Rajoy, que obliga a cumplir las sentencias del TC, se declara incompetente en las de los EREs

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Cayo Lara, en la sesión de control al Gobierno celebrada el pasado 30 de octubre. / Paco Campos (Efe)

El Gobierno ha decidido desentenderse del cumplimiento de las sentencias judiciales que anulan los expedientes de regulación de empleo (ERE) y los despidos de miles de trabajadores. El propio presidente Mariano Rajoy contestó al dirigente de IU, Cayo Lara, en el último pleno del Congreso, que no podía hacer nada ante el incumplimiento de la sentencia que anula los despidos de Coca-Cola y de otras empresas con beneficios. Tamaña manifestación de impotencia contrasta y se da de patadas con el empeño que ha puesto el PP y el propio Ejecutivo en hacer cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Los mismos actores políticos del PP que llegaron al Gobierno hace casi cuatro años con una reforma laboral en el bolsillo que ha permitido miles de despidos en empresas con beneficios, manifiestan ahora su incompetencia para hacer cumplir las sentencias de las más altas instancias judiciales que anulan los ERE y obligan a las empresas a readmitir a los trabajadores. Si el asunto no fuera tan serio y vital para la vida de cientos de miles de trabajadores, podría servir de argumento de un sainete bufo en la que el 'militante secreto' del PP y catedrático de Derecho del Trabajo, Francisco Pérez de los Cobos, asesora a Rajoy y a su equipo en materia laboral y recibe el premio del ascenso a la presidencia del Tribunal Constitucional.

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La paradoja prosigue cuando la reforma laboral choca con la justicia y cuando los tribunales dictaminan que no es de recibo el precepto que permite los despidos si no se alcanzan los beneficios previstos por los empresarios. En vez de modificar la norma por decreto, amparándose en similares razones de urgencia y necesidad que llevaron al Consejo de Ministros a decretar la reforma laboral, el jefe del Ejecutivo dice que “aunque quisiera, no puede hacer nada”. El sainete bufo de la política gubernamental muestra a Rajoy empleando la mayoría absoluta del PP en modificar la ley del Tribunal Constitucional para que Pérez de los Cobos pueda sancionar al president catalán Artur Mas si se pasa, y mirando hacia otro lado cuando los empresarios se ciscan en las sentencias judiciales.

El relato que el miércoles pasado hizo el presidente del grupo de Izquierda Plural en el Congreso sobre la indolencia gubernamental ante los despidos injustos, refleja lo que está ocurriendo: Bosal, una multinacional belga con beneficios, despidió a todos los trabajadores, 222, en su planta de Sagunto hace nueve meses para deslocalizar la producción. Los trabajadores están pidiendo soluciones. Son personas cualificadas a las que han dejado tiradas en la cuneta.

Elcogas es la única central térmica en Puertollano que además produce energía sin emisiones contaminantes, lo que parece importar un bledo al Gobierno del PP, cuyo ministro de Industria, José Manuel Soria, ha utilizado el Boletín Oficial del Estado (BOE) para autorizar el cierre y dejar “indisponible” la central el próximo 31 de este mes. La población se ha movilizado contra esa fechoría que supone el despido de 143 trabajadores y el presidente autonómico, Emiliano García Page, ha solicitado una reunión con Rajoy para buscar soluciones.

Los trabajadores de Vodafone Ono, compañía telefónica con beneficios, llevan varios días en huelga contra el despido de 1.159 trabajadores sin causas justificada. Por otra parte, el presidente de la nacionalizada Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha sido invitado por IU a comparecer en el Congreso para que aclare las irregularidades de la aplicación del ERE.

El caso más emblemático y lacerante de los citados por Lara es el de Coca-Cola Iberian Partners, una compañía con beneficios que hizo un ERE que afectaba a 1.190 trabajadores, y llevan casi dos años de movilizaciones. Todas las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han declarado nulo el ERE y exigen la readmisión de todos los trabajadores a sus puestos de trabajo. Pero la empresa se niega a cumplir las sentencias.

“Es un pulso a la justicia y al Estado de derecho con la indiferencia de su Gobierno”, dijo Lara a Rajoy, al que remitió hace tiempo una carta sobre la situación de estos trabajadores amparados por la justicia y desamparados por el Gobierno. La respuesta del jefe del Ejecutivo es que nada puede hacer. Puede modificar una ley orgánica para actuar contra Mas si fuera necesario, pero no para hacer prevalecer la acción de la justicia sobre determinados empresarios. Quizá a la 'pena capital' de la reforma laboral y al 'olor a azufre' que, según Cayo Lara, resumen el mandato de Rajoy, los mentores de la marca España quieran añadir imágenes de directivos con la camisa rasgada o sin camisa, como los de Air France, tratando de negociar el primer ERE de la historia de la compañía.