El PP se niega a facilitar el voto de 1,9 millones de españoles en el extranjero

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Protesta contra el voto rogado organizada por la Marea Granate el pasado 24 de mayo ante el consulado español en Londres. / Facebook de Marea Granate Londres

Ahora que ya sabemos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene más interés en agotar la legislatura que en convocar las elecciones a la vuelta del verano, resulta cuando menos criticable la decisión del PP de impedir que casi dos millones de españoles residentes en el extranjero puedan votar en las próximas elecciones generales. El sistema del “voto rogado” no funciona. De los dos millones de españoles con derecho a voto allende nuestras fronteras, sólo 80.000 pudieron votar en en las elecciones europeas de mayo del año pasado y apenas 100.000 lo han podido hacer en las autonómicas y municipales del 24M.

Este déficit democrático o negativa, de hecho, al derecho al voto, ha llevado a todas las fuerzas parlamentarias, menos el PP, a respaldar en la Comisión Constitucional del Congreso la iniciativa de IU para facilitar el ejercicio del voto a los emigrantes. La Izquierda Plural reclama algo tan razonable como la modificación urgente de la Ley Electoral con el fin de que la solicitud del voto –el llamado “voto rogado”– no sea imprescindible para poder votar. Las solicitudes llegan tarde y los trámites son engorrosos. Los emigrantes, ya sean temporales o permanentes, han de estar inscritos en los consulados para solicitar el voto y poder ejercer su derecho constitucional como electores.

El voto electrónico, que funciona en los países europeos de nuestro entorno, no se ha implantado aquí para los residentes en el extranjero. Tampoco se ha contemplado la creación de una circunscripción electoral en el exterior, incluso con candidatos en la emigración, como ocurre en Francia, Italia y otro países europeos. Estas propuestas aportadas por IU fueron laminadas por la mayoría absoluta del PP: 15 votos frente a 23 en la comisión.

Decía el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto que “el tema nos debería preocupar a todos; son dos millones de personas las que viven en el extranjero, con una participación por debajo del 5 %. No tiene ninguna justificación y hay, además, elementos que agravan esta dificultad de participación, como el coste de los envíos y la obligación de inscribirse en el registro consular, lo que conlleva la baja automática de la sanidad en España”. Los emigrantes acaban llamando al “voto rogado” lo que es en realidad: “el voto robado”.

Aunque el PSOE pactó con el PP e introdujo ese mecanismo la legislatura pasada, con el fin de evitar el fraude –vale recordar que el PP de Jaume Matas en Baleares compró votos en Argentina de supuestos ibicencos que desconocían la existencia de la isla–, su portavoz, Carmela Silva, admitió la supresión de una norma que “dificulta enormemente la capacidad de votar” de los españoles que viven fuera de nuestro país.

El propio Alfredo Prada, portavoz constitucionalista del PP, reconoce que el sistema falla. “Falla en los plazos, en las entregas del voto por correo y en otros detalles de larga enumeración”. En las últimas elecciones, un 10% de los residentes en el extranjero solicitaron el voto, pero sólo la mitad de ellos recibieron las papeletas y pudieron enviar su voto en tiempo y forma. “Hay países de  Latinoamérica en los que sencillamente no existe un sistema público de correos”, constata Prada antes de afirmar que “sería bueno que se reformara el sistema de alguna manera, pero manteniendo la seguridad jurídica y la transparencia”.

Si esto es así y tanto el PSOE como IU apuestan por la derogación del “voto rogado” y la regulación del voto electrónico para que quienes no puedan votar en los consulados puedan hacerlo por correo electrónico, sólo se entiende el rechazo del PP a la modificación urgente de la Ley Electoral porque el voto de los emigrantes no les es propicio. Decenas de miles de jóvenes de la marea granate, desde México a Nueva York, pasando por Francia, Reino Unido,  Alemania y otros países europeos serían poco proclives a quienes han practicado las políticas que les han convertido en exiliados económicos. Y esto los dirigentes del PP lo saben. Ergo, mejor que no voten. Por eso han rechazado la reforma electoral en este punto concreto o, como diría el amargo Ambrose Bierce con una de sus fábulas feroces, han optado por la política ovejuna: había unos perros peleándose por un hueso, pasó una oveja, agarro el hueso y lo tiró al río. “¿Por qué has hecho eso?”, la increparon. “Es que soy vegetariana”, dijo ella.

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