El Gobierno dejará “sin firma” a Mas si hace una proclamación unilateral de independencia

El Gobierno de Mariano Rajoy, al igual que los llamados partidos constitucionalistas o españolistas, depende de quién lo diga, está convencido de que, pase lo que pase el 27S en Cataluña, no habrá una declaración unilateral de independencia por parte del nuevo Parlament, sino el intento de abrir un proceso soberanista de negociación entre los Ejecutivos autonómico y central. Pero, por si acaso, según ha señalado un ministro a este diario, ha llevado a cabo la reforma urgente del Tribunal Constitucional con la intención de pararle legalmente los pies a Artur Mas en caso de que lo intente.

Una expresión utilizada por miembros del Gobierno y dirigentes del PP es significativa: “Vamos a dejar sin firma a Mas o a quien lo sustituya si no aplica lo que dicte el Constitucional contra la declaración de independencia, considerándola ilegal”. Incluso ironizan al respecto añadiendo que "la firma de Mas no valdrá ni para cobrar un cheque".

Entre bastidores, el objetivo de la reforma del Constitucional, de la que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que "solo le puede preocupar al que pretende incumplir las leyes", es, para el PP, una respuesta a la pregunta de quién iría a detener al president de la Generalitat si se le sancionase por cometer un acto ilegal. Que nadie piense que irán los Mossos d'Esquadra o la Guardia Civil, señalan responsables parlamentarios. Bastará con eso, con "dejar sin firma" al presidente incluso si no se ha producido una inhabilitación definitiva. Algo que el Gobierno podrá hacer gracias a la modificación de la ley que le permitirá sustituir transitoriamente al Gobern catalán sin necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Como destacó Rafael Hernando, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, el mecanismo ya está establecido. Y sin necesidad de recurrir a las inhabilitaciones de altos cargos públicos. Se impondrá una multa coercitiva a quien no acepte el fallo del Tribunal contra la declaración de independencia y se acordará la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento. “Se trata -en palabras de Hernando- de una decisión motivada de suspensión provisional y temporal, no de una inhabilitación”. Pero la reforma supondrá que la ejecución del fallo quede en manos del Gobierno central aplicando un trámite de urgencia. Y todo ello, por supuesto, al tiempo que se exigen responsabilidades penales a quien sea el presidente autonómico tras imponerle la multa pecuniaria correspondiente.

En resumidas cuentas, lo que se pretende es anular la firma de las autoridades que tomen decisiones en favor del proceso independentista, pero incluyendo todo lo demás que afecte a la gestión administrativa ordinaria de la autonomía.

Los independentistas catalanes, empezando por Mas, consideran que la reforma es una amenaza más que se suma a la presión diplomática y bancaria. Y, aunque lo disimulan, los partidos parlamentarios de la oposición, empezando por el PSOE, también lo consideran así. Una amenaza innecesaria porque la legislación anterior ya permitía actuar contra los incumplimientos y que, a juicio de los opositores, se lleva a cabo exclusivamente por razones de interés electoral del PP. De ahí que, como ya ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, avisen de que un futuro Gobierno socialista derogará una reforma que sólo contribuye a exacerbar más la crisis catalana y refuerza a los independentistas.