IU encabeza la exigencia de investigación de la 'trama eólica' de corrupción

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José Sarrión, candidato de IU-Equo-Convergencia por Castilla y León a la presidencia de la Comunidad. / A. Alvarez (Efe)

En cuanto se constituyan las nuevas Cortes de Castilla y León, Izquierda Unida (IU) encabezará la petición de que se forme una comisión de investigación sobre la trama de corrupción de las licencias de parques eólicos en esta comunidad autónoma. Así lo asegura a cuartopoder.es su candidato a la presidencia, José Sarrión. No estará solo; Alejandro Valderas, hasta ahora portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el parlamento autonómico, afirma que su formación exigirá la aclaración y las responsabilidades políticas de los gobernantes del PP. Ambos esperan contar con el respaldo del PSOE, cuya portavoz, Ana Redondo, ha recordado la estructura jerárquica del Ejecutivo regional y responsabilizado al presidente y candidato a la reelección, Juan Vicente Herrera.

Quiere decirse que la trama de enriquecimiento de altos cargos con las licencias de los molinos de viento no se va a solventar con la ‘amortización’ o retirada anunciada por el vicepresidente y consejero de Economía, Tomás Villanueva Rodríguez. Por el contrario, cada día que pasa aparecen nuevos datos que revelan tratos de favor, corrupción y presuntos delitos de tráfico de influencias, aparte del fraude fiscal, ya en manos de la fiscalía. Pero para eso será necesario que el PP pierda la mayoría absoluta en las elecciones del 24 de mayo. «Así debería ocurrir, aunque solo fuera por higiene democrática», dice Carrión antes de destacar que el caso de los parques eólicos es una estación más del largo recorrido de la corrupción y el tráfico de intereses entre el Gobierno autonómico y determinadas empresas públicas».

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Carrión apuesta por «replantear la forma de gobierno y el modelo productivo» en esta comunidad autónoma que está lejos de ser, dice, esa «isla en el mapa de la corrupción» de la que habló Herrera, y que se ha caracterizado por «la opacidad» y «un clientelismo muy oscuro». En términos coincidentes se expresa Valderas, quien se queja amargamente de que, en todos estos años, no han podido plantear ninguna petición de investigación porque el reglamento de las Cortes se lo impide. «Esperamos que la gente despierte y que la corrupción pase factura al PP», afirma, aunque es consciente de las dificultad del objetivo porque, entre otras cosas, Herrera está utilizando la Junta en beneficio propio y estaría incumpliendo la ley electoral con 12 campañas publicitarias desde que el 30 de marzo se convocaron las elecciones.

A los impedimentos de las Cortes de Castilla y León para aclarar la trama eólica, se añade ahora el objetivo de Herrera de zanjar el asunto «de unos trincones», dice, con la retirada política de su vicepresidente y consejero de Economía, Villanueva. En su comparecencia extraordinaria en las Cortes, el pasado 27 de abril, este hombre de 61 años, cofundador de FAES con José María Aznar, dijo que se considera «amortizado» y anunció su jubilación al tiempo que reclamó respeto para «la dignidad de su familia», a la que ningún portavoz de la oposición había aludido. Como «ingeniero jurídico» de la trama eólica (elaboró la normativa) ya fue advertido en 2006 por los socialistas de que el sistema de licencias sentaba las bases de la arbitrariedad y la corrupción. Sin embargo, ni él ni el presidente Herrera aceptaron modificaciones. Por el contrario, fragmentaron los parques eólicos para facilitar los negocios de intermediación en la trama de las licencias.

Cargos públicos, negocios privados

Ahora, Villanueva afirma que eran «asuntos y contratos privados». De ellos se lucraba su hombre de confianza, Rafael Delgado Núñez, que siempre le ha acompañado como alto cargo de diversas consejerías: Industria (1995-99), Educación (1999-2003), Economía (2003-2007) como Viceconsejero, y como secretario General (2007-2011). Además, Delgado ha sido consejero de la agencia de inversiones de la Junta, ADE, en las divisiones internacional, de parques y de financiación, así como consejero de Castilla y León Sociedad Patrimonial y de la también pública Somacyl. Aunque oficialmente cesó en 2011, se mantuvo vinculado a varias sociedades de la Junta hasta 2013, lo que supone que muchos de los ingresos irregulares detectados por la inspección fiscal y los pagos que recibía desde Suiza corresponden al tiempo en el que estaba vinculado al Ejecutivo de Herrera, y que, según el análisis realizado por el procurador de UPL, Valderas, «no es un comportamiento irregular, posterior a su época de la Junta», tal como ha argumentado Villanueva.

