La herencia envenenada de Ruiz-Mateos

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Íñigo del Corral *

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José María Ruiz-Mateos en una imagen de archivo. / Efe

La última vez que José María Ruiz-Mateos durmió en prisión fue la noche del 25 de junio y eso que aún tenía medio centenar de procesos penales y civiles abiertos. Razones de salud esgrimidas por el juez sirvieron a un hombre que manejaba cientos de empresas sin tener ninguna a su nombre para no pisar otra vez la cárcel.  Su herencia, que no su testamento, es un misterio. Si uno lee los titulares de prensa o las múltiples resoluciones judiciales donde aparecen sus apellidos podría pensar que el empresario jerezano murió con todos sus bienes embargados, con deudas que no podrían pagar ni tres generaciones seguidas de Ruiz-Mateos y totalmente arruinado. Los expertos en estas cuestiones lo tienen claro: “Si los hijos reclaman la herencia es que hay dinero, si no lo hacen habrá que pensar que realmente están arruinados. El tiempo lo dirá”, señalan.

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La teoría de una familia arruinada y manirrota no parece compartirla Adela Montesdeoca, una joven de 24 años que reside en Estados Unidos, que ha solicitado unas pruebas de paternidad para demostrar que el hombre que perdió casi todos sus negocios un 23-F es su padre. Un juzgado de Pozuelo ha accedido a su demanda antes de que fuera incinerado. Y es que al final va a ser cierto –como él mismo decía enfundado en su disfraz de Superman-  que había una persecución política y judicial contra su familia porque no le iban a dejar en paz ni después de muerto.

A algunos expertos en derecho civil, y más en concreto en lo que se refiere a herencias, ha llamado la atención que alguien pretenda convertirse legalmente en la hija del empresario jerezano lo que, de confirmarse, le metería en un berenjenal importante si se convierte en heredera a todos los efectos. Eso sí, ella ya se ha apresurado a decir que su reclamación nada tiene que ver con el vil metal sino con el cariño que tiene a su presunto padre y presuntos hermanos con quienes jamás ha mantenido contacto.

El caso es que cuando fallece una persona, sus responsabilidades penales (de haberlas) quedan automáticamente extinguidas. No ocurre lo mismo con las responsabilidades civiles que pueden recaer en manos de sus herederos. En este caso en concreto el pufo sobre el que tendrían que responder sus herederos asciende a algo más de 450 millones de euros. Pocos dudan de que un hombre que apostó por la insumisión fiscal para eludir los pagos a Hacienda, incluidos los gastos a la Seguridad Social de su propio servicio doméstico, no ideara un plan con testaferros y paraísos fiscales para seguir riéndose de la Justicia. Esta teoría se refuerza por el hecho de que no tenía nada a su nombre desde la expropiación de Rumasa.

La vía penal, en lo que a José María Ruiz-Mateos se refiere y los procedimientos que tuviera abiertos o que estuvieran en fase de instrucción, serán sobreseídos. No así para las otras personas que estén siendo investigadas dentro de la misma causa. Ocurre todo lo contrario en casos donde hay una condena en firme con responsabilidad civil. Así, este mismo año un Juzgado de lo Mercantil condenó al patriarca del clan y a uno de sus hijos a abonar más de 92 millones de euros a los acreedores de la sociedad José María  Ruiz-Mateos, principal emisor de los pagarés de Nueva Rumasa.

Desde el punto de vista legal la responsabilidad civil del fallecido es parte del patrimonio que heredaran sus hijos como si fuera una carga más integrada en el pasivo hereditario. Dicho de otro modo, todos los estafados con derecho a indemnización en el caso de la Nueva Rumasa podrán seguir reclamando judicialmente a sus hijos.

Por tanto, si los jueces dan la razón a Adela Montesdeoca y se confirma que es hija del empresario jerezano, ésta podrá reclamar parte de la herencia lo mismo que sus otros trece nuevos hermanos y la madre de ellos. Ahí es donde empieza el regalo envenenado. Hay dos formas de aceptar una herencia, aunque también se puede rechazar de plano si la cosa se pone fea porque sólo hay deudas. Una de forma pura y simple, la otra a beneficio de inventario. Esta última opción permite que se paguen las deudas del difunto y que los herederos reciban el remanente, si es que algo queda. Por el contrario, cuando se acepta de forma simple, si hay deudas del causante tendrá que saldarlas el heredero con su propio patrimonio.

Todas las personas que tienen libre disposición de sus bienes pueden aceptar o repudiar una herencia. Tras la reforma operada por la Ley de Jurisdicción Voluntaria es necesario hacerlo de forma explícita en escritura pública ante Notario. Pero se tiene que hacer de manera íntegra, es decir, no se puede rechazar las deudas y aceptar los bienes.

