El PSOE promete ahora devolver los bienes públicos 'expoliados' por los obispos

“El expolio es reversible”, sostiene el diputado socialista por Navarra Juan Moscoso del Prado al presentar una proposición no de ley que será debatida por el pleno del Congreso para que la Iglesia Católica devuelva los bienes de dominio público que ha registrado a su nombre en los últimos 17 años. La iniciativa pide al Gobierno la relación de inmuebles “fraudulentamente inmatriculados” por los obispos desde 1998 y la reversión al común de los que carezcan de propiedad acreditada, que son la mayoría. En sucesivas respuestas parlamentarias, el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, ha asegurado que desconoce cuántas propiedades han inscrito los obispos en los últimos años y que habría que ir registro por registro.

Todo comenzó en 1998, cuando el Ejecutivo de José María Aznar López modificó por decreto el reglamento de la Ley Hipotecaria y concedió a los obispos las prerrogativas propias de los 'fiduciarios públicos' o registradores de la propiedad para inmatricular directamente los bienes del común como si fueran patrimonio privado de la Iglesia Católica. Los ecónomos episcopales se apresuraron a inscribir la propiedad de iglesias, cementerios, ermitas, prados, fincas, solares, caminos, casas parroquiales y otros bienes de dominio público y sin propietarios conocidos. Las inscriciones de propiedad se incrementaron con la liberación del suelo promovida por Aznar y su vicepresidente económico Rodrigo Rato Figaredo, de modo que la jerarquía católica vivió su particular boom inmobiliario. Fincas, solares y edificios fueron vendidos apenas unos meses después de ser inscritos a nombre de los obispados. En estos casos, el expolio es dificilmente reversible.

Algunas estimaciones de las plataformas ciudadanas en defensa del patrimonio público y del Colegio de Registradores de la Propiedad señalan que las prerrogativas registrales de los prelados les han permitido inmatricular no menos de 5.000 inmuebles en toda España. Bastaba la certificación del obispo y los datos técnicos del bien registrable para dar curso legal a la operación y validez al artículo 206.1 de la Ley Hipotecaria, introducido por el franquismo, y supuestamente derogado por la Constitucion, para que la 'araña negra' de Blasco Ibañez siguiera tejiendo su tela sobre los bienes no registrados. Sólo la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha contabilizado un millar de apropiaciones en la Comunidad Foral.

Las protestas de las plataformas ciudadanas no han sido escuchadas en todos estos años. Las apropiaciones se han hecho con opacidad y sin pagar impuestos. Así, en el caso de la Mezquita de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad, el obispo registró la propiedad el 2 de marzo de 2006, pagó 30 euros de tasas por el acto administrativo y se mantuvo en secreto el cambio de titularidad del templo, que pasó del dominio público a la confesión religiosa privada. Según la plataforma ciudadana local y la asociación Europa Laica, los cordobeses se enteraron en 2009 de que la Mezquita ya no era pública. El plazo legal para recurrir la inmatriculación es dos años. El obispado explota comercialmente la Mezquita cobrando entradas a los turistas. Cuando algunos diputados han preguntado al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, si el administrador liquida el IVA, les ha contestado que no se lo puede decir porque los datos fiscales son secretos.

La actitud del PSOE durante los ocho años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue dejar hacer y mirar hacia otro lado. La inmatriculación de la Mezquita de Córdoba es el ejemplo más sobresaliente de esa complacencia con el expolio. Los diputados socialistas se negaron a firmar el recurso de inconstitucionalidad del artículo 206.1 de la Ley Hipotecaria, como les pidieron las plataformas de defensa del patrimonio público. Sí lo hicieron, en cambio, Izquierda Unida (IU) y su grupo de Izquierda Plural, Geroa-Bai, Compromís, Amaiur y el BNG. Pero se requerían 50 firmas y la suma resultó insuficiente para apelar al Tribunal Constitucional.

Finalmente, la reforma de la Ley Hipotecaria, aprobada en abril pasado, elimina las prerrogativas fiduciarias de los obispos. El PP quería prorrogarlas un año, pero finalmente renunció a su planteamiento para no agitar el escándalo, según reconocen varios diputados en privado. Con la modificación hipotecaria se ha cercenado la posibilidad de apelar al Constitucional y de que el alto tribunal pueda anular los actos administrativos realizados al amparo de un precepto inconstitucional, según han denunciado numerosos colectivos y plataformas ciudadanas al tiempo que anuncian su apelación al Tribunal Europeo de Justicia.

En su proposición no de ley el PSOE pide ahora “la devolución de las inmatriculaciones fraudulentas de la Iglesia Católica” e insta al Gobierno a “reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la iglesia”. Según el diputado Moscoso, más que un asunto jurídico es cuestión de “voluntad política”. “El expolio es reversible”, insiste, y “nuestra intención es corregirlo en cuanto lleguemos al Gobierno”, asegura. Su propuesta da un plazo de seis meses al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que se haga un inventario de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia a través de un registro “transparente”, tal y como han reivindicado siempre la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y otras Plataformas. Aunque su iniciativa fuera aprobada, lo que exigiría el voto favorable del PP, las elecciones de noviembre impedirían su cumplimiento.