Delgado firmó como viceconsejero, a las órdenes de Villanueva, las licencias de los parques eólicos entre el 14 de abril de 2002 y el 13 de julio de 2007, y concentró previamente todas las atribuciones legales que hasta entonces estaban en la Dirección General de Minas, sita en León, y en los Servicios Territoriales de la Dirección General de Minas en cada provincia. Tras desvincularse oficialmente de la Junta, se hizo cargo de la consultoría Four Innovation, con sede en una zona residencial de Madrid, de la que formó parte Rafael Naranjo Anegón, imputado en el caso Gürtel por pago de comisiones, y relacionado con el ya exdiputado del PP Jesús Merino y con el extesorero Luis Bárcenas. Las fuentes informantes aseguran que tenía cuentas en Suiza y se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy. Delgado también participa en Ídolos Sports, con sede social en Madrid; Hispania Soluciones, dedicada a suministros de informática; en Samuño Activos, intermediaria en valores y compraventa de inmuebles, y en la consultoría de empresas Delgado Núñez, con el mismo domicilio social en Madrid.

De Valladolid a Varsovia

La relación del colaborador de Villanueva, Delgado, era muy estrecha con el también exalto cargo de la Junta, Alberto Esgueva, quien se embolsó 47 millones de euros mediante la concesión de licencias a la sociedad que promovió (Energía Global Castellana) con 27.000 euros para después venderla a Iberdrola. Aunque cesó en 2006 como consejero delegado de la agencia pública de fomento de la exportación Excal y de la agencia de inversiones para el desarrollo económico ADE, Villanueva no ha podido aclarar por qué, según algunas fuentes, en 2012 seguía operando desde la sede de Excal en Düseldorf (Alemania). Valderas le preguntó expresamente por esa circunstancia y el consejero evitó responder.

Según los datos recabados por el parlamentario de UPL, Esgueva tiene registradas en Polonia 15 empresas con los nombres de South Pacific Sp y de Kronos (relojes), a los que ha añadido términos como Platinum, Kapital, Global, Poska y otros. También ha registrado el Grupo San Cayetano, Okre Grojecka, Bonaventure Resorts, Intercatia Polska e Intercatia Delikates. La investigación deberá determinar si, además de forrarse con la trama eólica, Esgueva utilizó su cargo de consejero delegado de Excal en beneficio de sus negocios privados. El Grupo San Cayetano (una empresa de envases y cartonaje), que regentaba con su hermano, recibió 6,3 millones de euros de la Junta en 2009 y 2010, y presentó concurso de acreedores en 2014, dejando a 200 trabajadores en paro. Sus instalaciones habían sido inauguradas por Herrera en 2004.

Favores y asesores 

La trama de corrupción contó, además, con la aquiescencia del entonces consejero de Medio Ambiente y portavoz del PP en las Cortes la pasada legislatura, Carlos Fernández Carriedo, y de su correligionaria y actual senadora, María José Ruiz, y fue heredada en 2011 por el consejero de Fomento al asumir Medio Ambiente, Antonio Silván. Este político que ahora aspira a la alcaldía de León en sustitución del defenestrado Emilio Gutiérrez rechazó las dos propuestas de UPL para resolver los pleitos derivados de la mala tramitación inicial de los parques eólicos. Como consejero de Fomento desde hace más de diez años trabajó con Construcciones Llorente (Collosa), considerada la «empresa de cabecera» de Fomento, también implicada en la trama, que tuvo en nómina como asesor al ahora embajador en Londres Federico Trillo y a los parlamentarios del PP Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme. Si el diputado cobraba 5.000 euros todos los meses por su asesoramiento verbal mientras tomaba café con un directivo de Collosa, la senadora y exdiputada por Valladolid, licenciada en Geografía e Historia, Torme, le facturó 82.792 euros entre 2009 y 2011, en plena crisis, desde el despacho que tuvo a medias con Pujalte hasta enero de 2012.

Los tres parlamentarios nacionales del PP recibieron el visto bueno del Congreso de los Diputados para sus actividades privadas, previa afirmación de que no guardaban relación con empresas o entidades con contratos e intereses relacionados con las administraciones públicas. El PSOE ha pedido una investigación de la Comisión de Incompatibilidades para determinar oficialmente si «mintieron». Lo cierto es que, si ocultaron la verdad y recibieron 420.000 euros por sus asesorías, las Cortes Generales carecen de normativa sancionadora y sólo cabe la petición de dimisión.

La investigación parlamentaria podría determinar si los empresarios asesorados por los representantes de la soberanía nacional recibieron trato de favor de la Junta de Castilla y León, como, por ejemplo, el alquiler al grupo Collosa del edificio que alberga la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por 778.913 euros anuales, un precio superior al del mercado de oficinas en Valladolid. El contrato fue suscrito por la secretaria general de la consejería de Hacienda, Georgina de la Lastra, según informó eldiario.es. De la Lastra volvió a la Agencia Tributaria en 2007 y fue designada por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha asegurado que no la conoce, delegada especial de Hacienda en Castilla y León, donde intentó retrasar el informe del inspector fiscal que desveló el entramado de corrupción.