La Ley del Notariado ha sido modifica y, en consecuencia, en sus artículos 67 y 68 se recogen las normas sobre el expediente notarial para aceptar a beneficio de inventario o tener derecho a deliberarla. Las reglas generales de la normativa notarial para estos expedientes se encuentran en el nuevo artículo 49 de la Ley del Notariado. Parten de la idea de que las declaraciones de voluntad deben realizarse en escritura y la constatación de hechos debe realizarse en acta. Eso implica que será necesario en primer lugar autorizar una escritura en la que el interesado formule la declaración de voluntad de aceptación a beneficio de inventario o de reserva del derecho a deliberar. En segundo lugar, comenzará el expediente de jurisdicción voluntaria tendente a la formación de inventario, que se tramitará bajo la forma notarial de acta.

Pese a la muerte del patriarca, la Audiencia Nacional mantendrá todos sus bienes embargados porque hay familiares implicados en la causa mientras que la Fiscalía Anticorrupción trata de averiguar si Ruiz-Mateos pudo ocultar parte de sus bienes en el extranjero. Es más que probable que ante esta situación judicial sus hijos no vayan a reclamar nada de momento.

Un auto de 2012 del juez Pablo Ruz sobre Nueva Rumasa ya advertía de lo que tenía en mente el empresario jerezano y sobre los negocios que pudiera tener fuera de España para eludir impuestos.Si no todas, la inmensa mayoría de las sociedades que componen Nueva Rumasa son titularidad de mercantiles domiciliadas en el paraíso fiscal de Belice (…). Se ha detectado numerosa documentación relaciona con otros países extranjeros como Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile”.

El juez llegaba a la conclusión de que “parece más que evidente que, en base a compraventa de participaciones sociales, permutas, derechos y pago por el uso de marcas, constitución de préstamos y otras actividades o negocios empresariales, un importante porcentaje del capital de las empresas que constituyen Nueva Rumasa, y por ende, la de sus administradores de hecho, se encuentra fuera de España”.

Otro juez, el titular del juzgado mercantil número seis de Madrid, ordenó este año el embargo preventivo de bienes de la familia Ruiz-Mateos hasta alcanzar la cantidad de 681 millones de euros para cubrir el déficit patrimonial de Clesa, una de las compañías del grupo Nueva Rumasa, que se declaró en concurso de acreedores en 2011. Para hacerse una idea aproximada, sólo las quiebras de las dos grandes compañías de Nueva Rumasa, Clesa y Dhul, sumaban deudas cercanas a los 1.500 millones de euros.

La complejidad del entramado societario urdido por los Ruiz-Mateos, bajo el paraguas de Nueva Rumasa, ha complicado la labor de jueces y administradores concursales a la hora de reclamar las deudas o de controlar los activos. Uno de los administradores concursales que examinó las cuentas del emporio de los Ruiz-Mateos no ocultó su asombro al descubrir que no existían los libros de contabilidad.

A los estafados, unos 4.000 inversores, les queda un largo camino por recorrer para ver si algún día pueden recuperar todo o, al menos, parte del dinero (unos 885 millones de euros) porque las empresas de la familia han sido liquidadas para no hacer frente a los embargos. La casa de la zona residencial de Somosaguas, en la calle Alondra y tasada en más de siete millones de euros, está cerrada a cal y canto desde hace tres a años por embargo de la autoridad judicial. Lo mismo que la boca de sus hijos.

Esa foto de familia feliz que exhibía la familia Ruiz Mateos hace años se rompió en mil pedazos. El patriarca repartió en vida lo que algún día sería su herencia. Ellas (siete chicas) firmaron un acta de renuncia por el que quedaban desvinculadas a las compañías relacionadas con Nueva Rumasa a cambio de dinero de varios inmuebles (tres casas para cada una). Ellos (seis varones) se repartirían el resto del pastel con el compromiso de asumir las cargas hipotecarias de las casas de sus hermanas, liberándolas de ellas a sus vencimientos ordinarios. Esto es, ellas pasaban de los negocios fraudulentos de ellos a cambio de silencio hasta que se empezó a incumplir lo estipulado y por los embargos judiciales. La cosa fue a más cuando Begoña se querelló contra sus hermanos asegurando que tenía negocios con varios restaurantes de una cadena de franquicias controlada por la sociedad All 4 Food S.L. o en una bodega riojana llamada Marqués de Camponuble. Tampoco  pasaron desapercibidas las acusaciones que cinco de sus hijos hicieron a su padre cómo responsable único de los desmanes en la Bodega Garvey. Como diría Rajoy: “Vaya tropa”.

(*) Íñigo del Corral es periodista.

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