Bienvenidos al Estado policial

España será un Estado policial a partir del próximo 1 de julio. Así escrito suena excesivo, pero esa es la denuncia de dos asociaciones de jueces y una de fiscales, organizaciones como Amnistía Internacional o Rights International Spain, unos ochenta colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito, cinco relatores especiales de Naciones Unidas y toda la oposición parlamentaria al PP. Demasiada gente cree que la reforma del Código Penal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobadas el pasado 27 de marzo cercenan el Estado de Derecho. También 35 catedráticos universitarios que sostienen en un manifiesto que ese paquete legislativo bebe “de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”.

Estado policial sonaría excesivo si no fuera porque ese es el objetivo buscado, arrancar todo lo relacionado con el orden público de la esfera judicial para dejarlo en manos de la Policía. La técnica legislativa empleada es, más que sencilla, pedestre: en el reformado Código Penal desaparecen las faltas, infracciones leves que en torno a un 40 por ciento pasan ahora a ser delito mientras que el 60 por ciento restante quedan despenalizadas.

Esos actos despenalizados ya no constituyen materia penal, por lo que no serán sometidos al criterio de un juez. Pero pasan a estar incluidos en la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, lo que deja su sanción a criterio de la Policía, cuyos atestados decidirán la imposición o no de la correspondiente multa impuesta en vía administrativa por las Delegaciones del Gobierno. No hay sutileza alguna en la norma que con más énfasis ha impulsado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez: deja a los jueces casi sin competencias en materia de orden público/seguridad ciudadana mientras que el Gobierno asume la facultad de juzgar y sancionar a quienes participen en protestas callejeras… casi siempre contra las políticas del propio Gobierno.

Eso es lo que parece, que el Ejecutivo se ha buscado instrumentos con los que impedir protestas contra su propia gestión. Por eso la Ley de Seguridad Ciudadana tiene el dudoso honor de ser conocida dentro y fuera de España como Ley Mordaza, porque nace como respuesta a la desazón que ha provocado en el Gobierno y en el PP la contestación social que les ha acompañado durante toda la legislatura en forma de convocatorias a rodear el Congreso, de escraches, de ‘marchas por la dignidad’ o de concentraciones para frenar desahucios. En todo momento, ministros y dirigentes del partido se han sentido indefensos e indignados con una judicatura que ha desestimado la mayoría de sus denuncias mediante resoluciones que han preferido preservar la libertad de expresión y de reunión antes que el orden público.

A partir del 1 de julio, se acabó esperar resoluciones judiciales que siempre llegan tarde y casi nunca a gusto del Ejecutivo. Desde ese día, el mero atestado policial –que para un juez tiene el valor de denuncia, no de prueba- servirá para multar a quienes la Policía identifique como organizadores o promotores de manifestaciones no autorizadas o permitidas pero en cuyo transcurso se vulnera el orden público, o a quienes se nieguen a disolver una concentración cuando sean requeridos para ello por la Policía, o a quienes participen en un escrache o traten de impedir un desahucio. La Ley Mordaza incluye un amplio catálogo de 44 conductas sancionables con hasta 30.000 euros -600.000 en cuatro supuestos excepcionales- en función de una serie de variables a valorar siempre según el criterio de las Fuerzas de Seguridad.

Un ejemplo más: la ley prohíbe “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”. ¿Quién decide que se ha faltado al respecto a un agente? Pues según la ley, la propia Policía. De 100 a 600 euros de multa. La sanción administrativa es más rápida que la judicial, a veces más onerosa para el afectado y su poder disuasorio puede ser demoledor.

Es cierto que estas multas son recurribles en la vía contencioso-administrativa, pero el recurso sólo puede ser presentado después de pagar la sanción y el juez revisará sobre todo que el procedimiento administrativo de castigo haya respetado la legislación vigente, apenas entrará a valorar si el acto denunciado en el atestado policial se produjo o no, o si merece un correctivo como el aplicado en cada caso.

Reforma nada estética

Pese a toda la oposición desatada, la Ley Mordaza salió adelante aunque sólo con los votos del PP. Lo mismo ocurrió con la reforma del Código Penal, algo insólito en la actual etapa democrática. La modificación además introdujo en el ordenamiento jurídico la cadena perpetua, abolida en España en 1928. Ese será, al final, el único legado del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, primer y mayor impulsor de una figura a la que nunca se atrevió a llamar por su nombre y que aparece en el reformado código con el vergonzante eufemismo de ‘prisión permanente revisable’.

En realidad, ni el propio Ruiz-Gallardón pareció nunca muy entusiasmado con su propuesta, de dudosa constitucionalidad y que llegó al Congreso hace más de 18 meses para caer en un peculiar ostracismo. Todo el mundo la dio por muerta hasta que Rafael Catalá la rescató el pasado otoño mientras enterraba sin compasión el resto del legado de su antecesor en el cargo. Sometida a última hora a una tramitación de vértigo, la reforma no cosechó ni un apoyo externo ni siquiera tras la patética reunión que el mismo día de la votación definitiva mantuvieron los ministros de Justicia e Interior con asociaciones de víctimas del terrorismo y familiares de menores de edad asesinadas.

¿Por qué empecinarse en solitario en una iniciativa tan poco estética? Porque es año electoral. El PP necesita esquivar, aunque sea de manera momentánea, el espinoso tema de la corrupción. Por eso, a pesar de la alarma social que ese asunto sí provoca, la reforma del Código Penal apenas incluye un difuso delito de financiación ilegal de partidos políticos, no añade nuevos tipos penales, no endurece las penas de los ya existentes, no aumenta los plazos de prescripción ni diseña nuevos mecanismos de persecución del fraude fiscal.

En cambio, el Gobierno introduce en el debate público el tema del orden público porque ayuda a fijar la imagen del partido y a reconciliarse con su sector más conservador, herida por la que se desangra parte de su caudal de votos. Por eso la cadena perpetua, penas más duras y más eficaces instrumentos de castigo a las protestas callejeras.

Lo grave es que a partir del próximo 1 de julio será muy difícil revertir la situación. La queja ante organismos internacionales de poco sirve. Maina Kiai, relator especial del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, reconoció hace semanas: “nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del Poder Legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”. Kiai y otros tres expertos del comité exhortaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que desistiese de aprobar la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal, sin éxito alguno.

El recurso judicial individual de los ciudadanos que se vean afectados por la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana tampoco afectará al modelo policial creado. En realidad, es el Parlamento el que debe arreglar el desaguisado. Todos los grupos de oposición prometieron que derogarán la Ley Mordaza que acerca España a un Estado policial si así se lo permite un triunfo en las urnas. Pero la reforma del Código Penal incluye una serie de puntos pactados por el PP y el PSOE con la excusa de la mejora de la persecución del terrorismo yihadista, por lo que no son pocos los que ponen en duda la veracidad del compromiso socialista. Además, la Ley Mordaza beneficia los intereses del gobierno, de cualquier gobierno, y en época electoral todas las promesas se escriben con humo.