El 'banco malo' empieza a soltar algunos 'activos tóxicos' para alquileres sociales

Los responsables políticos del banco malo van descubriendo que los activos de burbuja inmobiliaria no ofrecen los dividendos deseables y, tres años después de la constitución de esa entidad mediante un decreto promovido por el ministro de Economía, Luis de Guindos, empiezan a soltar algunos “activos tóxicos” en beneficio de las personas necesitadas de viviendas sociales. Los datos recabados al respecto por el diputado de Iniciativa per Catalunya i Vers (ICV), Joan Coscubiela, indican un leve cambio de cultura. Los directivos de la Sociedad de Gestión de Activos Procentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) o banco malo ya están abiertos a negociar con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos la entrega de viviendas con alquileres sociales.

Concretamente, el consejo de administración de la SAREB ha aprobado una primera entrega este año de 2.000 viviendas a las comunidades autónomas para que sean destinadas, “con alquileres accesibles”, a las personas que las necesitan. Ya han firmado con la Agencia de la Vivienda de la Generalitat de Cataluña la cesión en usufructo de 600 viviendas, han suscrito un convenio con Aragón para la entrega de 80 con alquileres sociales, han alcanzado un acuerdo con la Xunta de Galicia para entregarle 50 y “se está manteniendo contactos con el resto de comunidades autónomas con los mismos objetivos”, según los datos recabados por Coscubiela.

El propósito de los gestores de la sociedad de activos procedentes de los impagos de las inmobiliarias y de los desahucios hipotecarios de los bancos rescatados de la quiebra gracias a la intervención del Banco de España a través del FROB, en primer lugar, y del mecanismo europeo de rescate, consiste en extender su colaboración a los ayuntamientos y “otras entidades sin ánimo de lucro”. Así lo dicen al diputado de Izquierda Plural. Y para que no quede duda de la buena voluntad, el departamento del ministro Guindos añade unos compromisos estupendos. Asegura, por ejemplo, que “la SAREB se articula en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, con una ética, buen gobierno y unas reglas más estrictas que las aplicables a una sociedad anónima". Algo insólito, al parecer, tratándose de una sociedad de mayoría pública (Banco de España).

Por si fuera poco, la SAREB posee un Código de Conducta que incluye "una política específica de gestión medioambiental y con el entorno social, con aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, cuyo Informe de Progreso puede consultarse en su página web". Lo insólito sería lo contrario, comenta Coscubiela. Además apoya en la medida de sus posibilidades la labor de las administraciones públicas en el ámbito de la vivienda social para los colectivos más vulnerables.

La última afirmación de la respuesta al diputado de Izquierda Plural es novedosa; de pronto, los gestores del banco malo que hace solo dos años afirmaban que no podía liquidar activos (pisos y solares) más que en paquetes combinados, multimillonarios, a los fondos de inversión, y aseguraban que sólo poseían viviendas de precio medio y alto (por encima de 150.000 euros), confiesan su compromiso con la política de vivienda social, como pedía incluso CiU y la oposición de centro izquierda.

Los responsables del banco malo llegan a enumerar “los principos más representativos” que les guían, a saber: “Identificar demandas sociales y promover acciones y proyectos para paliar situaciones de exclusión social; analizar y promover fórmulas de cesión temporal a administraciones y organismos competentes en materia de vivienda social de un número determinado de viviendas en régimen de alquiler asequible para su gestión con colectivos necesitados; explorar opciones de colaboración con agentes y representantes de Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones que permitan un marco de actuación y la entrega de un determinado número de viviendas, en régimen temporal y social, para colectivos especiales, y estudiar y buscar alternativas para resolver casos particulares antes de plantear y ejecutar un desahucio”.

Estas afirmaciones, divulgadas diez días después de la pérdida de la mayoría absoluta del PP en todas las autonomías y grandes ayuntamientos, pueden servir de contrapeso momentáneo a los últimos datos publicados por el Consejo del Poder Judicial, según los cuales, desde 2008 se han practicado 496.049 desahucios, incluyendo los de alquiler y los de hipoteca. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) subraya que 500.000 familias han perdido viviendas y locales a causa de la crisis financiera y económica y de una política implacable de desahucios y desalojos con actuaciones policiales violentas en muchos casos y al amparo de una ley hipotecaria abusiva y parcialmente ilegal.

Pero esa vocación social sobrevenida de la SAREB también guarda relación con el fiasco en su gestión. Vale recordar que fue creada por decreto de noviembre de 2012 para liquidar en 15 años los activos inmobiliarios procedentes de los bancos rescatados con dinero del Estado y para contribuir al saneamiento del sistema financiero, minimizar los apoyos financieros públicos y también las posibles distorsiones en los mercados –es decir, mantener el precio de los inmuebles--, y que bajo la presidencia de Belén Romana –fichada por la empresa cazatalentos Spencer Stuart y elogiada por Guindos como “gran profesional independiente”, pese a haber sido directora general de Política Económica y directora del Tesoro-- perdió 2.823 millones solamente por contratar una cobertura sobre tipos de interés que en la práctica le ha impedido beneficiarse de la bajada de los tipos. La operación se realizó cuando ya el presidente del BCE, Mario Draghi, había anunciado la bajada. Y los beneficiados de la póliza han sido Banco Santander, Société Générale, Cecabank, Crédit Agricole y Barclays.

Romana y su director general, Walter de Luna, un ejecutivo procedente de ING, abandonaron la máxima responsabilidad del banco malo antes de que El Confidencial y El País divulgaran esa operación inicialmente orientada a proteger a la sociedad de las subidas del Euribor y los tipos de interés y, finalmente imputada a pérdidas. El nuevo presidente desde enero pasado y anterior consejero delegado, Jaime Echegoyen, planea “externalizar la gestión” entre algunas gestoras inmobiliarias y limitarse a actuar como mayorista de los activos adjudicados por el FROB o Banco de España. La presencia de intermediarios privados como Haya Real Estate, Solvia, Altamira y ServiHabitat y otros operadores interesados en el negocio acota y desmiente en gran medida el anunciado giro social de los gestores y los responsables políticos de la entidad.