La 'trama eólica' compromete la continuidad de Trillo como embajador

La trama de corrupción política de la Administración del PP en Castilla y León, a cuenta de las licencias de los parques eólicos, fue atribuida ayer en el Parlamento a un concepto tan lábil como "la condición humana" por el ministro Cristóbal Montoro. El titular de Hacienda y Administraciones Públicas invocó incluso el fantasma del exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que tenía cuentas en Suiza, según dijo, para no entrar en la trama de "extorsión y pillaje"- según palabras de la socialista Soraya Rodríguez- que ha beneficiado, en calidad de 'asesores', a personajes de la política nacional del PP como el actual embajador en Londres, Federico Trillo Figueroa, y el diputado por Murcia y portavoz económico Vicente Martínez-Pujalte a través del despacho que creó con su compañera de escaño y actual senadora por Valladolid Ana Torme. La situación de Trillo como embajador del Reino de España en Reino Unido resulta insoportable si se confirma que mintió al Parlamento, admitieron algunos diputados del PP.

El nuevo thriller de corrupción y presunto tráfico de influencias de los políticos del PP va más allá del título a lo André Malraux que le puso Montoro y adquiere una dimensión histórica si consideramos que la urdimbre de las comisiones a cambio de la agilización de las licencias de los parques eólicos afecta a personajes relacionados en su día con la gestión del dinero público a la minería. El más sonoro y significativo en la Administración de Juan Vicente Herrera es Pablo Trillo, hermano menor del embajador español en Londres. Este Trillo ya era asesor jurídico de la Junta en los años 80, cuando su presidente José María Aznar firmaba entregas de más de 100 millones de las antiguas pesetas con cargo a las subvenciones públicas a la minería para una empresa que ni tenía minas ni dominios mineros en Castilla y León. Por aquellas prácticas, el Tribunal Supremo acabó condenando, una década después, al consejero de Economía y Hacienda de Aznar, Miguel Pérez Villar.

Cuando el letrado Trillo fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León por el presidente Herrera, a finales de 2005, su hermano Federico, ya expresidente del Congreso y exministro de Defensa, comenzó a compatibilizar sus funciones de diputado con las de asesor de la empresa Callosa, implicada en la trama de los parques eólicos. Para la socialista Rodríguez, que mostró los documentos a Montoro desde la tribuna, no es casual que Federico Trillo firmara un contrato de asesoramiento que le reportó más de 350.000 euros entre 2006 y 2008 con una sociedad que está en el centro de la trama de 'extorsión'. El 'asesoramiento' del despacho de Trillo se produjo cuando su hermano tenía competencias en la materia como alto cargo de la Junta -Soraya Rodríguez dijo era el responsable de conceder las licencias y éste lo desmintió públicamente una hora después- y coincidió con el trienio que mayor número de licencias expidió el Ejecutivo de Herrera a través de las sociedades intermedias de la trama.

“Asesorar a una empresa que está en una trama para conseguir licencias que más tarde se venden a las empresas finalmente ejecutoras de los parques eólicos, sin duda es una actividad ilegal”, afirmó la exportavoz socialista. Pero el mayor reproche, que alarmó a algunos parlamentarios del PP y dejó preocupado al propio presidente de la Cámara, Jesús Posada, es que el embajador Trillo "mintió al Parlamento" cuando declaró que las actividades de su despacho privado como abogado (es letrado jurídico de la Armada) no tenían relación con el sector público ni con empresas beneficiadas con contratos, subvenciones y concesiones de las Administraciones Públicas. Como es sabido, Trillo pasó a Martínez-Pujalte la asesoría de su cliente Collosa.

La diputada Rodríguez, que cifró en 110 millones de euros el "pelotazo" de los "extorsionistas" en la concesión de las licencias de 35 parques eólicos, una cifra que se podría multiplicar por 8 si la práctica y el porcentaje de la trama afecta a los 280 parques existentes en Castilla y León, interpeló directamente a Montoro como responsable del retraso del expediente del inspector de Hacienda que hace ya más de un año destapó la trama. "¿También tomaba usted café con la delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, Georgina Lastra?", le preguntó. Montoro aseguró que no la conoce. Curiosamente, Lastra fue secretaria general de la Consejería de Economía y Hacienda y su nombramiento como delegada especial de Hacienda fue rubricado por el ministro.

Rodríguez desveló el intento de ocultar el resultado de la investigación de Hacienda para proteger a los corruptos vinculados al PP. En su opinión, las maniobras y presiones fueron tremendas. "Lo normal -dijo ya en la tribuna- es que el informe lo saque el superior, pero como el inspector que lo elaboró veía que no lo cursaba, se vio obligado a registrarlo y hacerlo público, y a partir de ahí intervino la Fiscalía Anticorrupción". Montoro eludió una explicación. Para él, el thriller "no es nuevo, es la condición humana", y si algo demuestra es "el funcionamiento eficaz de las instituciones". Sin embargo, para la interpelante socialista demuestra algo más: "Un falseamiento e incumplimiento de las incompatibilidades que nos avergüenza". En estas prácticas, incluyó al diputado del PP Alfredo Conde. A la espera de las diligencias judiciales, la trama eólica también enseña cuán vigente sigue la fábula del amargo Bierce sobre el encuentro de Principio Moral e Interés Económico en aquel puente por el que sólo cabía uno de los dos. Después de examinar las posibilidades, Principio Moral aceptó tenderse en el suelo y que Interés Económico pasase por encima. Pero Interés adujo que sus pies eran muy delicados y le indicó que, mejor, se tirase al río. Y así fue.