Defensa e Interior admiten que no aplican el Protocolo de 2011 contra el acoso sexual

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Imagen de archivo de la comandante Zaida Cantera, que el año pasado pidió la baja en el Ejército de Tierra tras denunciar acoso sexual y laboral. / Sergio Barrenechea (Efe)

La diputada socialista por Zaragoza Pilar Alegría ha conseguido que el Gobierno reconozca que los Ministerios de Defensa y de Interior no aplican la normativa contra el acoso sexual que se acordó hace cuatro años para el conjunto de la Administración General del Estado. Las excusas que le han mandado por escrito desde La Moncloa revelan la falta de voluntad política de los titulares de ambos departamentos para combatir esa lacra en las fuerzas armadas y de seguridad. Este reconocimiento coincide con la noticia de que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, resolverá en breve la baja definitiva en el Ejército de la comandante Zaida Cantera, quien denunció en 2009 a un superior por acoso sexual y desde entonces ha sufrido represalias y amenazas hasta el punto de arruinar su carrera profesional.

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El argumento que emplea el Ejecutivo de Mariano Rajoy para reconocer que el Ministerio de Defensa no aplica el Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo que se aprobó el 27 de julio de 2011 por acuerdo con los sindicatos en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, consiste en que “se está a la espera de la revisión del II Plan de Igualdad y de la revisión del Plan contra el acoso para realizar las adaptaciones que sean pertinentes para su entrada en vigor en el ámbito del Departamento”.

A falta de mejor escusa –una espera de cuatro años–, lo cierto es que Defensa no ha adoptado ni adaptado las normas contra el acoso y que la única vía existente contra esa realidad diaria en las Fuerzas Armadas es la denuncia en los tribunales de justicia militar. A ella recurrió la comandante Cantera tras sufrir un infierno que se prolongó desde abril de 2008, a su regreso de una misión en Líbano, hasta junio de 2009. El acoso sexual, las amenazas, agresiones y la degradación laboral que sufrió por parte del coronel Isidro José Lezcano Mújica, la llevó a poner el caso en manos de la justicia castrense que, finalmente, condenó en 2012 a su superior a dos años y diez meses de prisión.

Pero inmediatamente después de interponer la denuncia, el coronel, que fue ascendido pese a estar encausado y sus “solidarios” compañeros de promoción, adoptaron represalias e incluso incriminaron con pruebas falsificadas a la comandante Cantera. Aunque la víctima solicitó el amparo del ministro, que tenía la facultad de apartar del mando al acosador y aclarar la urdimbre contra la comandante, ni siquiera accedió a recibirla. Eso no quita para que Morenés ordenara callar a la diputada de UPyD Irene Lozano cuando criticó su actuación en el pleno del Congreso.

Ahora la comandante, que está de baja desde hace casi un año, solo espera que el ministro estampe la firma en la resolución del tribunal médico que declarará su pase a la reserva, con la remuneración correspondiente a su grado. Sus compañeras en activo (el porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas se mantiene estabilizado en torno al 11%) pueden estar tranquilas, pues el ministro ya anunció en abril pasado en la Cadena Ser que su departamento está “ultimando un protocolo para casos de acoso sexual que acelerará la tramitación de las denuncias al objeto de poder atender cuanto antes a las víctimas”. En la contestación a la diputada Alegría, el Gobierno recuerda que el nuevo Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, aprobado en diciembre pasado, recoge por primera vez de forma específica el acoso sexual y por razón de sexo como falta disciplinaria muy grave.

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El argumento por el que el Ministerio del Interior, del que es titular Jorge Fernández Díaz, tampoco aplica el Protocolo contra el acoso sexual entre sus funcionarios –lo que afecta directamente al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil– consiste en que la dirección general de la Función Pública y la de Igualdad, que dependen de los ministros Cristobal Montoro y Alfonso Alonso, respectivamente, no han elaborado todavía “los contenidos formativos” que deben recibir las personas designadas como “asesores confidencial”. La figura del asesor confidencial se incluyó en un anexo del Protocolo con el fin de que proteger a las víctimas de las posibles represalias de los acosadores. Se iba a encargar de las denuncias y sobre él iba a gravitar el peso del procedimiento, pero la falta de voluntad política contra la lacra del acoso ha diluido el dibujo.