El Congreso gasta 4 millones en un edificio cerrado para acoger a Podemos y C's

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Imagen de archivo de las últimas obras de remodelación en el Congreso de los Diputados. Juan Carlos Hidalgo (Efe)
Imagen de archivo de las últimas obras de remodelación en el Congreso de los Diputados. / Juan Carlos Hidalgo (Efe)

El crecimiento de la familia política con las formaciones emergentes Podemos y Ciudadanos ha llevado a los responsables del Congreso de los Diputados a recuperar el edificio neoclásico de la Plaza de las Cortes, número 9, que mantenían cerrado y abandonado desde hace más de una década, para acoger a los nuevos inquilinos. En la restauración se van a gastar en torno a cuatro millones de euros, según las estimaciones de los servicios técnicos. Sin contar el histórico Palacio de las Leyes, como le llamó José Martí, sus señorías y los consiguientes servicios administrativos disponen de 64.582 metros cuadrados en los cinco edificios del complejo parlamentario de la Carrera de San Jerónimo.

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Algunos parlamentarios atribuyen buenos reflejos a la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que es la que se ocupa de las obras, para acomodar a los nuevos inquilinos que han de llegar tras las elecciones de diciembre próximo. En realidad, como esposa del sociólogo del PP, Pedro Arriola, puede estimar con precisión el número de grupos parlamentarios de la próxima legislatura. Con la previsión de que haya al menos dos más, ya se han puesto manos a la obra para contratar el adecentamiento del edificio de Cortes, 9, una antigua casa de vecindad diseñada en 1918 por Cesareo Oradier, que fue adquirida y reformada en 1984 para albergar las dependencias de los grupos parlamentarios, a razón de uno o dos por planta.

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Este edificio singular, cerrado a cal y canto desde hace casi tres lustros –lo que dice mucho de la sensibilidad de los legisladores sobre los problemas de vivienda y la austeridad en el gasto público− va a ser ahora objeto de una licitación por valor de 3.795.758 euros (IVA incluido) para recuperar su uso en un plazo máximo de seis meses. El contrato se cerrará en plena campaña electoral y el “beneficio industrial” del contratista no podrá superar el 6%.

Con un espacio disponible de 3.928 metros cuadrados, las obras que se van a realizar serán la rehabilitación de las estructuras y la cimentación, la reparación de las fachadas y las cubiertas, y la mejora de las acometidas de agua y saneamiento del edificio. Se trata, por lo demás, de garantizar la seguridad del inmueble para un futuro uso de distintas dependencias actualmente situadas en otros edificios de la Cámara, según el acuerdo de la Mesa.

Hay en la literatura realista una frase que se repite desde Galdós a Baroja, pasando por Azorín cuando hablaban de Madrid: “En aquellos palacios estaban siempre en obras”. Su vigencia en lo atinente al Congreso es plena. Si la IX legislatura, con la presidencia de José Bono, se caracterizó por la profundización en el subsuelo del palacio del Congreso, la que ahora termina bajo la presidencia de Jesús Posada ha estado marcada por las grúas y la envoltura vallada del edificio para reparar la cubierta y limpiar la piedra.

Sin contribuir a la hipótesis de que donde hay grúa hay congrua, pudimos ver lo bien reparada que quedó la cubierta cuando la lluvia torrencial cayó sobre los diputados de Izquierda Unida (IU), ya es casualidad. Las sucesivas ampliaciones y mejoras técnicas elevaron el presupuesto de la obra varios millones sobre el presupuesto inicial. Algo que, en cambio, no costaba nada, como la edición de un sello de correos conmemorativo del doscientos aniversario del nacimiento del escultor aragonés Ponciano Ponzano, autor del frontón del Congreso (y también de la Estatua de la Libertad, después copiada por los franceses), fue denegado por el Gobierno e ignorado por la Mesa del Congreso.

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