ONG's piden justicia para una inmigrante muerta por falta de atención sanitaria

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Imagen de archivo de una inmigrante durante una protesta por la retirada de la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles'. / Efe

Cuando murió Alpha Pam por falta de atención sanitaria, el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ordenó a su consejero de Sanidad, Martí Sansaloni, que abriera una investigación, de resultas de la cual fue cesado el director gerente del hospital de Inca, Fernando Navarro. Aquello ocurrió en abril de 2013. Cuando murió Jeanneth Beltrán por falta de atención sanitaria, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no ordenó investigación alguna a su consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, ni cesaron al director del hospital Vírgen de la Salud, en cuyo servicio de urgencias expiró sin recibir atención. Aquello ocurrió un año y un mes después, en mayo de 2014. Tan extraordinario avance en la exigencia de responsabilidad fue rubricado con la emisión de la factura del servicio de urgencias a la fallecida.

Ambos eran jóvenes. Alpha tenia 28 años y Jeanneth acababa de cumplir 30. Los dos eran inmigantes. Alpha vino de Senegal y Jeanneth, de Nicaragua. Ambos tuvieron la desgracia de residir en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha extractiva que con mayor saña aplica el Real Decreto‐Ley 16/2012 del Gobierno de España que suprimió la atención universal y vetó el acceso de los inmigrantes a los centros de salud. Alpha murió de tuberculosis después de que le negaran la atención en un centro de salud donde fácilmente le habrían diagnosticado la enfermedad. Jeanneth falleció de una afección renal en el servicio de urgencias del hospital toledano, donde también le negaron la asistencia. Ahora, un año después, la Fiscalía ha propuesto que se archive el caso. Tan extraordinario avance en la exigencia de responsabilidad ha motivado una carta abierta al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo por parte de la asociación solidaria Yo Sí Sanidad Universal que, junto con otras entidades cívicas de la Marea Blanca como Médicos del Mundo, viene denunciado el apartheid sanitario de los inmigrantes decretado por Mariano Rajoy y su ya exministra Ana Mato a los seis meses de llegar al Gobierno.

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Carta abierta

"Sr. Fiscal:

Nos hemos enterado por la prensa de que ha archivado las diligencias de investigación iniciadas tras el fallecimiento de Jeanneth Beltrán, el 23 de mayo de 2014, en el servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Usted expresa que “no hubo indicios, ni siquiera mínimos, de la comisión de un delito de homicidio por imprudencia”. Y concluye que “no existió relación entre la muerte de la joven y la atención sanitaria que recibió”. Las personas que día a día construimos Yo Sí Sanidad Universal no compartimos sus certezas. Las circunstancias que rodearon la muerte de Jeanneth nos autorizan a ello. El derecho a la duda es también nuestra certeza a no resignarnos: buscamos la verdad acerca de la muerte de Jeanneth. Debemos contar con una Justicia como servicio público útil, que indague en las causas de la muerte de Jeanneth, en las circunstancias que la rodearon, que se conozca el porqué y se lleguen a evitar finales trágicos como este, tal y como establecen los preceptos legales. La técnica procesal, con la expresión de “no hay indicios de delito”, es difícil de entender y aceptar.

¿Preguntó usted a los familiares y a la amiga de Jeanneth por lo acontecido en las cuatro horas que agonizó desasistida en Urgencias? Es posible que no tuviera Usted elementos suficientes para continuar con una investigación exhaustiva, y por ello queremos compartir algunos interrogantes: ¿Sabe Usted quién era Jeanneth De Los Ángeles Beltrán Martínez? Una joven nicaragüense, de 30 años, con madre, hermanos, una familia y amigos que hoy la recuerdan con dolor. Y que, como otras personas en situación semejante, migró a España para atender a nuestros mayores. Sin sus cuidados, la vejez habría sido aún más triste, despojada de toda ternura. Jeanneth vino a cuidar, pero ¿cómo es posible que no la cuidásemos a ella?

¿Sabe Usted por qué no acudió a un centro sanitario antes de que los dolores que padecía no le permitieran tenerse en pie? La entrada en vigor del Real Decreto‐ley 16 /2012 excluyó de la asistencia sanitaria a miles de personas. De un modelo de sanidad universal pasamos a otro con exclusiones y limitaciones. Es especialmente dura la implementación de la normativa en la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde no se respetan siquiera las excepciones que marca la norma, y se pretenden cobrar hasta las urgencias. La imposibilidad de obtener la Tarjeta Sanitaria y ver a un médico de Atención Primaria, ha dejado a demasiadas personas en condiciones de total indefensión. Las molestias de Jeanneth habían empezado tiempo atrás, pero ella sabía que “debía aguantar hasta que le llegaran los papeles”. No podía arriesgarse a dejar una cuenta impagada y que, como contrapartida, se le castigara con la probable cancelación del derecho a la residencia.

¿Sabe Usted cómo se hubiese controlado su enfermedad? Asistiendo al Centro de Salud, visitando a su médico de familia, opción que le fue negada. Jeanneth sufría una enfermedad poco frecuente, de fácil diagnóstico y perfectamente tratable en el servicio de Atención Primaria. Ella desconocía su mal, sólo el malestar hacía su presencia y borraba su sonrisa. “¿Pero a dónde ir? Ya pasaría… había que aguantar…” Hasta que no pudo más y fue a Urgencias, acompañada de una amiga que le ayudaba a tenerse en pie. ¿Sabe Usted qué sucedió en Urgencias? Llegaron a las 18.20. Su amiga pedía ayuda urgente; Jeanneth no veía, vomitaba, perdía el conocimiento, pero no la atendían. A las 23 horas la transfirieron de la sala de espera a atención en Urgencias. Jeanneth pasó cuatro horas agonizando. De haberse intervenido durante la primera hora es posible que se hubiera evitado su muerte. Pero fueron cuatro horas de abandono. Es muy injusto y doloroso morir desasistido en la puerta de un Hospital, ¿no lo cree Usted?

¿Sabe Usted qué hizo el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) con posterioridad al fallecimiento de Jeanneth? Remitió a nombre de la fallecida una notificación reclamándole la tarjeta sanitaria o el pago de la factura por la asistencia en el día que murió. Este es el cúmulo de barreras que impidieron la asistencia a Jeanneth. Este es el retrato de la deshumanización del SESCAM. ¿Sabe Usted que esta tragedia se repite cotidianamente? Para su información, hemos hecho un estudio sobre exclusión sanitaria y sus consecuencias desde la entrada en vigor del Real Decreto‐Ley 16 /2012, desarrollado, como brazo ejecutor, por el Real Decreto 1192/2012. Sistemáticamente se vulnera el derecho humano más básico, el de la vida, para los ciudadanos que residen en nuestro territorio. Puede ver el informe REDES en nuestra página web, los datos están ahí. ¿Sabía Usted todo esto cuando concluyó que no había indicios que justificasen la apertura de un juicio? Por todo lo expuesto le pedimos que reabra el caso y que sea la Justicia quien se pronuncie. Las normas mataron a Jeanneth, normas despiadadas con la población más débil y vulnerable. Eso no son indicios, son realidades. Y sí, Sr. Fiscal, hubo omisión de socorro en la Urgencia del Hospital.

¿Sabe Usted las consecuencias que se derivan de archivar el caso? Es silenciar la muerte de Jeanneth y participar en el mantenimiento de las leyes injustas que la han matado. Y que seguirán matando, a través de la exclusión sanitaria. Le invitamos a compartir con nosotros las acciones necesarias para evitar nuevos casos como el de Jeanneth. Deje el camino abierto para que la Justicia conozca y se pronuncie sobre un caso más en el que el letal Real Decreto‐Ley 16/2012 ha provocado una muerte dolorosa y absurda. Sea justo, apóyenos en la denuncia de esta muerte y de esta ley injusta".

Como es sabido, a las puertas de la campaña electoral autonómica y municipal, el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que los ciudadanos serán atendidos en los centros de salud aunque carezcan de tarjeta sanitaria. Su antecesora suprimió más de 900.000 acreditaciones y él no ha concretado ni cómo ni cuando repondrá el derecho humano abolido.