el secreto fiscal, pero incorpora el reproche social contra los grandes defraudadores.

"Parece que todo el mundo tiene problemas con Hacienda y que el que no los tiene, no es nadie en este país", comenta en tono irónico el propio Montoro al cronista días atrás en el patio del Congreso. "Los de la Agencia Tributaria están en un plan terrible", añadía en el mismo tono antes de reconocer seriamente que se puede publicar los nombres de los grandes defraudadores sin romper la protección de los datos personales ni el secreto fiscal. "Una forma es que se conozcan las sentencias judiciales por fraude, que ya son públicas", decía observando el madroño que plantaron los jardineros del Ayuntamiento de Madrid cuando era alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y que ha crecido a un ritmo superior del 2% anual. "Y estamos estudiando la manera de que la gente sepa quienes son los que no declaran nunca o no declaran todo, incluidos, por supuesto, los que tienen bienes y cuentas en el extranjero".

La fórmula finalmente incluida en el anteproyecto de Ley Tributaria consiste en publicar la lista de condenados por delito fiscal (defraudadores de más de 125.000 euros anuales) y la de deudores y morosos de mayor cuantía (a partir de un millón de euros) con la Hacienda Pública. La publicidad de los felones y delincuentes fiscales es, de hecho, la novedad más destacada por el Ejecutivo tras la presentación del anteproyecto el viernes pasado en el Consejo de Ministros. Las líneas generales, a falta del dictamen que en nueve días hábiles elabore el Consejo de Estado, auguran un abanico de posibilidades y negociaciones --incluída la fragmentación temporal de la deuda-- para evitar el reproche social derivado de la publicación de las listas.

Si tomamos las liquidaciones fiscales a destiempo o "autoliquidaciones extemporáneas" registradas por la Agencia Tributaria en los tres últimos años, vemos que en 2012 supusieron unos ingresos de 1.347 millones de euros, en 2013 fueron 1.014 millones y en 2014 ascendieron a 1.332 millones de euros. La mayor parte de esas autoliquidaciones eran de morosos y tramposos descubiertos por la inspección fiscal. Los que han pagado se librarán del escarnio público, pero quienes no hayan satisfecho la deuda que supere el millón de euros --el fraude aflorado y no satisfecho se mantiene en torno a 9.000 millones de euros-- serán señalados públicamente.

En cuanto a los condenados por delitos fiscales, el artículo 95 de la Ley General Tributaria de 2003, que elaboró el propio Montoro, ya les dejaba sin protección, aunque solo eran conocidos los que tenían relevancia pública como Carlos Fabra, Jaume Matas, Luis Bárcenas, la famosa familia de los Ruiz -Mateos, la de los Pujol y el yerno del rey Juan Carlos I de Borbón, Iñaki Urdangarín. Otros defraudadores pertinaces son menos conocidos. Algunos han acabado en la cárcel, caso Carmelo Aured, exalcalde de La Muela (Zaragoza), quien ingresó en prisión en 2013 por defraudar 734.666 euros a Hacienda. Aunque tenía dinero para pagar la multa, también había cometido delito de tráfico de influencias y la justicia fue implacable con él.

El aumento de los delitos fiscales durante la crisis económica ha incrementado el número de reclusos de tal modo que si en 2012 había 88, en enero pasado se contaban 173 presos por ese motivo. Cierto es que el porcentaje de los que acaban entre rejas por delito fiscal es muy bajo y casi siempre se halla en conexión con otros relacionados con la puerta trasera, la explotación humana y el mundo de la economía sumergida. Los nombres de los condenados (en prisión y en libertad) servirán ahora para incrementar una conciencia fiscal averiada por la amnistía decretada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy a favor de los grandes evasores y defraudadores, incluído el tesorero del PP. El objetivo del Gobierno es que la nueva Ley General Tributaria que viene a cerrar el círculo de las reformas de Montoro del IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades se apruebe antes del verano y las listas de morosos y condenados se publiquen coincidiendo con la campaña para las elecciones generales de noviembre próximo.