ONGs denuncian la "enorme resistencia" de Interior a aplicar el nuevo reglamento de los CIE

Ana V. Toscano *

CIE_Zona_Franca_Barcelona
Un policía, rodeado de material antidisturbios, observa a los inmigrantes internados en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. / Andreu Dalamau (Efe)

Publicidad

Ha pasado más de un año desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó, en marzo de 2014, el nuevo reglamento de funcionamiento y régimen interior para los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que existen en España. Sobre el papel, aunque con muchos ‘peros’ de las organizaciones sociales y una sentencia del Tribunal Supremo que anula cuatro de sus artículos más polémicos, la normativa suponía una mejora en el modelo de gestión y en la atención social que se proporciona a los internos.

Publicidad

Pero en este tiempo, según denuncian distintas ONG, no ha habido ni “cambios”, ni “mejoras sustanciales”, ni siquiera “una mínima implementación del nuevo reglamento”. “Por el contrario, se observa una desidia y resistencia enorme por parte del Ministerio del Interior a revisar el funcionamiento de los CIE”, reza un demoledor informe que el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM) ha presentado esta semana en la sede de la Defensoría del Pueblo.

Para Daniel Izuzquiza, coordinador de Pueblos Unidos y uno de los responsables de este estudio, la “sangrante realidad” de los CIE un año después es que las “vulneraciones de derechos” que llevan años denunciando “se siguen produciendo”. Según alerta Inés Díez, responsable del departamento jurídico de Red Acoge, el problema parte de que el Gobierno ha pretendido hacer estas modificaciones “a coste cero”. “Y así ha sido, desde luego, sin gastarse un euro. Pero, ¿en qué país se aprueban normas que se sabe de antemano que no se van a cumplir porque no hay dinero?”, se pregunta indignada.

En teoría, el nuevo reglamento garantiza servicios de asistencia social y cultural en cada centro, pero hoy sólo existen en los de Madrid y Barcelona y ”en unas condiciones ciertamente precarias para el número de internos y la complejidad de las situaciones que abordan”, señala SJM. Igualmente, desde hace más de un año, los internos deberían haber podido disfrutar de asistencia jurídica. Este servicio sólo se presta en Madrid y, desde el mes pasado, se ha empezado a aplicar en Barcelona.

Ni los recluidos en Murcia, Valencia, Algeciras, Fuerteventura,Tenerife ni en Gran Canaria saben aún lo que eso significa. Por eso la queja más frecuente entre los internos es la falta de información acerca de su situación jurídica tanto a su ingreso como durante su estancia en el CIE.

Tampoco se han constituido aún en ninguno de los ocho centros las denominadas Juntas de Coordinación, un órgano colegiado donde deben estar representadas todas las unidades y servicios de los CIES y entre cuyas funciones están las de elaborar informes sobre las peticiones y quejas que formulen los internos.

No son sólo las organizaciones sociales las que denuncian la deplorable situación en la que viven estas personas. La Fiscalía General del Estado alertó en su informe de 2014 de que, “en términos generales, las instalaciones con que cuentan los CIES son solamente aceptables”. Y calificó de “especialmente preocupantes” las condiciones del centro de Algeciras, ubicado en una antigua cárcel y cuyo cierre ha solicitado reiteradamente

Informe_Servicio_Jesuita_Migrantes
Portada del informe 2015 del Servicio Jesuita a Migrantes.

También la Defensora del Pueblo, Soledad Jiménez Becerril, recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad en un informe de junio de 2014 sobre la situación de las personas privadas de libertad el establecimiento de un modelo de parte de lesiones igual para todo tipo de internos en España. Asimismo, pedía que los servicios médicos públicos entregaran el parte “directamente, sin demora y sin intermediarios” a la persona interesada, al juzgado de guardia o, en su caso, al juzgado que controla la privación de libertad, con el fin de que la intervención del médico forense, que es quien realizará el informe que debe ayudar al juez a determinar el origen y las consecuencias de las lesiones, no se realice de forma muy tardía, cuando las lesiones ya hayan desaparecido o se hayan modificado sustancialmente”.

