La desigualdad de votos y sueldos de los diputados recorre el mapa autonómico

Varios miles de papeletas acabarán en la papelera, sin ningún valor, en las elecciones autonómicas y  locales del 24 de mayo. Será la novena vez que esto ocurre desde la implantación del Estado de las Autonomías. ¿A qué se debe? ¿Cuántos votos cuesta cada escaño en cada una de las 13 autonomías que van a elegir sus parlamentos y gobiernos regionales? ¿Cuánto cobran sus diputados? ¿Qué ventajas tienen? ¿Cuál es el coste económico de estas cámaras?

Proclama la Constitución en su artículo 14 que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero esto no es cierto porque las distintas leyes electorales autonómicas hacen a unos más iguales que a otros en lo atinente al voto pasivo (como elegibles) y al activo (como electores). La primera desigualdad emana del porcentaje mínimo en cada autonomía para obtener representación. Algunas autonomías lo fijan en el 5%. Son Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja. En Canarias se exige el 6%. Otras lo han fijado en el 3% del voto válido. Son Asturias, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Ese primer escalón o porcentaje mínimo da idea del voto inútil a las formaciones minoritarias. Pero no son las únicas papeletas que acaban en la papelera porque los restos de las conseguidas por las fuerzas que quedan en tercero y cuarto lugar acaban en el mismo sitio por obra sin ninguna gracia del sistema de reparto que ideó en el siglo XIX el jurista y fiscalista belga Víctor D'Hont a mayor gloria de las fuerzas mayoritarias y la estabilidad política.

La tercera fuente de desigualdad brota del número de representantes o parlamentarios autonómicos. El censo global de 19.840.597 electores en las 13 autonomías sitúa el coste medio de cada uno de los 804 escaño en juego en 24.677,35 votos. Pero el reparto de representantes no es uniforme ni proporcional al número de habitantes con derecho a voto. El peso de las hectáreas y del nuevo caciquismo con artificios jurídicos análogos a los del conde de Romanones es más plomizo en unas que en otras.

Así, la reforma promovida en Castilla-La Mancha por la presidenta y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reduciendo a 33 diputados los 49 que hasta ahora componían las Cortes regionales, ha situado en 47.749 votos el coste del escaño, casi el doble de la media del conjunto y siete veces más de los 7.498 votos por escaños exigidos en La Rioja. La reforma Cospedal, rechazada por todas las fuerzas de la oposición en el Congreso de los Diputados, obedece a los cálculos electorales del PP y sitúa a los castellano-manchegos en manifiesta desigualdad representativa con el resto de los electores en las demás comunidades (Ver gráfico).

La desigualdad en las retribuciones de los diputados autonómicos constituye otra característica sobresaliente de las 13 autonomías. Para saber lo que cobran sus señorías y conocer el coste anual de los parlamentos de cada una pueden clicar en el mapa interactivo elaborado por Ana Isabel Cordobés (ver gráfico arriba) con los datos de los respectivos presupuestos de 2015. En términos generales, los diputados con dedicación plena perciben entre 45.000 y 65.000 euros anuales brutos. Los que tienen exclusividad en la Comunidad de Madrid cobran 3.503,46 euros y el 10% que compatibiliza el escaño con otros cargos de representación como alcaldes y concejales reciben 1.221,83 euros al mes por 14 pagas, más las dietas, complementos de funciones y asignaciones de los correspondientes grupos parlamentarios.

Un régimen diferente rige en la Comunidad Valenciana, la segunda autonomía en electores y escaños de las que celebran elecciones el 24 de mayo; las cortes pagan una retribución básica de 2.661 euros mensuales por catorce pagas a cada diputado y a partir de ahí nos encontramos una casuística tan variada de dietas y complementos que resulta farragoso desbrozarla. Vale destacar a modo de ejemplo que el vicepresidente primero de la Cámara suma a los 43.066 euros de sueldo una retribución complementaria de 22.390 al año del Grupo Popular. O que la alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, Rita Barberá, cobra 32.134 del Parlamento y 64.115 brutos al año del Ayuntamiento. En contraste, los alcaldes de Vila-Real (Castellón), José Benlloch, y de Sant Mateu en la misma provincia, Ana Besalduch, cobran un solo sueldo público como ordenó el PSOE en su día. Las dietas de transporte oscilan entre 7.060 y 10.590 euros al año en función de si residen a menos o más de 100 kilómetros de Valencia.

Aunque la normativa en materia de retribuciones es amplia y variada, destaca la tendencia de la derecha política en Castilla-La Mala, La Rioja y Castilla y León, a obstaculizar la presencia de los trabajadores en sus parlamentos. En La Rioja reciben una remuneración de 6.912 euros al año, una cantidad que por paradojas numéricas lleva un cero intercalado en el caso del presidente de la Cámara, que cobra 69.012 euros al año. En Castilla y León cobran 180 por asistir a cada sesión, más 0,20 euros/kilómetro por desplazamiento y sólo los portavoces y dos procuradores por cada grupo  tienen dedicación exclusiva con un estipendio de 3.977 euros brutos al mes por 14 pagas al año. Y en Castilla-La Mancha reciben 150 euros por sesión y una asignación que oscila entre 455 y 1.344 euros según los meses.

Se comprende que los diputados con menos posibles tengan que dedicarse a su trabajo, con la consiguiente desventaja para las relaciones y el estudio de cada temática. No obstante, la clave de la dedicación plena hay que buscarla en las subvenciones a los grupos parlamentarios, que en el caso de Castilla y León es opaca y forma parte de los 3,5 millones de transferencias de las Cortes y en el de Castilla-La Mancha asciende a 1.382.000 euros este año a repartir entre el PP y el PSOE, los dos únicos partidos con representación parlamentaria. Esta fórmula permite premiar a los afines y castigar nominalmente, por la nómina, a los discrepantes.