El PP aprueba la ley que permite declarar los toros "patrimonio de la humanidad"

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El portavoz del PP, Juan de Dios Ruano, durante su intervención de hoy. / Grupo Popular en el Congreso (YouTube)

Con la abstención del PSOE y el voto contrario de los nacionalistas de CiU y PNV, Izquierda Plural, UPyD y parte del Grupo Mixto, el PP ha aprobado definitivamente la ley que incluye las corridas de toros como “patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”. Para la derecha nacional no era suficiente declarar los toros bien de interés cultural mediante la ley aprobada en noviembre de 2013; hacía falta incluirlos en el “tratamiento general” de las manifestaciones culturales que como el flamenco y la dieta mediterránea ya han sido reconocidas patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco.

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Al incluir la Tauromaquia, así, con mayúscula, entre las representaciones, expresiones étnicas y culturales, conocimientos y técnicas propias de la identidad cultural de los pueblos, el Gobierno y los legisladores de la derecha nacional equiparan el negocio y espectáculo del sufrimiento, el sacrificio y la muerte de los herbívoros en los ruedos con la trashumancia, la Semana Santa, el mantón de Manila, la jota, el silbo gomero, la sardana y otras manifestaciones de la idiosincrasia e identidad de los pueblos. Y les otorga una protección especial desde los poderes públicos. Para que quede claro, la ley incluye una disposición final sexta (página 29) que dice que la Tauromaquia merece este tratamiento “sin perjuicio de las previsiones contenidas en la ley 18/2013 para su regulación como patrimonio cultural”.

La norma ha sido concebida como un complemento de las actividades protectoras que llevan a cabo las Comunidades Autónomas, y establece una serie de situaciones en las que la Administración General del Estado puede intervenir para declarar “Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial”. Por ejemplo, cuando el bien supera el ámbito de una comunidad autónoma o cuando el gobierno de turno entienda que un bien posee especial relevancia y trascendencia internacional. El portavoz del Grupor Popular, Juan de Dios Ruano, destacó que la norma beneficia a todos y “demuestra el amor por la cultura española”.

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Lo que de verdad demuestra, según la portavoz socialista Susana Ros es “la obsesión por la tauromaquia” de los gobernantes del PP y la ambición competencial. Las dudas al respecto llevaron al PSOE a abstenerse en la votación. Por Izquierda Plural, Ascensión de las Heras dijo que la nueva ley es “un capricho” del PP, además de una “provocación” y una “imposición” centralista frente a los que denuncian y prohíben el maltrato de animales por placer o divertimento. Además vulnera, dijo, las competencias autonómicas.

Los nacionalistas basaron su rechazo en “la clara extralimitación competencial del Estado”, según dijo Monserrat Surroca, de CiU. Joseba Aguirretxea vio en el texto una “mentalidad hipercentralizadora” y la sospecha de que el Gobierno no quiere que las competencias sobre las corridas de toros estén en manos de las autonomías. Fuera del Congreso, Ecologistas en Acción acusó al Gobierno de imponer la tauromaquia e intentar de nuevo acabar con las prohibiciones de las corridas de toros existentes en el territorio estatal, faltando al respeto a parlamentos autonómicos y a la mayoría de la ciudadanía, que tal como recogen varias encuestas, está en contra de ese espectáculo cruento.

Para los nacionalistas catalanes y un amplio sector de la izquierda que apoyó la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, la norma supone un nuevo intento de la derecha nacional de hacer prevalecer la legislación estatal. De hecho, ya en el preámbulo invoca la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual, “la competencia del Estado habrá de desplegarse en el área de preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de tratamientos generales o que haga menester esa acción pública cuando los fines culturales no pudieran lograrse desde otras instancias”. (Sentencia del TC 49/1984).

La inclusión de la tauromáquia como patrimonio cultural de la humanidad será una fuente de conflictos en la medida en que los taurinos podrán apelar a la nueva norma para que no se derriben las plazas de toros. La ley contiene otros preceptos tan discutibles en el caso de las corridas de toros como la adecuada difusión, transmisión y promoción de ese bien inmaterial a las nuevas generaciones y el fomento mediante la educación, expresamente recogido en el texto. La ley entrará en vigor en cuanto la firme el Rey para su publicación en el BOE.