Según denuncia SJM en su informe, “a veces los servicios médicos han dicho al interno que debe solicitar la copia al director; otras, se le ha indicado que tiene que solicitarlo su abogado o, en ocasiones, al juez”. “Hasta tenemos testimonios que refieren que se les aconsejó ‘por su bien’ no insistir en reclamar el parte. ¿Cómo van a poder denunciar entonces presuntas agresiones?”, cuestionan los jesuitas.

Ante situaciones como las descritas, las organizaciones y entidades en defensa de los derechos humanos y contra el racismo y la xenofobia piden el cierre definitivo de los CIE. El Gobierno, en cambio, ha anunciado que quiere abrir tres nuevos: uno en Algeciras (para sustituir las pésimas condiciones del actualmente existente), otro en Málaga (el anterior fue cerrado por sus obsoletas condiciones e instalaciones) y otro en Madrid.

La razón de que se plantee este “incomprensible aumento de las plazas de internamiento cuando no existe demanda dada la baja tasa de ocupación de algunos centros” es, para SJM, que en España “se continúa abusando del internamiento”. Y ello, a pesar de que la ley configura este régimen como algo excepcional. En algunos casos, se utiliza incluso sabiendo que no hay perspectivas razonables de que el interno pueda ser efectivamente expulsado. En 2013, por ejemplo, un 47,5% de los internos no llegaron a ser expulsados después. De ahí que los jesuitas exijan en su informe “mayor cautela a la hora de solicitar (policía) y autorizar (jueces) los internamientos”.

Macrovuelos de deportación

Red Acoge también da la voz de alarma sobre el aumento, cada vez más generalizado, de las denominadas “expulsiones exprés”, que son las que se ordenan directamente desde las comisarías (es decir, que no están autorizadas por un juez) en un periodo inferior a 72 horas.

Inés Díez explica que este mecanismo, que casi nunca agota el plazo máximo, dificulta que las ONG puedan presentar medidas cautelarísimas que eviten las deportaciones. “En muchas ocasiones, cuando queremos plantear algo, ya están volando hacia su país de origen, no tenemos tiempo casi a reaccionar”, lamenta.

El presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Solans, señaló a finales del año pasado que “la policía lo ha tomado como una mecánica más eficaz, porque las posibilidades de defensa se ven muy mermadas”. Esto ha provocado que ya sean más las expulsiones dictadas desde las comisarías que desde los CIE (en 2013, 4.726 se hicieron tras una orden judicial y desde los centros frente a las 6.462 expulsiones que se ejecutaron por orden policial).

Además, SJM advierte de “la utilización ocasional de reclamos y engaños por parte de la policía para proceder a la detención de las personas”, algo que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Se ha llegado incluso a buscar a las personas migrantes a sus casas, sus asociaciones, a las puertas del colegio de sus hijos o se procede a citarles para que acudan a comisaría a realizar trámites de su interés”, explica la organización en su informe.

Según señala, este aumento de las expulsiones exprés está “íntimamente relacionado con los macrovuelos de deportación”, una práctica también creciente. “Cuando se programa un macrovuelo a uno o varios países de origen, se activa una persecución discriminatoria de los ciudadanos del país de destino para llenar los vuelos”, apuntan los jesuitas.

Ante ello, exigen que la policía valore las circunstancias personales, familiares y sociales de las personas cuya expulsión se decide desde una comisaría y, sobre todo, que cesen las “argucias” para expulsarlos, ya que se han dado casos de inmigrantes con una orden de expulsión “por mera estancia irregular, sin antecedentes y con mucho arraigo en España”.

Es lo que le pasó a un joven hondureño de 19 años. Fue detenido un jueves por la tarde cuando iba en bicicleta al instituto donde estudiaba. El sábado por la mañana fue expulsado a su país. La policía ignoró, según el SJM, que su madre lo trajo a España con 15 años después de traer a su hermana. Madre e hija ya tenían permisos de residencia de larga duración. Los tres formaban un núcleo familiar estable y vivían juntos. Él también había obtenido ya los documentos para regularizarse y tenía cita a los pocos días de su detención. Carecía de antecedentes penales.

(*) Ana V. Toscano es periodista.