El Gobierno apuesta por "eliminar físicamente" a los terroristas de EI y por combatir el reclutamiento

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Jose Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. / Efe

El Gobierno español excluye cualquier posible arreglo o negociación con los yihadistas del Estado Islámico (EI), ni siquiera para rescatar rehenes o facilitar la vuelta de los combatientes a sus países, muchos de ellos europeos. Según el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, “con Daesh no cabe negociación de ningún tipo ni en Libia ni en Siria ni en Irak. Existe solo una posibilidad, que es eliminarlos físicamente”, afirmó. Daesh es el acrónimo en árabe de al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham y se utiliza en lugar de ISIS, que para ellos significa “fortaleza”.

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Esa rotundidad del ministro de Exteriores ante el pleno del Congreso que el jueves pasado ratificó la cesión de la Base de Morón (Sevilla) a Estados Unidos para que instale una fuerza permanente para combatir al yihadismo en el norte de África y el Mediterráno oriental, sorprendió incluso a los aliados del PSOE en materia antiterrorista. Su portavoz, Diego López Garrido, tachó de simplista a Margallo y subrayó que las razones del terrorismo del Estado Islámico, que en estos momentos ocupa la mitad de Siria prácticamente y un tercio de Iraq, tienen orígenes profundos, relacionados con la enorme pobreza y la desigualdad, con la guerra civil en Irak entre chiíes y suníes y con las relaciones complejísimas que hay en muchos países con Estados fallidos, incapaces de controlar estos movimientos.

Junto al aplastamiento militar por el que aboga el Gobierno español, la comunidad internacional ha de adoptar medidas coordinadas para capturar a los llamados “lobos solitarios” y “células durmientes”, capaces de extender el terror con atentados en los países árabes, Europa y Estados Unidos. Con este fin, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha utilizado su puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU para reunir en Madrid los próximos 27 y 28 de julio al Comité Contra el Terrorismo. Se trata de que los quince Estados miembros del Consejo y los representantes de otros organismos internacionales intercambien ideas y planteamientos “para prevenir y luchar contra los flujos de combatientes terroristas extranjeros”, según la nota oficial.

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Se trata de estimular además el cumplimiento de las resoluciones 2170 y 2178 del Consejo de Seguridad, de agosto y septiembre de 2014, que además de condenar las atrocidades cometidas por los terroristas del Estado Islámico y el Frente Al Nusra, establecen un régimen de sanciones para esos y otros grupos terroristas, condenan el reclutamiento de extranjero y reclaman expresamente a los Estados la adopción de medidas para luchar contra estos grupos.

En lo que afecta a España como país anfitrión, el Gobierno tiene constancia y datos de 115 individuos reclutados por el Estado Islámico en nuestro país para combatir en Irak y Siria. Veinticinco de ellos habrían muerto en acciones de guerra y bombardeados de los aviones de la OTAN. Las fuentes consultadas estiman que algunos familiares y amigos de los combatientes se han podido convertir en lo que la policía llama “lobos solitarios”, dispuestos a conseguir armas y explosivos para cometer atentados. Sobre los que han podido regresar, la policía maneja un listado de una docena de individuos.

Desde 2012 hasta noviembre del año pasado, Interior contabilizó 19 operaciones contra el terrorismo yihadista, con 52 detenidos y la desarticulación de sus correspondientes estructuras, siendo 7 de ellos retornados de países en conflicto (Siria y Mali). A ellos hay que añadir otros 5 detenidos en otros países, fruto de la cooperación internacional. Esta cifra de 52 detenidos se ha duplicado, con un total de 104 arrestados hasta mayo pasado.

Pese al constante incremento de los recursos presupuestarios (diez millones de euros suplementarios en el primer semestre de 2015) por parte del Ministerio del Interior y la fusión de las centrales de información y seguimiento del terrorismo y los delitos comunes, habida cuenta de que un porcentaje estimado en torno al 25% de los yihadistas cometen otros delitos, la coordinación policial sigue siendo un asunto manifiestamente mejorable.

En este sentido, una intromisión de uno o dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, con supuesto chivatazo incluido, estuvo a punto de frustrar en mayo pasado el trabajo de seguimiento de un año de una célula yihadista por parte de la Brigada de Información Antiterrorista de los Mossos d’Esquadra en Sabadell y Terrassa (Barcelona). Bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la policía catalana siguió las operaciones de reclutamiento de yihadistas para combatir en Siria e Irak y para atentar en España. Los agentes descubrieron la intromisión y actuaron rápidamente, deteniendo a 11 de los 12 individuos sobre los que mantenían la vigilancia y el control telefónico. Además presentaron una demanda que finalmente el juez archivó.

Después del fiasco y de la correspondiente queja del conseller de Gobernació de la Generalitat, Ramón Espadaler, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconsideró su afirmación de que “no se puede dejar la lucha antiterrorista en manos de quienes no tienen el más mínimo sentido de Estado” y aseguró en la última reunión del pacto antiterrorista con el PSOE que está ultimando un acuerdo con los gobiernos catalán y vasco. En este sentido, tanto los Mossos d’Esquadra como la Ertzaintza podrán acceder a los datos que maneja el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y aportar la información propia, con lo que se evitará interferencias.

Aparte los fallos de coordinación policial, se han registrado grietas de seguridad en los sistemas de hackeo que utiliza el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para apoderarse de la información de los teléfonos móviles y los sistemas informáticos. Los servicios de inteligencia pagan auténticas millonadas por software espía a su vez fácilmente hackeables.

En la lucha contra el terrorismo yihadista, los responsables políticos se han encontrado con un aliado inesperado: el grupo Anonymus. Los activistas informáticos publicaron en abril pasado a través de Ghostbin una lista de 70 webs que apoyan al Estado Islámico. La mayor parte de las empresas que alojan esas webs son europeas y norteamericanas.

En un comunicado, Anonymus denunció que “hay empresas que desconocen qué contenidos manejan sus clientes, o simplemente hacen la vista gorda para así obtener beneficios fáciles, eligiendo aceptar dinero manchado de sangre”. Desde que en febrero pasado, el popular grupo de hackers anunció su lucha contra el ISIS y el yihadismo, han atacado 233 sitios web, destruido 83 webs y cerrado miles de cuentas (25.000 en un mes) de Twitter que se usaban para difundir ideas extremistas.

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