La 'ley mordaza' y la reforma del Código Penal, innecesarias, según datos del Gobierno

El binomio represivo del PP –el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza-- entra en vigor a las cero horas del miércoles, 1 de julio, sin que el Gobierno de Mariano Rajoy haya respondido a las preguntas de la oposición sobre la necesidad de restaurar la cadena perpetua en un país donde los delitos más graves ya son castigados con más de 30 años de cárcel. Todos los grupos parlamentarios, menos el PP, firman hoy el recurso de inconstitucionalidad contra esa medida. El Gobierno tampoco ha aclarado la necesidad de la ley mordaza y sus elevadas multas a los ciudadanos en un país tan incívico que ha llegado a alcanzar 47 casos de violencia en las 112.387 manifestaciones de protesta registradas desde 2012 hasta el día de hoy.

Con la sartén de la ley mordaza por el mango, el Ejecutivo ya puede "devolver en caliente" a los inmigrantes que logren saltar las vallas de Ceuta y Melilla, “retener” a las personas en dependencias policiales durante seis horas a efectos de identificación y freír a multas a quienes protesten sin el debido permiso ni el consiguiente respeto a las autoridades. También a los que filmen y difundan las intervenciones policiales contra las protestas por cualquier medio de comunicación, incluidas las redes sociales.

Una mirada al contexto de las dos normas más regresivas o reaccionarias contra los derechos y libertades en lo que va del siglo XXI nos muestra a un Gobierno convencido de que los españoles protestan por encima de sus posibilidades contra su política de estragos sociales en todos los ámbitos, lo cual proyecta una mala imagen internacional y deteriora la Marca España. ¿Qué hacer? Rajoy y sus ministros aplican la receta clásica de la derecha nacional: la amenaza y el miedo. Son personas previsibles, no innovadoras. Cierto que ahora que las manifestaciones y concentraciones han bajado de las 35.780 en 2014 a 3.204 en lo que llevamos de año (electoral), pueden quedar en ridículo e incluso atribuirse el fenómeno como un gran logro.

Como se recordará, para suprimir las competencias de la Justicia en la sanción de las faltas y atribuírselas a sí mismo, el Ejecutivo las suprimió de un plumazo en la reforma del Código Penal que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Era en todo caso una cuestión menor al lado del "populismo penal" denunciado por la oposición, con medidas como la prisión permanente revisable o cadena perpetua y con la elevación de todas las penas, menos las de corrupción política y económica. Pero era un argumento suficiente para recoger las faltas contra la seguridad ciudadana y sancionarlas por vía ejecutiva con la máxima contundencia.

El Gobierno dijo que ambos proyectos irían acompasados, aunque enseguida el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, rompió el compás y se adelantó. Algunos colegas del Gobierno y del PP no soportaban las protestas ciudadanas. Los “escraches” pacíficos, aunque sonoros, contra los desahucios, les parecían "filoterrorismo". La concentración de 27 personas junto a la casa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el hecho de que el juez de turno –Marcelino Sexmero en este caso-- no hallara delito en la concentración de protesta que denunció su marido, el jurista José Iván Rosa, aceleró la presentación y tramitación, si bien ambas normas coinciden en su entrada en vigor.

La primera consecuencia de la ley mordaza será el archivo de unos tres millones de causas penales abiertas en los juzgados por comisión de faltas, según la estimación del ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. No ocurrirá así con las 1.653 sanciones instruidas por el Ministerio del Interior a partir de los informes policiales por faltas contra la seguridad ciudadana. Las demás consecuencias se derivan del catálogo intimidatorio: multas de hasta 600 euros por no tratar “con el debido respeto a la policía”, de hasta 30.000 a las chicas de Femen por exhibir su anatomía como herramienta de protesta en los foros más solemnes e insospechados y de hasta 600.000 por una protesta sindical espontánea que afecte a una infraestructura estratégica: desde un aeropuerto a una torre de emisión de señales de televisión. Véase la guía para conocer y evitar las multas de la ley mordaza.

Contra el derecho a la información, la norma contempla multas de hasta 30.000 euros por “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación”. Aunque este precepto de una ley que convierte a los jefes del Ministerio del Interior en juez y parte, vale lo mismo para proteger a un policía que se extralimita en el uso de la fuerza que a un alto cargo corrupto, el PP y CiU han añadido nuevos obstáculos al derecho a la información mediante una enmienda a la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de proteger a las personas de relieve público que han podido delinquir para que no puedan ser filmadas en el momento de su detención.

En los debates parlamentarios del Código Penal y de la ley mordaza se ha repetido la misma pregunta: ¿Es necesaria esta ley? Ante el Código Penal, la mayor parte de los ponentes han coincidido en la gratuidad política de la elevación de las penas en el segundo país de la UE con menor delincuencia. Y ante las elevadas multas de la Ley de Seguridad Ciudadana, vale recordar los últimos datos remitidos hace una semana por el Gobierno al diputado de Amaiur Jon Iñarritu: de las 112.387 manifestaciones y concentraciones de protesta desde enero de 2012 hasta el día de hoy, sólo 47 dieron lugar a sanciones por “consecuencias graves”. En 72 casos se impusieron multas “por negativa a disolverse”, y en 1.544, apenas el 0,14%, por ocupación de la vía pública sin comunicación previa. Es tremendo. Hasta los datos del propio Gobierno demuestran que ambas leyes son innecesarias.