La propuesta fiscal de Podemos incluye la revisión de los amnistiados por Montoro

La propuesta fiscal de Podemos reduce a 50.000 euros el delito fiscal, incrementa al 35% el Impuesto de Sociedades cuando los beneficios superen el millón de euros, avanza en la progresividad del IRPF achicando los tramos residuales y, para sorpresa de propios y extraños, suprime el tramo intermedio del IVA y eleva un punto el mínimo (del 4 al 5%) y el máximo (del 21 al 22%). Los expertos del Círculo Económico han colocado esta y alguna otra trampa menor para que Pablo Iglesias y sus compañeros de la dirección estatal la subsanen en el debate que mantendrán el martes que viene. El pragmatismo reformista, con una fuerte orientación democrática y social, inspira el documento que pueden leer en su integridad en este enlace.

Los redactores colocan la lucha contra el fraude, con sus diversas y sofisticadas modalidades, en el centro de las reformas legales y del fortalecimiento de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que plantean. El objetivo podrá parecer novedoso en relación con las últimas modificaciones tributarias del ministro Cristobal Montoro, pero no es revolucionario ni, mucho menos, expropiador. Se trata, según los redactores, de colocar al Reino de España en el promedio europeo de ingresos fiscales, lo que exigiría medidas para incrementar el combate contra el fraude y la evasión hasta alcanzar unos 70.000 millones de euros anuales. Si el promedio fuese el de los 17 países del euro, la cifra alcanzaría 90.000 millones.

Ante la brecha del fraude, Podemos anuncia una primera medida como es el análisis en profundidad de la "procedencia lícita" de los fondos que se acogieron a la amnistía fiscal del Gobierno del PP en 2012. Según los datos oficiales, 30.000 defraudadores afloraron 40.000 millones de euros al módico precio del 3%, pues solo pagaron 1.200 millones. Podemos llevará a la reforma de la Constitución la prohibición de las amnistías fiscales. Pero sus expertos asumen que es muy difícil transformar las tendencias de plomo en conductas de oro de la noche a la mañana, y dejan abierto el portillo de la regularización voluntaria al tipo correspondiente, más la multa y los intereses de demora a cambio de no incorporar los nombres a los listados públicos de grandes defraudadores.

La formación que encabeza Iglesias no se anda con medias tintas a la hora de reforzar la autoridad de los inspectores tributarios y plantea una reforma urgente del artículo 18.2 de la Constitución para que puedan acceder al domicilio de las sociedades mercantiles y a la sede de las empresas en el ejercicio de su función. Se trata de superar la "indebida extensión de la inviolabilidad del domicilio de las personas físicas a entidades a las que difícilmente se les puede reconocer un derecho a la intimidad constitucionalmente protegible". En este sentido han redactado la excepción a la inviolabilidad del domicilio: "Los órganos del Estado encargados de la aplicación de los tributos, de la legislación laboral y de las leyes antimonopolio podrán entrar en los domicilios de las sociedades mercantiles y en las sedes de las empresas para el cumplimiento de sus funciones en los términos establecidos por la ley".

La propuesta, que contiene otras medidas antifraude como la ampliación hasta 30 meses de los procedimientos de inspección y la publicación de los listados de deudores insolventes y de los fraudes detectados más relevantes, amplia el plazo de prescripción de los delitos de fraude a 10 años y rebaja de 120.000 a 50.000 euros la defraudación que se haya cometido en el seno de un grupo u organización criminal o mediante los ardides jurídicos más habituales: sociedades pantalla, testaferros, paraísos fiscales y territorios de nula tributación.

Los redactores hacen suyo el documento elaborado por Inspectores de Hacienda del Estado, titulado Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude: propuestas y recomendaciones,  presentado en junio de 2014. Estiman que sin tocar el IVA y el IRPF, sólo con la aplicación de cuatro de las medidas que plantean se incrementaría la recaudación en 27.500 millones de euros al año (Página 42). Sobre los paraísos fiscales recuerdan el informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa que en 2011 constataba la presencia en paraísos fiscales de 33 de las 35 empresas del IBEX y decía que el número de filiales y sociedades participadas o dependientes había aumentado un 60% desde el año 2009. El remedio para este tipo de abusos pasa por exigir mayor transparencia y detalle de los estados contables de las multinacionales. También recogen las enseñanzas del economista francés Tomás Piketty y su colaborador Gabriel Zucman en sus libros El Capital en el Siglo XXI y La riqueza oculta de las naciones. Investigación sobre los paraísos fiscales.

Junto con medidas como la identificación de la "deuda odiosa" o socialmente ilegítima y la auditoría anual del endeudamiento, la propuesta fiscal contempla como derechos fundamentales que deben formar parte del título I de la Constitución la atención sanitaria pública, una pensión digna que no pierda poder adquisitivo, una educación pública de calidad, la vivienda, la prestación suficiente por desempleo, la atención a las personas dependientes y a la actividad reproductiva. Y subraya que la prestación ha de ser pública y que será financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias.